Durante la década de los 90, con Carlos Menem gobernando Argentina a pura privatización y degradación de las condiciones de vida de las mayorías, Eduardo Duhalde hacía lo propio en territorio bonaerense. Por entonces, al mando de la Policía provincial estaba el comisario Pedro “el Polaco” Klodzyck, amigo del gobernador y quien había prometido “mano dura” contra la delincuencia que, según el relato oficial, “azotaba” a la provincia. Su lema electoral era convertir a la Bonaerense en la “Policía del siglo XXI”.
Una fuerza que, recordemos, estaba compuesta, en un altísimo porcentaje, por hombres y mujeres que habían participado activa y directamente de la dictadura cívico-militar-eclesiástica al mando de Ramón Camps y Miguel Etchecolatz. La “secta del gatillo y la picana”, como la había nombrado Rodolfo Walsh décadas antes, seguía intacta.
En La Plata hacía lo suyo Julio César Alak, nuevamente al mando de la intendencia local.
En 1993 Miguel Bru, un joven estudiante de la Escuela de Periodismo de la UNLP (luego convertida en Facultad), ya había tenido varios “encuentros” con la Policía y había denunciado a un grupo de efectivos de la Comisaría Novena (ubicada en la esquina de las calles 5 y 59) por un allanamiento ilegal en su casa.
Los hostigamientos contra él se volvieron una constante hasta que el 17 de agosto una patota de la misma Comisaría Novena, al mando del subcomisario Walter Abrigo y del sargento Justo López, lo “levantó” en una Chevy azul, lo llevó a la sede policial y, según testigos que estaban detenidos ese día allí, lo golpearon hasta matarlo. Se lo llevaron en un auto con rumbo desconocido. El cuerpo nunca apareció.
La investigación judicial inicialmente estuvo a cargo del juez Amílcar Vara, un nefasto personaje de la época. Después de servir por años al poder económico y político, sería destituido por innumerables irregularidades en al menos 27 casos que involucraban a policías bonaerenses, entre ellos el de Miguel y el Andrés Núñez (asesinado y desaparecido en 1990).
Gracias a la lucha incansable de la familia y amigos de Miguel, junto con organizaciones sociales y de derechos humanos, la causa de Miguel Bru llegó a juicio. En 1999, los oficiales Walter Abrigo y Justo López fueron condenados a prisión perpetua por ser considerados autores materiales de la muerte y desaparición de Miguel. En el mismo proceso recibieron una pena de tres años el comisario Juan Domingo Ojeda y el suboficial Ramón Cerecetto. Fue la primera condena en un caso de desaparición y sin el cuerpo de la víctima.
En marzo de 2021 el expolicía Luján Martínez fue condenado a prisión perpetua al ser “coautor responsable de homicidio calificado, por haber sido cometido con alevosía” por el asesinato en 2002 de Mauro Martínez. El testimonio de Martínez fue clave para determinar que Miguel Bru estuvo en la Comisaría Novena donde fue brutalmente torturado.
A pesar de las condenas, la unión en el silencio de la familia policial sobre el paradero de los restos de Miguel Bru fue y es absoluta. Así, La familia Bru ha participado de más de 40 rastrillajes, en su mayoría surgidos a partir de llamados anónimos, en los que se buscan infructuosamente los restos de su hijo. La desaparición forzada a manos de las fuerzas represivas mantiene un hilo conductor desde la dictadura hasta nuestros días. La responsabilidad del Estado también.
Todos los avances y las condenas logradas en el marco de un entramado de complicidad policial, judicial y política fueron gracias a la movilización en las calles y la lucha incansable de Rosa, su familia, amigos y el acompañamiento de organizaciones sociales y de derechos humanos.
El caso de Miguel Bru es parte de una larga lista que muestra la impunidad de la que gozan las fuerzas represivas desde hace décadas, gobierne quien gobierne. Y si hablamos de la provincia de Buenos Aires, esa fuerza represiva tiene un historial nefasto de crímenes, gatillo fácil, torturas y, también, desapariciones en “democracia”: Andrés Núñez, Julio López, Luciano Arruga, Francisco Cruz y Facundo Astudillo Castro son sólo ejemplos, que se suman a la cantidad de pibes y pibas que han pasado por las balas de la Bonaerense en plena pandemia y casos recientes como los de Daiana Abregú, Alejandro Martínez, Diego Cagliero, Brandon Romero, Alan Maidana, Fernando Leguizamón, Sofía Fernández o Mauricio Castillo, entre muchos otros.
Con la agudización de los padecimientos sociales, la práctica criminal de las fuerzas represivas del Estado, heredadas y mantenidas luego de la dictadura, se imponen como la “solución” a las necesidades de los sectores populares. Y aquí no hay distinción alguna entre los partidos mayoritarios que levantan a viva voz una agenda punitivista.
Nada hace pensar que el panorama vaya a cambiar en lo referente a la violencia del Estado, el gatillo fácil, las desapariciones forzadas, con un gobierno reinvindicador de la última dictadura cívico militar, un claro defensor del empoderamiento de las fuerzas represivas del Estado como solución directa. Hoy más que nunca se hace indispensable la coordinación, la organización y la movilizaciónmás tiene que crecer la organización y la coordinación".
¡Miguel Bru presente, ahora y siempre! |
