Desde hace semanas, el movimiento feminista de la provincia sigue esta causa como propia. Hoy, estuvo presente frente a Tribunales II, exigiendo Justicia para Luana.
EL acusado es Diego Gustavo Concha (53), quien fuera “funcionario estrella” en el “combate contra el fuego” que año a año asuela la provincia está sentado en el banquillo de los acusados: todas las coordenadas de la violencia machista se concentran en la acusación por el despliegue de violencia machista que llevó a Luana Ludueña a quitarse la vida. Concha está siendo juzgado por violencia de género hacia dos mujeres: hacia su ex pareja, por lesiones, amenazas y coacción, mientras que se lo acusa de homicidio con motivo de abuso sexual con acceso carnal calificado por su condición de funcionario respecto de la joven bombera, Luana Ludueña.
El fiscal López Villagra, tras un raconto y descripción pormenorizada de los hechos por los cuales se acusa a Concha, pidió 20 años de prisión e inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos contra el acusado. Fundamentó el pedido de 20 años en su diferencia de parecer con la legislación actual, sosteniendo que ésta no respeta “los principios de proporcionalidad e igualdad”. En un planteo de inconstitucionalidad, entiende que la prisión perpetua corresponde a otros delitos más graves de ese articulado. Por la acusación de “homicidio en ocasión de abuso sexual”, López Villagra sostuvo que hay que contemplar la escala de la pena - entre 15 y 25 años de cárcel- del viejo Código Penal (estuvo vigente entre 1921 y 2004).
La querella encarnada por el abogado Carlos Nayi, en representación de la madre y el padre de Luana, compartió la acusación basada en los hechos descriptos, pero solicitó la prisión perpetua para Diego Gustavo Concha de 53 años de edad. Nayi demandó además, que Luana Ludueña y sus padres sean considerados víctimas de violencia institucional y que se investiguen una serie de presuntos ilícitos cometidos por el acusado. Se espera que el próximo martes 27 de agosto, Concha haga uso del derecho a manifestarse antes de la lectura de la sentencia.
La abogada Laura Pedernera, quien representa a la otra víctima, ACM, quien era pareja de Concha. La abogada solicitó 9 años de prisión por las acusaciones de violencia de género (sólo por este tramo de la acusación) y la restitución a la mujer de la vivienda donde habitaba la pareja, más allá de que la titularidad dominial esté a nombre del acusado
Durante estas semanas de audiencias, la familia de Luana, sus amigas junto a otros testigos y pruebas aportadas, fueron dando cuenta de cómo la vida de la joven bombera cambió drásticamente a partir del episodio con Concha, quien era su jefe. Tanto en los chats de su teléfono, como en audios que aportaron familiares, da cuenta de lo que Viviana Sacilotto sintetizó como el sentimiento de su amiga: “No puedo seguir más, este señor me arruinó la vida”.
Sacilotto no siquiera pudo llegar a juntarse con Luana Ludueña después de que le comentara del episodio ocurrido con su abusador, Diego Concha. La cita convenida se había levantado porque Luana había tenido un primer intento de quitarse la vida mediante la ingesta de pastillas. Los abogados defensores quisieron alegar que el abuso de parte de Concha sobre Luana, en caso de haber existido - y el imputado negó-, no tenía relación con su muerte.
Pero a lo largo de las audiencias las pruebas incriminaron siempre a Concha. Así lo indicaron claramente quienes hicieron la autopsia psicológica, María José Pérez Brown y Romina Luján Clarini, ambas psicólogas oficiales. Las profesionales señalaron que hubo un antes y un después del ataque sexual de Concha, valorado como desencadenante de un “efecto cascada” que provocó su derrumbe psíquico y la determinó a quitarse la vida.
Tal como se dio cuenta en este diario, Diego Concha era el jefe de Luana. La posición de poder desde la cual pretendía conceder “ventajas laborales” a partir del intercambio sexual, quedó al descubierto en los propios chats que intercambia con Luana Ludueña tras el abuso sexual. Allí, en esos chat queda en evidencia a partir de la respuesta de Luana: para Concha era una práctica habitual “con otras mujeres” pedir favores sexuales a cambio de promoción laboral. Concha, además de ser su superior, la doblaba en edad, era mucho más grande en cuestión de peso y estatura. Además, la lleva engañada hasta Le Privé (un hotel alojamiento), en lugar del bar donde creía que iban a dialogar sobre su ingreso al Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (ETAC).
En la autopsia, las psicólogas perito señalaron, a partir de lo que pudieron reconstruir en su investigación que, por los relatos a conocidos que Luana Ludueña había realizado, ella esperaba encontrarse con su superior para que le diera indicaciones que facilitaran algunos trámites para su ingreso al ETAC.
La defensa de Concha, quiso excusarlo de este engaño, alegando que el ex Director de Protección Civil, no tenía capacidad de incidir en los ingresos de personal, algo que en el juicio fue refutado por los propios diálogos que Concha sostuvo con otro ex funcionario ( el ex Ministro de Seguridad Alfredo Mosquera) , asegurándole que uno de sus “recomendados” para ingresar al ETAC, iba a ser “alto, rubio, de ojos celestes” y que iba a “correr como Usain Bolt” si así lo decidía el propio Concha.
La causa no sólo ventiló el abuso, amenazas e intimidaciones que Luana sufrió de parte de Concha, sino también el modo en que actuó a través de terceros, a quien se acusó por haber continuado la violencia contra Luana. Emiliano Conti (sobre quién se abrirá una investigación particular) lejos de haber contenido a Luana, con quien tenía un relación en el momento, la acuso de ser “una puta” y de haber impedido que se bajara del auto tras la discusión. Para de la violencia se tradujo entonces en lo que señalan como presunta privación de la libertad a la propia Luana.
Según los testimonios y pruebas, Conti descalificó a Luana, la culpó de haber estado con Concha en el hotel alojamiento, le dijo que seguro se había acostado con “otros viejos”, le insistió para que cambiara la declaración de la denuncia en reiteradas ocasiones. La investigación de estos episodios tendrá una causa aparte cuyo juicio iniciará el 30 de octubre próximo a las 11 en la Cámara 7ª del Crimen de Córdoba, con el vocal unipersonal José Luis Cesano.
La Asamblea Ni Una Menos Córdoba, la Brigada Forestal Comunitaria Chiviquín; Brigada Forestal Comunitaria Inchín; Brigada Forestal Colibrí; Brigada Chañares; Promotoras territoriales para la prevención de Violencia, Campaña de Emergencia en Violencia de Género.Pilar; así como Socochicas; Colectivo Más Democracia; Radio Curva; Foro por la libertad,la Democracia y los DDHH de Córdoba; Alerta Feminista; entre otras organizaciones de mujeres como Pan y Rosas Córdoba estuvieron acompañando también durante la jornada de hoy. La concejal del PTS-FITU, Laura Vilches, desde su banca en el Concejo Deliberante, también levantó el reclamo de Justicia por Luana.
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