Junto a los principales partidos de la ex Concertación, como el Partido Socialista, PPD, Democracia Cristiana y Partido Radical, el Partido Comunista anunció la conformación de los pactos políticos, en miras de las elecciones municipales y regionales de octubre de 2024. En el caso de la elección a alcaldes/as, el PC competirá en el pacto “Contigo Chile Mejor” junto al Frente Amplio, Acción Humanista, partidos Socialista, Radical, Por la Democracia, Liberal, Demócrata Cristiano y la Federación Regionalista Verde Social. Alianza que se distribuye de distintas maneras, según la elección, pero que refleja su pacto político con la ex Concertación y su integración, ya más definitiva, al régimen heredado “de los 30 años”

Integración que ha sido paulatina y no sin contradicciones internas. Luego de la dictadura militar en Chile, el PC estuvo marginado durante años por los partidos de la ex Concertación y, de conjunto, por el régimen político de la transición. Excluido por el sistema binominal- totalmente antidemocrático-, el PC, durante el primer decenio de los 2000, dirigía importantes posiciones sindicales, como el Colegio de Profesores- a partir del 2007-, sindicatos de la minería, codirigía la CUT, tenía peso en el sector público y también tenía rol de dirección en federaciones estudiantiles, además de trabajo territorial en poblaciones. Estas posiciones fueron utilizadas para presionar contra esa marginación política, lo que se fue profundizando con el rol de dirección en las luchas estudiantiles de 2011.

Pero, como se menciona, esta integración al régimen y giro concertacionista no fue de sopetón. Se fue gestando a través de pactos por omisión, “apoyos críticos” en segunda vuelta durante los 90 y en la elección de Ricardo Lagos (gobierno 2000-2006), alianzas electorales, hasta la participación junto a la Concertación, en la Nueva Mayoría, y ahora en el gobierno de Gabriel Boric.

Hoy, en el gobierno de Boric, el PC está a la cabeza de importantes ministerios, como la Vocería, Trabajo, Educación; variadas subsecretarías; posee una nutrida bancada parlamentaria y mantiene toda una cantera de militantes profesionales que ingresaron de lleno a la administración del Estado capitalista chileno.

Este giro del PC hacia la ex Concertación no es casual, sino que responde a su integración, ya definitiva, a la administración del Estado burgués y del régimen político. Un giro a la derecha que va en concordancia con el Gobierno de Boric y Apruebo Dignidad. En este sentido, desde temprano, el gobierno dio muestras de que se ubicaría como una “Concertación 3.0”, dando cargos principales a figuras concertacionistas y de corte neoliberal- como Mario Marcel en Hacienda- y diversas figuras fuertes del “Socialismo Democrático” en el gabinete y en el cuerpo de ministros. Rápidamente, abandonó su discurso de ser un “gobierno transformador”, para pasar a hablar de “responsabilidad fiscal” y tomar en sus manos gran parte de la agenda de la derecha, especialmente entregando miles de millones a las policías y, por otro lado, repitiendo discursos anti inmigrantes.

En esto, el PC ha seguido el camino hacia la integración al régimen, continuando con políticas bacheletistas como los SLEP, abandonando demandas como la condonación del CAE, siendo parte de un gobierno que mantiene la represión en el Wallmapu- incluidas las detenciones de dirigentes mapuche, como Héctor Llaitul-, dejando pasar el “perdonazo” a las Isapres y, sobre todo, vaciando y pasivizando las organizaciones sociales, de trabajadores y estudiantiles.

Una adaptación que le ha traído crisis a la interna y a su base social, por distintas razones. Una de estas es su apoyo a la agenda securitaria y a proyectos como la ley de Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) y la creación del Ministerio de Seguridad, iniciativas legisladas y aprobadas en medio de la intensa jornada de debate reaccionario tras el asesinato a tres carabineros en Cañete, durante mayo. En dicho debate, Karol Cariola- presidenta de la Cámara de Diputados-, fue una de las voceras que respaldó este tipo de iniciativas. Otro ejemplo es la pasada votación de la nueva ley anti terrorista en el senado, donde el PC solo puso reparos en la incorporación de delito a los denominados “lobos solitarios”, es decir, personas individuales que realicen acciones que -según la nueva ley anti terrorista- serían criminales, y en las posibilidades de intercepción en el marco de una investigación en el marco del procedimiento de la ley. Pero, el paquete de conjunto, lo aprobaron, incluido el artículo 2, que define lo que se entendería como una “organización terrorista” e involucra definiciones sobre infraestructura crítica y fortalece facultades presidenciales autoritarias. Políticas que le han costado duras críticas por parte de organizaciones del pueblo mapuche y de su base social más crítica.

La prisión preventiva de Daniel Jadue- una clara operación política armada por la derecha y empresarios, y que es aprovechada por partidos concertacionistas como el PS-, ha sido otro punto de crisis a la interna. Ante esta descarada maniobra política, los principales dirigentes del PC se han mantenido obedientes de justicia burguesa, sin movilizar a su militancia y base social por la libertad inmediata de Jadue, lo que ha implicado una fuerte tensión en su militancia.

Lo mismo con otros debates como Venezuela o el allanamiento policial a un comedor popular de organizaciones en Villa Francia, son parte de discusiones que incomodan a la interna del PC y generan contradicciones en su militancia y sus figuras políticas integradas al Estado…

Una adaptación al régimen y alianza con la ex Concertación que, en el caso de Antofagasta, se traduce en la candidatura del PC Pablo Iriarte, quien es la carta de la centroizquierda.

Gestión municipal para “un buen vivir” en la medida de lo posible

En su programa municipal, el Partido Comunista desarrolla el concepto de “buen vivir”. Esto sería el “desarrollo equitativo, brindando a todos acceso a bienes públicos esenciales y servicios básicos”, según detallan en su documento. ¿Cómo se haría esto? Con una “gestión correcta” de los recursos y dándole más atribuciones a los municipios y gobiernos regionales; “con más atribuciones, ley de rentas e impuestos regionales, servicios públicos regionales, y una política de desarrollo económico de acuerdo a las particularidades de la región”.

Estas ideas generales tienen, posteriormente, una bajada de 12 ejes, que abarcan temáticas como seguridad, salud, educación, gestión de residuos, juventud, adultos mayores, entre otros.

A lo largo de los distintos puntos, el programa del PC se compromete a generar mejores espacios públicos, fomentar el empleo, mejorar la educación y salud, arreglar las calles y luminarias, fortalecer la equidad territorial y el desarrollo local, “apoyar la creación de proyectos”- que deberán hacer las propias comunidades para obtener financiamiento-, “aumentar la recaudación a través de nuevas fuentes de ingreso como patentes comerciales, mineras, industriales, y tasas portuarias”, mejorar el acceso a servicios básicos, entre otros planteos no muy distintos a compromisos en programas municipales de la ex Concertación; incluso, la propia derecha promete gestionar de mejor manera los limitados recursos con los que cuentan los municipios.

Ahora bien, llama profundamente la atención que en temáticas sensibles para la población, como salud pública, el programa de Iriarte se limite, esencialmente, a gestionar los limitados programas ya existentes como “Salud en tu Barrio”, en mejorar los sistemas para confirmar horas online, fortalecer programas para salud mental y, quizás, concretar la construcción de Cesfam en la comuna. Sin embargo, en ningún momento se cuestiona el negocio privado de la salud y su funcionamiento, con el traspaso de miles de millones de pesos a clínicas privadas, como sucedió durante la pandemia, pero que ya venía sucediendo desde antes con un sistema “dual” instalado desde la dictadura que, por lo menos, hasta el 2016 se expresaba en que el Estado estaba pagando el triple del costo público por pacientes de Fonasa derivados a clínicas privadas, debido a la falta de infraestructura y profesionales en el sistema público. El pago grotescamente mayor a los privados se intentó regular a través de un sistema de gestión de camas y compras centralizado - el UGCC-; sin embargo, esto no ha terminado con el desangre del sistema público de salud que, aunque se le inyecte mayor financiamiento, los recursos terminan en el sector privado. Esto también se expresa en Antofagasta con el Hospital Regional debiendo trasladar a pacientes a las clínicas de la zona o al Hospital Militar, desembolsando más recursos para poder costear las atenciones y hospitalizaciones.

En esta línea, hace más de un mes, el Gobierno Regional de Ricardo Díaz- del mismo sector que Iriarte- aprobó un convenio con el Hospital Militar que, junto a otras propuestas, alcanza los $11 mil millones, para ejecutar una serie de prestaciones médicas como cirugías, rehabilitación, salud mental, bajo lo que denominan “una virtuosa alianza público privada”, que no es más que continuar sosteniendo el negocio de la salud con recursos de la población. Esto es lo que propone mantener el PC para los municipios y gobiernos regionales.

En cuanto a la educación municipal, el programa del PC parte señalando el compromiso de “garantizar una transición ordenada y efectiva hacia los Servicios Locales de Educación Pública”. Es decir, continuar con la política bacheletista de los SLEP y la falsa “desmunicipalización”. Recordemos que, a nivel de gremio docente, la demanda de “desmunicipalización” de la educación ha sido ampliamente exigida, es decir, que los establecimientos educacionales públicos dejen de depender de los municipios- y de los recursos que cada uno tenga-, y pasen a estar a cargo del Estado, terminando con las corporaciones municipales, como la CMDS. No obstante, el propio gremio de profesores ha denunciado esta falsa “desmunicipalización”, que ha implicado- e implicará- cientos de despidos de docentes y otros profesionales, hoyos financieros, mayor precarización de la educación, y movilizaciones, a lo menos, en las regiones de Atacama, Valparaíso y Metropolitana. Además de que ha instalado la idea de una posible “nueva deuda histórica” con el sector docente.

En Antofagasta, no es distinto; el oficialismo se prepara para un traspaso lo menos traumático posible, jugándosela por mantener una estructura de modelo educativo donde se continuará administrando la crisis de la educación pública, con una entidad que será liderada por un director nombrado por el presidente de la República por concurso, de acuerdo con el Sistema de Alta Dirección Pública, con sueldo millonario. El financiamiento será similar, vía Ley de Presupuesto y mediante posibles fondos que entreguen los gobiernos regionales y municipios; además de contemplar una insignificante “participación de las comunidades educativas”, a través del Comité Directivo Local y el Consejo Local de Educación Pública. Nada realmente representativo de las y los trabajadores de la educación, apoderados y estudiantes, ni mucho menos vinculante en la toma de decisiones. Tampoco es una propuesta de unificación del sistema público de educación, en donde las comunidades educativas decidan qué hacer con los recursos y cómo mejorar la enseñanza, sino que se mantiene la misma lógica de entidades parceladas que administrarán la crisis del sistema público de educación.

Este “atornillar para el otro lado” del PC también se expresó durante el paro educativo de marzo- abril en Antofagasta, con uno de sus dirigentes del CdP, Raúl Robledo, oponiéndose a la realización de asambleas de base entre el gremio y el SIPPE; sumado a una posición divisionista entre profesores, trabajadores de la educación, apoderados y estudiantes, en el marco de una crisis que afecta a todas las comunidades educativas… Con su concejal del PC, Waldo Valderrama, actuaron como mediadores con CMDS, instalando la política estéril de confianza en las “mesas de trabajo” que, una vez más, no llegaron a nada nuevo. Al contrario, a cinco meses del fallecimiento de la profesora Katherine Yoma, autoridades sindicadas como responsables políticas continúan trabajando en la Corporación y recibiendo sueldos millonarios; además de nunca haberse dado a conocer el supuesto “sumario interno” que se prometió desde CMDS.

Sobre cómo garantizar una educación pública y de calidad; la construcción de escuelas y liceos; la contratación de profesionales para la docencia y área psicosocial; entregar una alimentación de calidad para las y los estudiantes, terminando con la entrega de recursos a empresas privadas que lucran con la alimentación de miles de niños; entre otras urgencias, la propuesta municipal del PC no se refiere al respecto, sino más bien se limita a propuestas mínimas o a gestionar lo ya existente.

A diferencia de la candidatura de Iriarte, desde el PTR nos proponemos dar una pelea en estas elecciones, para levantar una voz de trabajadores, mujeres, jóvenes, diversidad sexual y pobladores, que luche por un nuevo sistema de educación pública, 100% financiada por el Estado, sin subsidios ni financiamiento al sector privado; por la construcción de establecimientos educacionales, la contratación de docentes y especialistas psicosociales, y una alimentación de calidad. Un sistema de educación donde todas las decisiones sean tomadas por las comunidades educativas, al igual que lo relacionado a la gestión de los recursos. Además de luchar por un sistema único de salud pública, sin ningún peso al negocio de las clínicas privadas e Isapres, donde todos los cesfam y centros públicos pasen a conformar una red única de salud pública, bajo gestión de trabajadores, profesionales y usuarios y con un plan de construcción de consultorios para enfrentar el colapso de la atención primaria. Por más recursos para programas, insumos y contrataciones de especialistas y estabilidad laboral.

En este sentido, consideramos que las propuestas en materia de educación y salud del PC reflejan el “perdonazo” que le dieron al modelo de negocio privado, a costa de derechos fundamentales de la población. Por esto, no es casual que, en cuanto a la crisis de la basura en la comuna, en ninguna parte del programa se mencione el millonario negocio de empresas, como Demarco, SoloVerde, gracias al modelo de externalización de los servicios de recolección de basura domiciliaria y barrido de calles de la comuna. Sistema que subsiste porque todos los partidos del régimen- incluido al PC y FA- están de acuerdo con el modelo de licitaciones públicas, que termina entregando miles de millones a empresas privadas. A este negocio de externalización de servicios, no se opone el concejal del PC Waldo Valderrama, quien aboga, más bien, “por un proceso transparente de licitación”. Salvo la concejala del PTR y médico del HRA, Natalia Sánchez, nadie más al interior de la municipalidad propone terminar con la externalización de estos servicios, contratar de manera directa a las y los trabajadores, e invertir recursos en una flota de camiones y en todas las herramientas necesarias para ejecutar esta labor y no seguir regalándole más los recursos de la población a empresarios privados que, por lo demás, entregan un pésimo servicio a la comunidad. Es urgente que se impulse un plan de limpieza de la ciudad gestionado directamente por los trabajadores de la recolección y los vecinos de la comuna.

Lo anterior, como una política básica en el marco del negocio actual que mantiene el Municipio con empresas privadas, sin embargo, la labor esencial de recolección de residuos y limpieza de calles debería estar en manos de una empresa nacional, gestionado por trabajadores, profesionales del área y comunidades.

Y, ante la crisis de la contaminación y del ex vertedero, desde el PTR invitamos a impulsar un verdadero plan de remediación 100% financiado por el Estado, controlado y dirigido por la comunidad, junto a académicos y especialistas, para resolver el problema del ex vertedero la Chimba. Protejamos la Reserva Nacional La Chimba. ¡No a la minera Comahue!

Este funcionamiento del Municipio como un negocio, da cuenta del rol que cumple en el esquema del saqueo, donde cada alcaldía colaboró administrando la pobreza y las migajas que dejan las grandes empresas. A esto se suma una estructura municipal heredada de la dictadura, autoritaria y burocrática, donde la población no tiene ninguna incidencia en las decisiones de la comuna, mientras se cuidan los negocios de privados y el alcalde, o alcaldesa, gana un sueldo millonario de más de 9 millones de pesos, tal como si fuese un gerente de minera y totalmente alejado de la realidad del pueblo trabajador. Por eso, desde las candidaturas del PTR- con la profesora Daniela Avilés postulando a la alcaldía y la concejala Natalia Sánchez encabezando la lista de concejales/as-, planteamos ¡que todo alto funcionario público y autoridad gane como un trabajador calificado o una profesora! ¡Basta de privilegios, de negocios con los cargos y sueldos millonarios!

Esta estructura municipal autoritaria, de negocio, no es cuestionada por el candidato del PC, ni mucho menos el modelo capitalista y neoliberal que engloba a esta forma de administrar las comunas en el país. En su programa, Iriarte pone el foco en continuar avanzando en la “descentralización”, planteando “la creación de una ley de rentas regionales que permita a las regiones generar y administrar sus propios recursos, incluyendo impuestos locales y parte de los impuestos generados por actividades económicas dentro de sus territorios”. Una medida así, podría generar el ingreso de recursos extras, pero, no solo tendría que atravesar una larguísima discusión a nivel central- que, sin duda, implicaría la oposición de los grandes empresarios de la minería e industria-, sino que tampoco apunta a terminar con la estructura del capitalismo chileno; la única forma real de poder realizar transformaciones sociales profundas y destinar la producción en pos de las necesidades sociales de la población. Sin cuestionar el modelo productivo capitalista- y en función de quiénes está-, el resultado será una constante administración de los limitados recursos que los grandes empresarios decidirán entregar.

Por esto, ya no podemos continuar conformándonos con las migajas que entregan los dueños del país y defensores del “Chile de los 30 años”. ¡Debemos invertir las prioridades para garantizar cada uno de nuestros derechos! Para resolver las grandes urgencias populares, como la vivienda, salud y educación, debemos recuperar los bienes comunes naturales, bajo control de trabajadores y comunidades. ¡Nacionalización del cobre, el litio y el agua!

Ante la crisis del sistema energético, luchemos por el fin del alza de la luz y la nacionalización bajo gestión de trabajadores y técnicos especialistas, junto a las comunidades, para que este aspecto tan esencial en la vida de la población, deje de ser un negocio de transnacionales y sea realmente un derecho.

“Vivir como producimos” o cambiar de raíz el modelo de producción en pos de las necesidades sociales

Volviendo al lema principal del PC en estas elecciones; “vivir como producimos”, resulta bastante engañoso hacer creer a la población que las riquezas obtenidas a costa del trabajo de miles de personas, serán destinadas a las grandes mayorías, mientras persista un modelo de acumulación de ganancias en manos de un puñado minoritario de grupos económicos nacionales, como Luksic, y trasnacionales, como BHP, Glencore, Anglo American, etc., que en nada le interesan las condiciones de la clase trabajadora y sectores populares.

Es imposible que “vivamos como producimos”- en el sentido de que las riquezas estén en función de las necesidades sociales-, mientras las ganancias se las lleven los grandes capitalistas y sean ellos los que continúen controlando la producción y decidiendo en qué destinarlas. Es cosa de observar la relación inversamente proporcional entre los exorbitantes ingresos de Escondida BHP- que sumaron US$ 6.925 millones, de enero a septiembre de 2023, es decir, un 8% más en comparación al mismo periodo 2022-, y las deplorables condiciones materiales de miles de familias en Antofagasta, que viven en campamentos y se encuentran bajo la pobreza o extrema pobreza. Mientras que otro importante sector de la población apenas llega a fin de mes, costeando altísimos arriendos, pagando salud, educación, mientras los sueldos cada vez se ven más disminuidos por el alto costo de la vida.

En esta línea, el candidato de la centroizquierda en absoluto plantea tocar el negocio de las grandes mineras, al contrario, para Iriarte el problema recae en “ejecutar mejor los recursos”, o sea, las migajas que entregan las grandes mineras por concepto de royalty y litio. Para el candidato PC, hay que conformarse con administrar, de mejor manera, algunos miles de millones que dejan las grandes empresas en la comuna (el presupuesto 2024 de toda la región bordea los 300 mil millones de pesos, repartido en nueve comunas, es decir, un grano de arena en relación a las ganancias capitalistas) y potenciar la elaboración de proyectos para postular a fondos regionales.

Pero, además, este engañoso lema esconde una subordinación total al modelo productivo, sus ritmos, y las consecuencias que recaen sobre quienes trabajan para la minería, y también para la población. Sobrecarga laboral, turnos extenuantes, contaminación, comunas convertidas en “zonas de sacrificio” y una región organizada en función de las ganancias capitalistas. Pensándolo desde esta óptica, una parte importante de la población en Antofagasta “ya vive como se produce”, es decir, ya vive en función de este modo de producción y padece sus respectivas consecuencias.

En este sentido, “ejecutar mejor los recursos”, que plantea Iriarte, no es muy distinto a lo que dicen otros candidatos del régimen. Pero, acá no se trata de ser “más planificado” o “mejor haciendo proyectos”, sino que el problema es que para responder a las necesidades de las grandes mayorías, no bastan las migajas que entregan las grandes mineras cada tanto tiempo (que además también pueden ser arrebatadas en cualquier momento por los capitalistas); hay que poner todas las riquezas necesarias en pos del pueblo trabajador y sectores populares, y eso no se puede hacer sin afectar el negocio capitalista, nacionalizar los bienes comunes naturales, y cambiar el modelo productivo por uno donde sean los trabajadores, profesionales y comunidades, los que gestionen y decidan qué hacer con los recursos.

Esto último es fundamental porque implica otro “horizonte” de sociedad, donde sean quienes producen las riquezas, los que decidan, de manera colectiva, para qué se produce, con qué método de producción y objetivo social. Actualmente, bajo el capitalismo, la producción está pensada en función de acumular ganancias para los grandes grupos económicos y sus intereses. Antofagasta, está organizada y pensada- en todas sus aristas- para ser una “región minera” saqueada por transnacionales y capitalistas nacionales, como Luksic. Su forma de trabajo, ritmos de producción agobiantes, con turnos de 12 horas o más, con días y días trabajando sin descanso, sin mayores espacios de cultura y recreación, con altos índices de cáncer y contaminación, entre otras diversas consecuencias de esta producción capitalista; son parte de un engranaje donde la “clase productora” es convertida en un “ser mecánico”, esclavo de las máquinas, sin sentido ni perspectiva social. Todo lo contrario a ser un creador de las riquezas colectivas dentro de la sociedad. Luchar por una perspectiva distinta de sociedad, que supere la mera exigencia de que los grandes capitalistas “den un poco más de plata para gestionar mayores recursos”, va totalmente ligado a la construcción de una alternativa que se proponga defender los intereses de la clase trabajadora, mujeres y juventud, que proponga un programa anticapitalista y socialista, para terminar con el Chile del saqueo y de los 30 años, pero también para plantear otro tipo de sociedad, sin explotación ni opresión, sin que unos pocos decidan por la mayoría y se queden con las riquezas generadas de manera colectiva.

Grandes grupos capitalistas, como Luksic y SQM, junto a trasnacionales como Escondida-BHP y Albemarle, tejen múltiples redes de influencia y financiamiento con los partidos tradicionales de la derecha y la ex Concertación, para que se les asegure este gran negocio que se hace con el robo descarado de nuestro trabajo, la destrucción y el saqueo de los recursos de la comuna a destajo.

Para enfrentar a la derecha seriamente, debemos construir una izquierda consecuente, que ponga el foco en la organización y lucha para conquistar nuestras demandas y terminar con este modelo capitalista y neoliberal donde solo unos pocos se quedan con las riquezas de las mayorías y deciden nuestra vida.