En lo que va del año, el gobierno de Javier Milei desmanteló la línea 144, el Programa Acompañar, desarticuló el Ministerio de la Mujer, echó a cientos de trabajadoras y arremetió contra otras políticas relacionadas a la violencia machista.
Además, sostiene un discurso misógino y reaccionario que favorece y alienta la violencia contra mujeres y personas LGBTIQ+, en el país donde cada 29 h se produce un femicidio, según las últimas estimaciones.
La denuncia por violencia de género de Fabiola Yañez contra el ex presidente Alberto Fernández, les permitió sobreactuar indignación, mientras que a la par atacan al movimiento que permitió que se visibilicen las situaciones de violencia. Desde el gobierno se muestran “empáticos” con lo que vive la ex primera dama, pero son los mismos que niegan la violencia machista como una problemática estructural de esta sociedad.
La utilización política de las demandas y reclamos de las mujeres y las personas LGBTIQ+ no es propiedad privada de la actual gestión libertaria sino que, con el masivo movimiento de mujeres por Ni Una Menos, y tras el surgimiento de la marea verde, gobierno tras gobierno usaron demandas y consignas con sus propios discurso y objetivos.
En el caso de las gestiones anteriores, la distancia entre lo que propusieron y lo que implementaron fue enorme. Esto mientras llevaban adelante planes de ajuste que arremetieron contra la mayoría trabajadora.
El desafío de la “revolución de las mujeres”
Si volvemos el tiempo atrás y retornamos al 2018, el entonces presidente Mauricio Macri manifestó que "tenemos que entender que la revolución de las mujeres es un desafío. Lo estamos asumiendo". Lo dijo para luego presentar el Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos (PIOD).
El PIOD se planteaba como el documento donde se expresaba el compromiso del “Estado con la igualdad de género”, e iba a estar coordinado por el Instituto Nacional de las Mujeres (INAM), organismo rector de las políticas de género, que tenía un presupuesto asignado en ese año de $211 millones, 15% menor en términos reales que el del 2017. Para el 2019 se preveía un aumento de solo el 10%, en un año donde la inflación terminaría siendo muy superior: de hecho, finalizó en más del 53%.
Además, Macri se vanagloriaba en su discurso de apertura de sesiones del Congreso de 2019 de poner en marcha el Plan Nacional contra la Violencia de Género, que contemplaba la inclusión de la temática de género en la currícula de todos los niveles educativo, acciones de concientización, la difusión de la línea 144 y la construcción de 36 nuevos hogares para recibir a víctimas de violencia de género.
Sin embargo, al Plan no le habían asignado presupuesto hasta ese momento y recién se lo hizo a partir de los reclamos efectuados por varias organizaciones de derechos humanos y de mujeres. El monto estipulado era de $ 62 millones. No obstante, ese monto se redujo a $ 46 millones y, a fin de año, se había ejecutado solamente un poco más de $ 3 millones. Es decir, menos del 5%.
Por otro lado, de los 36 refugios para sobrevivientes de violencia machista que la gestión se había comprometido a construir sólo empezó y terminó 1. Por otro lado, equiparon 8 dispositivos que se habían iniciado en el gobierno anterior, y comenzaron la construcción de 3 que no fueron concluidos. Por último, otros 20 que dijeron haberse reacondicionado ya existían en diferentes municipios y sólo ingresaron a la Red Nacional de Hogares.
Con respecto al programa de patrocinio gratuito para víctimas de violencia, sancionado en el año 2016, recién se implementó en el 2019, pero solo en las provincias del NOA y el NEA, en La Plata y en Neuquén, con solo 24 profesionales en total.
Queda claro que Macri utilizaba la problemática de violencia, por la que atraviesan miles de mujeres y personas LGBTIQ+, de manera demagógica, sin asignar presupuesto y sin implementar los programas que se anunciaban.
Como ejemplo de este manejo, en 2018 Macri habilitó el debate en el Congreso por el aborto, tras pañuelazos en los que participó una multitud de mujerres. Lo hizo como manera de incidir en la agenda política tras la crisis que atravesaba su gobierno luego de querer hacer pasar su reforma previsional, algo que tuvo como respuesta la resistencia de miles en las calles.
El gobierno macrista llevó adelante un plan político y económico que implicó el despido masivo de trabajadores del Estado, atacó los salarios e ingresos de las grandes mayorías, y contrajo un nuevo préstamo con el FMI - con el aval de sectores del peronismo - que sometió al país a los planes y programas del organismo internacional, que golpeó brutalmente a los trabajadores y trabajadoras.
El primer feminista
“Las mujeres en Argentina saben que soy el primer feminista”, declaró allá por el 2020 el recién asumido presidente Alberto Fernández, en una muestra por dialogar con el enorme sector de mujeres y de la diversidad sexual que se habían movilizado por la conquista del derecho al aborto. Un capital político que Fernández no quería dejar pasar.
Ya durante la campaña presidencial había prometido la creación del Ministerio de la Mujer, de Igualdad y de la Diversidad, y proclamaba que él “Ni una menos” debía ser una bandera de toda la sociedad. Las mujeres que formaban parte de los movimientos afines al oficialismo tomaron esa agenda que el Estado proponía y permitieron la institucionalización de las demandas del feminismo.
Enarbolando estas consignas, en el 2020 Fernández presentó el Programa Acompañar y el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y del Programa 1.000 días, que acompañaba a las personas gestantes.
Según los datos publicados por el mentado Ministerio, en el periodo comprendido entre el 2019-2022, habrían asistido a más de 1.555.666 mujeres y LGBTI+ en situación de violencia o vulneración de sus derechos, sin especificar qué nivel de atención implicó, si fueron denuncias recibidas, o que clase de política involucró. Agregan que, además, se atendió económicamente a 258.000 mujeres y LGBTI+ a través del Programa Acompañar se inauguraron 2 centros territoriales y se atendió mediante la línea 147 a más de 357.692 llamadas.
Haciendo alarde de estar “haciendo historia”, el Gobierno publicó el Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género 2020-2022, que “incorpora los derechos establecidos en la Ley de Identidad de Género y plantea un cambio de paradigma en relación con el abordaje de las violencias por motivos de género”. Analicemos un poco más en detalle qué estaba pasando, para ver el verdadero alcance de estos anuncios.
El Plan Acompañar, la estrella del Ministerio de las Mujeres, había dado de alta en el año 2022, a 137 mil planes, para el siguiente año, tenía como meta alcanzar a 106 mil personas. Sobre el porqué de este descenso nadie dio explicaciones.
En términos reales se produjo una baja del presupuesto asignado, ya que el aumento solo fue de 18% para todo el 2023, porcentaje superado por la inflación del primer trimestre de ese año.
Por otro lado, el programa solo estaba destinado a otorgar el subsidio económico por 6 meses, y cumplido ese plazo, las víctimas debían arreglárselas por su cuenta, sin tener la posibilidad de solicitar el plan “Potenciar Trabajo por motivos de violencia de género”, ya que el Gobierno los congeló.
Y como si este panorama ya no fuera desalentador, en caso de requerir el ingreso a un refugio, solo se encontraban disponibles 3.048 plazas. Cifra que no cubría ni el 1% de las solicitantes del Plan Acompañar.
La administración de Alberto Fernandez, junto con Cristina Fernandez de Kirchner, en medio de sus múltiples anuncios de políticas de género implementó un ajuste muy duro, ordenado por el FMI, que impactó más brutalmente en las mujeres. Durante la pandemia, miles de trabajadoras de casas particulares perdieron su trabajo y los reclamos por vivienda digna se multiplicaron. Eso se vio, por ejemplo, en las ocupaciones de tierra en Guernica (Provincia de Buenos Aires), donde cientos de mujeres víctimas de violencia intentaron construir un hogar y fueron reprimidas junto a sus hijos e hijas por la Policía Bonaerense. No solo no cumplieron la promesa de llenar la heladera sino que profundizaron la caída de los ingresos y la precarización.
Si bien el gobierno peronista se esforzó en mostrarse como un “gobierno feminista” con una gestión exitosa en materia de género, los datos y la realidad de miles de mujeres y LGBTI+. muestran otra cosa.
Las banderas se defienden en las calles
Es indudable que los Encuentros Plurinacionales de Mujeres y Diversidades (que este año se realizara en San Salvador de Jujuy el 11, 12 y 13 de octubre), el paro internacional de mujeres, las movilizaciones masivas, la lucha del movimiento feminista, consiguieron que las desigualdades de género ingresaran a la escena pública y obligaron a los gobiernos a poner en agenda los reclamos de igualdad y acceso a derechos.
Sin embargo, esos gobiernos no salieron de los discursos políticamente correctos y los programas que implementaron no terminaron de dar una respuesta a la altura de la realidad que vivían y viven las mujeres. Esto ocurría al mismo tiempo que los partidos de gobierno hacían su propia utilizacion de la agenda feminista.
Esta distancia entre lo que se dice y lo que atraviesan la mayoría de las mujeres -y que se mostró sobre todo bajo el gobierno del Frente de Todos-, fue lo que permitió que la ultraderecha hiciera demagogia con nuestras demandas. No para plantear una solución sino al contrario, para atacar un movimiento que mostró su potencial en la calle, y para tildar de “privilegios” a demandas elementales.
Faltan programas integrales de atención a víctimas, reducción de la brecha salarial entre varones y mujeres, políticas sociales y laborales, de acceso a empleos formales y a viviendas. No se puede abordar un problema estructural de este sistema con medidas parciales, fraccionadas y que no resuelvan de fondo las problemáticas que atraviesan millones de mujeres y personas LGBTI+.
El Frente de Izquierda sostiene que hay que implementar un Plan de Emergencia contra la violencia de género, y desde las bancas en el Congreso de Myriam Bregman, Nicolas del Caño, Alejandro Vilca y Chipi Castillo, presentamos un proyecto que los bloques mayoritarios se negaron a tratar. El plan contempla un régimen de subsidios a las víctimas, la inmediata creación de refugios transitorios, créditos a tasa cero para la adquisición de viviendas y un plan de viviendas a corto plazo.
Es innegable que es un momento propicio para preguntarnos y revisar posiciones que se vienen dando dentro del movimiento feminista, para volver a poner en el centro la demanda de la mayoría de las mujeres y de las personas LGBTI+. Y para retomar la discusión sobre la independencia política de los partidos de gobierno, para que la lucha en las calles no esté condicionada ni subordinada al poder del Estado capitalista patriarcal. | 
