El nuevo avance de las políticas neoliberales que hoy se aplican en la Argentina con foco en la desindustrialización, la precarización laboral y la re-primarización de la economía; coexiste con un circuito económico (legal e ilegal) que genera altos niveles de consumo para porciones de la población privilegiadas que buscan en el mercado inmobiliario la manera de canalizar tales excedentes. Esto ha llevado – entre otros factores– a un proceso de creciente desigualdad social que ha destruido los niveles de integración y cohesión social preexistentes, donde el mercado de trabajo cumplía una función clave. Como resultado, la ciudad de Rosario está atravesando una crisis sociohabitacional sin precedentes con miles de personas viviendo en condiciones de precariedad extrema.
El mercado inmobiliario ha encontrado muchas facilidades para expandirse a través de fundamentalmente regulaciones locales muy permisivas, sin ningún tipo de normativa que promuevan el ordenamiento socio ambiental en función de las necesidades de la mayoría de la población. Las autoridades de Rosario han sido proclives a las exenciones constructivas, permitiendo aumentar la altura de las propiedades horizontales lo que ha generado así un proceso de gentrificación en muchos barrios de la ciudad, al cual definimos como la aparente renovación y embellecimiento urbano cuya consecuencia más directa ha sido la expulsión y el desplazamiento poblacional, proceso ocurrido mayormente en el área central de la ciudad. El avance en los últimos años de fenómenos urbanos como el descripto en zonas donde históricamente se asentaron barrios obreros, calles angostas, comercios de cercanía, casas bajas y alargadas; ha generado un cambio muy drástico en el paisaje urbano, con construcciones faraónicas, propiedades horizontales cada vez más altas, avenidas más anchas; mostrando una realidad no ya sólo de pobreza sino de fragmentación y aislamiento social crecientes.
Esa pretendida renovación urbana generada a partir de los nuevos proyectos inmobiliarios no sólo ha ocasionado la expulsión de miles de personas, sino que además han sido desplazadas a zonas y barrios de la ciudad que no cuentan con las condiciones mínimas y necesarias para una vida digna y saludable. Paulatinamente se han ido reconfigurando en la ciudad distritos profundamente homogéneos hacia su interior en términos de las características socioeconómicas de sus residentes y al mismo tiempo producto de la fragmentación social, ha ido incrementándose la fuerte heterogeneidad social entre barrios, reflejando profundos contrastes urbanos. Si tuviésemos la posibilidad de subir a un helicóptero y hacer un recorrido visual por los diferentes distritos de Rosario, podríamos observar sin muchas dificultades zonas en la que conviven yuxtapuestos asentamientos muy precarios (villas miserias) y barrios cerrados donde en su interior residen los sectores más privilegiados de la ciudad.
Esto ha generado un aumento de la segregación residencial socioeconómica (SRS), que para el caso de la ciudad de Rosario y de acuerdo con diferentes investigaciones, ha ido incrementándose en los últimos 30 años. Esta última es evidente transitando más allá de los hermosos balcones al río con anchas avenidas, los centros comerciales con amplios espacios de gastronomía y esparcimiento, las vías exclusivas para las bicicletas, los nuevos espacios verdes; adonde nos vamos a encontrar con otra ciudad. Se trata de una realidad causada principalmente por el abandono y la desidia del Estado en sus diferentes niveles. Son estas zonas residenciales las que se caracterizan por la ausencia de una infraestructura mínima de saneamiento y agua potable, servicio de transporte público adecuado (sobre todo en términos de frecuencia), tratamiento apropiado de residuos (es muy común encontrarse con basurales a cielo abierto), inseguridad, sistemas de atención primaria a la salud colapsados y escuelas sin las condiciones mínimas necesarias para su funcionamiento.
El aumento de la SRS se explica entonces por el avance de la gentrificación, que ha sido ocasionada por la fuerte polarización social, la irrupción de barrios cerrados y el crecimiento de asentamientos informales (ya sea en extensión o en población residente), cuyos habitantes han adquirido características cada vez más homogéneas. Adonde la pobreza no es sólo en términos materiales, ya sea por el tipo de vivienda que habitan o los ingresos con los que cuentan. Se le suman los niveles de escolaridad que han alcanzado, el grado de hacinamiento, los niveles de contaminación que sufren, entre otros. La particularidad de estos barrios es además de su característica socioeconómica, el aislamiento social ocasionado por la existencia de barreras físicas como la vía de un tren, un arroyo o incluso una reja o paredón. Además, la discriminación y el odio hacia sus residentes ha generado la falta de interacción social con otros barrios, la estigmatización hacia sus residentes y la reproducción de la fragmentación social.
Tanto el Estado con sus reglamentaciones laxas, permitiendo la construcción de una mayor cantidad de proyectos de edificación en altura, como el avance del mercado inmobiliario a través del lavado de activos provenientes del narcotráfico o de actividades altamente lucrativas y no registradas (informales); han sido la principal causa de la gentrificación y del consecuente incremento de la SRS. Así por ejemplo, en junio del año pasado, se habilitó la construcción de edificios de hasta 25 metros de altura (ocho pisos aproximadamente) en el barrio de Alberdi, una zona históricamente caracterizada por casas bajas. Además se estipuló la restricción para utilizar la planta baja como vivienda, se aceptó la reducción del espacio entre medianeras, y se habilitó la posibilidad de construir sin retiro de la vereda, entre otras disposiciones.
Por otro lado, en mayo de 2023 se conoció una investigación por parte de la PROCELAC (luego ampliada por la Unidad de Información Financiera) en la cual se denunciaba las vinculaciones entre una inmobiliaria de Rosario y diferentes maniobras fraudulentas con préstamos hipotecarios. Con claro objetivo de lavado de activos, con este tipo de acciones determinados sectores informales de la economía local (entre ellos el narcotráfico) buscan insertarse en el circuito legal, para de esta manera cerrar el círculo delictivo. Tal como sucedió con el ascenso vertiginoso de uno de los narcos más resonantes de la ciudad, Esteban Alvarado, quien pudo lograr una mayor capacidad delictiva no sólo gracias al negocio de la droga sino además por su estructura empresaria vinculada con los bienes raíces y las transacciones inmobiliarias, que lo habilitaron para adquirir numerosas propiedades en diferentes barrios cerrados del Gran Rosario.
Esto forma parte de lo que denominamos como gentrificación, definiendo así a un proceso que ha expulsado y concentrado en el territorio a grandes sectores de la población, generando riqueza sólo para unos pocos, con severos impactos socioambientales que han dañado la calidad de vida de miles de habitantes de la ciudad de Rosario. Es un mecanismo de desposesión, que al igual que el monocultivo agrícola, la megaminería o la exploración petrolera offshore, hoy es la principal razón por la cual las principales ciudades de Argentina se han convertido en entornos cada vez menos aptos para una vida digna y saludable. Rosario presenta indicadores de desigualdad en ascenso y de deterioro social cada vez más dramáticos; los daños socioambientales de carácter irreversible, han profundizado inequidades de todo tipo y han atentado contra el desarrollo y las necesidades de las mayorías. Proyectos urbanos como los mencionados, han ocasionado el encarecimiento de suelo y por ende, la imposibilidad de acceder a la vivienda a muchas familias, convirtiéndolas en un mero bien de cambio cuya principal función ha sido la de sostener lucrativas tasas de ganancias para el sector inmobiliario, el cual lejos de dinamizar el circuito productivo y propiciar crecimiento económico, ha generado una mayor concentración de la propiedad.
La otrora ciudad puerto y con la central ferroviaria más grande de la Argentina hoy ve cómo el avance de la especulación inmobiliaria ha fragmentado el espacio urbano, donde gran parte de la población ha sido forzada a ubicarse en zonas poco aptas para la vida, barrios que por sus características de infraestructura y construcciones habitacionales, de provisión de servicios básicos (como el transporte, los desagües cloacales, la salud, la educación, entre otros) se han convertido en entornos residenciales sumamente nocivos. El avance de la gentrificación tal como lo hemos caracterizado, ha generado además de limitaciones en el acceso a la vivienda, la imposibilidad de planificar una ciudad más inclusiva, menos contaminante y en función del conjunto de la población.
Gentrificación y deterioro en el acceso a la educación
De acuerdo con una investigación que hemos llevado adelante en los barrios más pobres del aglomerado del Gran Rosario (que incluye además de esta última a las ciudades adyacentes) hemos obtenido evidencia empírica acerca de cómo uno de los fenómenos sucedidos como consecuencia del avance del gentrificación, la SRS, se ha profundizado en el período 2016-2021. Por SRS entendemos a la concentración y al aislamiento de la población en determinados barrios o distritos del ejido urbano, diferenciándose del resto de la ciudad (o de un promedio general) por sus características socioeconómicas profundamente homogéneas hacia su interior.
Utilizando información proveniente de la EPH (Encuesta Permanente de Hogares que publica el INDEC) elaborada de manera trimestral, hemos analizado el período 2016-2021 considerando sólo a la porción de la población de niñxs y adolescentes en la edad de 6 a 18 años sin instrucción escolar, y luego la hemos dividido en las siguientes categorías:
• quienes vivían en condiciones de precariedad habitacional,
• de acuerdo al tipo de institución escolar a la que asistían (pública o privada) y por último;
• si su familia se encontraba por debajo de la Línea de Pobreza.
Para medir el nivel de SRS, utilizamos la EPH que a pesar de ser una muestra (es decir no toma al conjunto de la población) nos permite separar a las viviendas por un lado (el espacio físico) y a los hogares por el otro (la constitución familiar) [1], y esto nos habilita a construir una categoría “barrio” que no obedece a los límites jurisdiccionales exactos, sino a la forma en como los datos son obtenidos (dado que las viviendas son relevadas y agrupadas de acuerdo con su ubicación geográfica). Una vez identificadas a las viviendas en función de las variables mencionadas, pudimos relacionar esta información con los hogares y así construir un índice [2] adaptado de segregación residencial [3].
Las conclusiones a las que arribamos fueron las siguientes:
• La calidad constructiva de la vivienda de tipo inconveniente (así denomina la EPH a aquellas que presenta algún tipo de precariedad) en la que habitan lxs niñxs y adolescentes sin instrucción escolar entre 6 y 18 años del aglomerado Gran Rosario se vieron menos segregadas, es decir, se produjeron ciertas mejoras constructivas que implicaron un reordenamiento territorial en favor de una menor SRS:
• sin embargo, no ocurrió lo mismo con el ámbito escolar ni con el nivel de pobreza, lo cual se evidenció en que aquellxs niñxs y adolescentes sin instrucción escolar que asistían a instituciones escolares públicas, (generalmente en el mismo barrio en que residen) y/o cuyo ingreso familiar no cubre la Canasta Básica Total [4]. Estos sufrieron una mayor SRS, es decir, la concentración y el aislamiento social aumentó para la mayoría de los barrios analizados.
Por lo tanto, para el período seleccionado hubo una mayor concentración y aislamiento de niñxs y adolescentes sin instrucción escolar en barrios pobres y en escuelas públicas de la ciudad de Rosario, todo esto a pesar de que el tipo de vivienda o la calidad constructiva de las mismas haya mejorado (sin llegar desde ya a un situación ideal), dejando en evidencia que sin el acompañamiento de una mejora sustantiva del entorno residencial, no se pueden alcanzar un acceso más equitativo a la vivienda ni a la educación.
En la ciudad de Rosario durante el período 2016 – 2021 el fracaso escolar afectó a una menor cantidad de niñxs y adolescentes, reflejando entre otros fenómenos que existieron mecanismos que actuaron favorablemente sobre el acceso a la educación. Sin embargo, si bien la SRS de acuerdo con el tipo de vivienda fue menor, esto refleja que la política pública en sus diferentes niveles sólo se limitó a brindar mejoras en términos constructivos habitacionales (cantidad de viviendas) pero sin llevar adelante ningún tipo de proyectos que hayan mejorado el entorno habitacional. Esto tuvo como resultado una mayor concentración de la población sin instrucción escolar en los barrios más pobres de la ciudad.
El Estado con sus políticas públicas en favor del avance del mercado inmobiliario y la facilitación de los negocios en lo que el mercado inmobiliario ha sacado un buen provecho, ha generado vía gentrificación una “tugurización” [5] del fracaso escolar, es decir barrios enteros en la ciudad de Rosario poblados casi exclusivamente por niñxs y adolescentes sin instrucción escolar.
¿Cuál es la propuesta entonces?
Tal como sostiene Engels en su Contribución al problema de la vivienda:
[…] mientras exista el modo de producción capitalista, será absurdo querer resolver aisladamente la cuestión de la vivienda o cualquier otra cuestión social que afecte la suerte del obrero. La solución reside únicamente en la abolición del modo de producción capitalista, en la apropiación por la clase obrera misma de todos los medios de subsistencia y de trabajo.
La evidencia empírica mostrada es un fiel reflejo del fenómeno creciente de la acumulación por desposesión. Mientras en la ciudad se siguen anunciando inversiones multimillonarias en complejos habitacionales que rara vez son habitados, al mismo tiempo la posibilidad de alquilar una vivienda para una familia de ingreso medio o bajo se transforma en un sueño inalcanzable. Son aquellxs quienes desplazadxs y forzadxs a habitar las zonas menos aptas de la ciudad, les toca padecer las peores consecuencias en términos de calidad de vida. La acumulación por desposesión, en términos urbanos, es un capitalismo que expulsa, que privatiza, que desplaza, que sólo busca hacer de los espacios comunes de todxs los rosarinxs un territorio apropiable para el mercado, priorizando la obtención de ganancias sin tener en cuenta los impactos socioambientales y el daño a la población en su conjunto. Es el derecho a la ciudad para unos pocos residentes del centro de la ciudad.
Entre algunas propuestas de carácter paliativo y de corto plazo que son necesarias para cambiar la lógica actual del mercado inmobiliario y siempre bajo un gobierno de trabajadores y sectores populares de ruptura con el capitalismo, se propone que los grandes grupos de inversores inmobiliarios propietarios de cientos de viviendas vacías sean multados o se les aplique algún tipo de gravamen, con el objetivo de que pongan a disposición de la demanda habitacional tales propiedades. Por otro lado, el establecimiento de un precio máximo para los contratos de alquiler y el establecimiento de actualizaciones en los montos de acuerdo con la evolución de los salarios. Además de la limitación de los alquileres temporarios para quienes posean más de una determinada cantidad de viviendas o metros cuadrados, la prohibición de la fijación de precios de alquileres en dólares garantizándoles a las familias créditos blandos con tasas subsidiadas para la compra de vivienda única; podrían ser algunas medidas de política pública necesarias para revertir la dramática situación habitacional que enfrentan actualmente millones de personas en toda la Argentina.
Pero por sobre todas las cuestiones y para el caso de los barrios más segregados de la ciudad, es fundamental llevar adelante una planificación habitacional en la que la construcción de viviendas populares esté bajo control de trabajadores e inquilinos, alcanzando un mejoramiento de los entornos residenciales y un acceso equitativo a los servicios públicos necesarios para el sostenimiento de la vida. Reemplazar la lógica mercantilista de la vivienda exclusivamente operada por los negocios inmobiliarios por una figura alternativa como por ejemplo una Inmobiliaria Social, pero bajo la forma legal de un ente autárquico y bajo la dirección de inquilinos, trabajadorxs y organizaciones sociales.
Sin embargo para una solución de fondo, habría que promover la movilización y la autorganización de lxs pobladores de los barrios junto con las diferentes instituciones presentes y con acciones directas en conjunto con las escuelas, los centros de salud, los clubes y las cooperativas. La solución de fondo implica sumar el apoyo técnico de la universidad pública y de diferentes organizaciones ambientales, para poner en marcha un plan de obras públicas bajo el control de inquilinos y trabajadorxs, generando fuentes de trabajo y capacitación laboral; pero por sobre todo garantizar el derecho a la ciudad al conjunto de la población rosarina. |