La diputada de Milei publicó capturas de Whatsapp y textos de proyectos donde queda al desnudo el pacto de sectores del oficialismo con desaparecedores, asesinos, torturadores, violadores y ladrones de niños. Dice que quiere “salvar” al Presidente, pero sus confesiones escrachan a Menem, Bullrich y hasta a la vice del Consejo de la Magistratura. Hay que investigarlos a todos.

Un rumor (nunca desmentido desde La Libertad Avanza) afirma que el fuerte apoyo de la “familia militar” a la fórmula Javier Milei-Victoria Villarruel en 2023 fue algo más que sentimental. Ese caudal electoral (calculado en varios cientos de miles de votos) en elecciones previas había ido a Juntos por el Cambio u opciones marginales como las del carapintada Juan José Gómez Centurión. Pero el año pasado, la posibilidad de que llegara a la vicepresidencia una hija dilecta de ese clan aglutinó las preferencias.

Aquel pacto, tácito y lógico a la vez, incluía la retribución a ese apoyo electoral con iniciativas legislativas (y ejecutivas en caso de llegar a la Casa Rosada) favorables al conjunto de genocidas presos (mayoritariamente en sus casas) condenados por haber cometido los más horrendos crímenes. Por eso el triunfo de La Libertad Avanza ilusionó a más de un cerebro de ese sector social minoritario con lograr desde “el palacio” aquello que nunca consiguieron en “la calle”: impunidad total.

Si ese rumor es verdad, resulta más fácil comprender la feroz interna liberfacha desatada tras conocerse la reunión de mediados de julio, en la cárcel de Ezeiza, entre un grupo de diputados y diputadas oficialistas y una docena de genocidas. El nuevo y recargado capítulo son las recientes publicaciones de la diputada Lourdes Arrieta, que participó de los preparativos de la “visita”, fue a Ezeiza, se sacó fotos con Alfredo Astiz y compañía, después se “arrepintió” y terminó prendiendo un ventilador nauseabundo.

Patitos y pajaritos

Hace dos semanas la diputada mendocina desató un escándalo al denunciar penalmente a sus compañeros de bancada Beltrán Benedit y Guillermo Montenegro, al director general de la Secretaría Privada de la Presidencia de la Cámara de Diputados Sharif Menem, al titular del Servicio Penitenciario Federal (SPF) Fernando Martínez y al sacerdote católico Javier Olivera Ravasi. “Me engañaron”, dijo con hipocresía en su denuncia ante el Juzgado de Lomas de Zamora. Culposa, poco antes se fotografió en los pasillos del Congreso abrazada a un ejemplar del Nunca Más.

Desde entonces llovieron sobre ella, desde su propio espacio político, todo tipo de insultos y calificaciones degradantes. Y la amenaza de expulsarla del bloque de LLA por no haberse cuadrado en la “disciplina partidaria” y ventilar en un expediente aquello que debía haber quedado bajo estricto secreto. La tensa reunión de bloque, el último miércoles, donde Martín Menem la increpó y dejó en evidencia que la estaban dejando sola, activó la catarata de tuits que largó desde X este fin de semana.

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La diputada libertariana afirma que sus valores evangélicos la llevan a tomar la decisión de difundir esos incendiarios chats de tres grupos de Whatsapp, donde expone como nadie a sus colegas de bloque y a un grupo de abogados y familiares de genocidas, empezando por el cura Olivera Ravasi.

Arrieta arrancó a las 23:33 del sábado mostrando capturas del grupo “Comida informal con Padre Javier x milit”. El frenesí duró hasta la noche del domingo. Además de ese grupo, difundió chats de otros dos: “Proyectos decret” y “Visitas”. Finalmente subió las hojas de un proyecto de ley y de un decreto presidencial reglamentario orientados a mejorar la situación procesal de los criminales. Textos que no son nuevos, ya que se vienen discutiendo hace tiempo en el espectro progenocidas.

El primer tuit dice “NO MÁS IMPUNIDAD. Como dijo el Pte @JMilei, es hora de que se sepa la verdad sobre quién autorizó y cuál era el verdadero motivo de la visita a los Genocidas. Además de contarles el papel que jugó el padre Ravasi y sus links con diputados, abogados y jueces”. Le siguieron posteos en los que muestra el grueso de esos intercambios, con detalles de reuniones, planificación de visitas, videos, links a notas periodísticas y archivos.

De las capturas se desprende que 13 diputados y diputadas de LLA integraron al menos uno de los tres grupos de Whatsapp. Además de cinco de los seis que fueron al penal de Ezeiza (Arrieta, Benedit, Montenegro, Alida Ferreyra y María Fernanda Araujo) participaron Lilia Lemoine, Nicolás Mayoraz, Alberto Arancibia, María Emilia Orozco, Santiago Santurio, Celeste Ponce, Carlos Zapata y Gerardo Huesen.

Parte de esos legisladores asistieron a varias de las reuniones organizadas por el cura en la sede de la Fundación San Elías, que él regentea, ubicada en Montevideo 871 de CABA. El primer encuentro fue la noche del 14 de marzo, un día antes de la primera visita a la cárcel ubicada en el predio militar de Campo de Mayo (de la que fueron parte al menos Benedit y Ferreyra). Arrieta asegura que no estuvo en ninguna de esas reuniones.

Según se desprende de las capturas, desde marzo Patricia Bullrich estaba al tanto de la preparación de las visitas. No sólo eso, sino que ella misma le brindó al diputado Benedit la tranquilidad para que lo hicieran sin contratiempos. Vale recordar que los genocidas están en cárceles federales como las de Ezeiza, Campo de Mayo y Marcos Paz, que funcionan bajo la órbita del SPF (desde diciembre incorporado al Ministerio de Seguridad).

La venia de Bullrich y del director penitenciario Fernando Martínez se confirmó cuando se concretaron las visitas de marzo a Campo de Mayo y de julio a Ezeiza. En ambas ocasiones las y los diputados ingresaron sin que siquiera se les retuvieran los celulares o revisaran sus carteras (algo que vale para cualquier visitante). Sin problemas, podrían haber ingresado armas, sustancias diversas, otros dispositivos electrónicos o cualquier otra cosa para los “viejitos”.

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Arrieta difunde también capturas de conversaciones de mediados de julio, posteriores a la visita a Ezeiza. Allí Montenegro (exmano derecha y exnovio de Victoria Villarruel) se escudaba diciendo que “visitar presos y cárceles no es delito”. Pedía dejar “los comentarios absurdos” de lado, alertando que “la izquierda va a decir cualquier cosa”. Y que a él sólo le preocupaba no convertirse en “cómplices con el silencio” sobre la situación de los genocidas.

Según Arrieta, por esos días se creó otro grupo (del que también formó parte) para discutir los pasos a seguir. Lo designaron “Visitas”. Allí surgieron diferencias. Cuando trascendió el viaje a Ezeiza (antes incluso de conocerse la foto) discutían sacar un comunicado contando los objetivos de ir a las cárceles, pero desde la Casa Rosada le pidieron a Montenegro que se abstuvieran de publicarlo.

El malestar se generalizó. Benedit dijo que no compartía la posición del Ejecutivo, al que acusó de “temblarle el pulso” en este tema, cuando ellos sólo estaban haciendo su “trabajo” de “informarse” sobre “denuncias de violaciones a los derechos” de los condenados a perpetua.

Arrieta vio que la cosa iba a escalar y no quiso quedar más pegada. Por eso cuenta que habló con Santiago Cossimano, vocero de Martín Menem, y le dijo que quería al menos publicar un tuit donde expresar su arrepentimiento. “Pasa que un Tweet va a ser TT, te matan. Con Javier en la tele, lo cagás a él. Paciencia. Está bajando”, le dijo primero Cossimano. Ella le dijo que había fotos y que Menem sabía que podrían filtrarse. “Esperemos que no”, le respondió Cossimano. Y agregó: “No lo digas. Todo el bloque te va a bancar”.

Finalmente las fotos las filtraron desde la misma bancada libertariana y el bloque, con Menem a la cabeza, hoy quiere sacarse de encima a Arrieta cuanto antes.

Los proyectos

En abril, tras la primera visita a Campo de Mayo, se creó otro grupo bautizado “Proyectos decret”, al que se sumaron casi todos los que estaban en el primero, incluida Arrieta. Las conversaciones avanzaban. Allí se organizó una nueva reunión para tratar un proyecto de ley y otro de decreto reglamentario que hace tiempo manejan desde ese sector. De hecho el primero ya ingresó al Congreso el 5 de diciembre de 2023 vía el senador del PRO José Torello. Según los chats, espera ser tratado por la Comisión de Legislación Penal del Senado.

En el grupo también estaban los abogados Ricardo Saint Jean y María Laura Olea, defensores de varios genocidas. Ambos venían de fracasar ante la Cámara Federal de Casación Penal, que rechazó un pedido de domiciliaria en favor Diego Chemes, exmiembro del SPF y uno de los genocidas de El Vesubio.

Olea es quien compartió en el grupo los proyectos, cuyo objetivo es “obligar a los jueces a conceder la prisión domiciliaria” a los condenados. En palabras del cura Olivera Ravasi, la idea es que “los que están en cárceles irían a domicilio y muchos obtendrían la libertad”. La clave sería fijar en veinte años el “plazo razonable” de los procesos en su contra.

Según ese texto, proponen incorporar al Código Penal un inciso al artículo 59 que diga que la acción penal se extinguirá “transcurridos veinte años desde que el Estado haya tomado conocimiento, mediante acto procesal, de la comisión de un delito, y no se hubiese arribado en ese lapso a una sentencia judicial firme respecto del mismo”. Eso beneficiaría a muchos genocidas.

En los chats el cura aclaraba que “el beneficio” buscado “no sería sólo para los militares” sino “también para muchos legisladores, políticos, empresarios, etc, que durante las últimas dos décadas se han visto envueltos en actividades ‘non sanctas’. Es decir, sea como fuere, es un ‘win-win’ (todos terminaríamos ganando si se da)”. Ante la inferioridad numérica en el Congreso, buscaban alianzas.

Los proyectos citan fallos y doctrinas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Una ironía viniendo de quienes avalan la violación y aniquilamiento de esos derechos. Reclaman “humanitarismo” como si el Estado no los hubiera beneficiado durante décadas con las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y los indultos. Los apologistas del crimen organizado desde el Estado, cuyos efectos la sociedad sigue padeciendo gracias al pacto de silencio de quienes participaron del genocidio, ahora piden “razonabilidad”.

¿Avanza o no avanza?

En los chats de marzo se veía la preocupación por contar con el aval de los hermanos Milei. Por eso Olivera Ravasi escribió que “el diputado Beltrán Benedit y la diputada Alida Ferreyra se comprometieron a ver la posibilidad de llegar con este planteo a JM para presentarle, junto quizás con el Dr. Saint Jean (que conoce el tecnicismo) el proyecto. Es todo. Como siempre pedimos reserva de todo. Dios los bendiga”.

En los chats también se nombra a la jueza Agustina Díaz Cordero, nada menos que la actual vicepresidenta del Concejo de la Magistratura, el órgano dedicado a seleccionar, controlar y sancionar a los jueces nacionales. Hoy lo preside Horacio Rosatti, el mismo cortesano que en 2017 falló en favor del 2x1 para el genocida Luis Muiña.

Díaz Cordero estuvo presente en la primera reunión de marzo. Y en julio Olivera Ravasi dijo que podría hablar con ella para promover el juicio político a los jueces de Casación Alejandro Slokar y Ángela Ledesma. Fue luego de que se conociera el fallo de la Cámara que rechazó beneficios para los genocidas Rafael Barreiro, Horacio Losito y Juan Carlos Rolón.

Claramente toda esta empresa no es improvisada. Y cabe preguntarse hasta dónde podrían avanzar de no haberse desatado el escándalo tras la visita de julio a la cárcel de Ezeiza.

Hoy, ante la consulta de sus amigos periodistas, Javier Milei dice que no es parte de su “agenda” la situación de los genocidas presos. Cree que nadie va a recordar que en su campaña eligió las palabras de Emilio Eduardo Massera al momento de decir qué pensaba sobre la dictadura. Ni que, ya siendo ganador, anunció que le entregaría los ministerios de Seguridad y la Defensa a Villarruel, tenaz “luchadora” por la impunidad y asidua visitante de Jorge Rafael Videla.

Aprovechando ese intento de evación presidencial, Arrieta dice que está de su lado y que son sus adversarios en la interna quienes “están perjudicando la imagen del Presidente Javier Milei”. Pero le adjudica a Martín Menem, que tiene línea directa con la Rosada, una de las máximas culpas de todo esto.

Posiblemente Milei no supiera los detalles de esas visitas y proyectos. Pero eso no lo exculpa. Tampoco puede pensarse el silencio de Villarruel sobre el tema como una desaprobación a sus diputados. Por el contrario, esas conductas denotan un reconocimiento de la profunda debilidad política del Gobierno, que se desarrolla con una enorme crisis económica y social de fondo.

Puede que Milei tenga fresco aún en su cabeza el revés que sufrió Mauricio Macri en 2017, cuando la Corte Suprema (con Rosatti y Rosencrantz incorporados por decreto) intentó beneficiar con el 2x1 a Muiña. La multitudinaria movilización que desbordó Plaza de Mayo y otros puntos del país no sólo frenó esa provocación judicial. También obligó al Congreso a promulgar una ley que prohibiera futuros intentos.

La crisis actual es mucho mayor que la de hace siete años. “El horno no está para bollos”, piensan en Balcarce 50. Por eso, ahora, el tema de la impunidad para los genocidas, al menos de momento, “no está en agenda”.

En el oficialismo procuran que un escándalo tape a otro. Con las denuncias de Fabiola Yáñez contra Alberto Fernández vieron una luz de esperanza. Pero la crisis abierta entre los sectores que no tienen reparos en ir a fondo con la ayuda a los genocidas y quienes desde el Ejecutivo piensan que sería mejor esperar un poco no se termina.

Arrieta dice en uno de sus tuits de este fin de semana que seguirá “denunciando públicamente todas las pruebas” que tiene en su poder “hasta que el Congreso constituya una Comisión Investigadora para determinar las responsabilidades” alrededor de la visita a Ezeiza.

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La semana pasada se formó en Diputados una comisión para tratar el caso. La preside Silvia Lospennato, referente del PRO. En la primera reunión Arrieta responsabilizó a Martín Menem por estar al tanto del viaje con vehículos oficiales de la Cámara. Salvo el oficialismo, todos los bloques repudiaron la visita, pero Lospennato no habilitó un repudio como Comisión. Mucho menos hubo, al menos hasta hoy, un pronunciamiento del conjunto de la Cámara.

En próximas reuniones se seguirá discutiendo el asunto. La bancada del Frente de Izquierda Unidad propuso crear una comisión investigadora en la que participen todos los bloques junto a querellantes de las causas que involucran a los genocidas visitados en Ezeiza y organismos de derechos humanos. Otra es la postura del peronismo nucleado en Unión por la Patria, que prefiere que “investigue” una comisión integrada sólo por cinco diputados acordados entre algunos bloques.

El diputado del PTS-FITU Christian Castillo dijo en esa reunión que es necesario “investigar a fondo” ya que lo que prima en Argentina son las consecuencias de la impunidad de la que siguen gozando los genocidas. Allí están como ejemplos la segunda desaparición de Jorge Julio Lopez en 2006 en La Plata y el asesinato de Silvia Suppo en Santa Fe en 2010. O las casi 400 niñas y niños apropiados que siguen sin recuperar su identidad.

Esta historia continúa. Con o sin más confesiones ventiladas por la evangélica diputada Lourdes Arrieta. De lo que no hay dudas es que lo más granado de las podridas castas política, militar y eclesiástica es un pilar del espacio creado bajo el pretencioso sello La Libertad Avanza.