Esta semana Gabriel Boric realizó su gira por la Región de La Araucanía, donde reforzó la tesis planteada por la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá (PPD), obre los vínculos entre grupos que reivindican la causa mapuche y la delincuencia común. Esta posición no es nueva, es una postura política de la Concertación, la cual trata de quitar la relevancia de la prisión política a miembros de los pueblos originarios que se organizan por el derecho a la restitución de tierras ancestrales y también para sectores de la izquierda crítica a los gobiernos de turno.
“Hemos desarticulado bandas importantes que, bajo el escudo de legítimas demandas del pueblo mapuche, realizaban actos de violencia y, como hemos visto en los últimos días, estaban muchas veces vinculados con actos delictuales comunes, como el robo en Rancagua a la empresa Brinks, o lo que vimos en parte del arsenal que se descubrió en una población de Santiago”, planteó Boric en una entrevista con Radio Mirador de Temuco, relacionando crímenes con los presos políticos de Villa Francia y organizaciones autónomas mapuche de las que hoy en día sus miembros se encuentran prisión y en huelga de hambre, como la reciente huelga de hambre de Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco Malleco.
En esa misma entrevista Boric afirmó sus intenciones de destruir a las organizaciones críticas al gobierno: “el hecho es que le hace mucho daño a las demandas históricas del pueblo mapuche. Entonces, era muy importante desarticular y enfrentar con mucha firmeza, de la ley y del Estado, a estos grupos violentistas”.
Boric no visitó a las "víctimas de la violencia rural" de la zona ni tampoco participó en el Encuentro Nacional Empresarial de La Araucanía (Enela), hechos que fueron duramente criticados por la derecha y sectores de Amarillos. Mientras que anunció el aumento de becas indígenas, anuncio que fue criticado por la parlamentaria oficialista e integrante de la Comisión Para la Paz y el Entendimiento, Emilia Nuyado (PS), quien acusó de “racista, mezquino e insuficiente el supuesto aumento”.
Comisión por la Paz y Entendimiento
Se trata de una de las propuestas impulsadas personalmente Gabriel Boric desde el inicio de su mandato y que hoy está encabezada por el exministro de Desarrollo Social Alfredo Moreno (ex ministro Piñera I) y por el senador DC Francisco Huenchumilla.
El secretario ejecutivo de la Comisión Para la Paz y el Entendimiento es Víctor Ramos (FA) e integrada por la diputada Emilia Nuyado (PS); la senadora republicana, Carmen Gloria Aravena; el presidente de la Asociación de Agricultores de Malleco, Sebastián Naveillán; el exconvencional y otrora alcalde de Tirúa, Adolfo Millabur; además de los representantes de los gobiernos regionales, Gloria Callupe y Juan Pablo Leonelli.
El objetivo de esta comisión es establecer diálogos dirigido por una mesa de "expertos" compuesta por autoridades y políticos de la ex Concertación y del último gobierno de Piñera, la cual acompañará técnicamente la labor de comisionados y se constituirá a través del consenso de los propios comisionados y la secretaría ejecutiva. Su finalidad es modificar la ley indígena, involucrando el proceso de tierras.
Hasta ahora el trabajo de la instancia ha estado concentrado en escuchar a los organismo del Estado que tienen información estadística y han sido incidentes en los procesos anteriores de diálogos con el pueblo mapuche.
Según Adolfo Millabur en una entrevista a Radio Universidad de Chile, este espacio ha sostenido audiencias con organismos públicos, comunidades mapuche y organizaciones de la sociedad civil, tanto en Santiago como en las regiones de la Macrozona Sur. Se han realizado encuentros interculturales y encuentros autoconvocados. Sin embargo, el proceso de redacción del informe del informe final de la Comisión está por cerrar. Una etapa que se extenderá entre la segunda quincena de septiembre y el mes de noviembre y que, reconoce, será bastante compleja.
“Cuando nos constituimos dijimos que los acuerdos que tomemos deben ser por unanimidad. Fíjese usted entonces, o ponga en dimensión lo que significa eso, que después de 200 años de controversias, de discusión, de violencia, de no acuerdo, podamos nosotros, entre ocho personas, más nuestros colaboradores, redactar un documento que permita establecer una ruta de entendimiento que hoy día no tenemos”, observó Millabur. |