El multimillonario ruso-francés fundador de Telegram, Pável Dúrov, de 39 años, fue detenido este sábado en París después de aterrizar en un avión privado procedente de Azerbaiyán. El domingo, un juez de instrucción prolongó su detención al menos hasta este miércoles 28 de agosto, cuando la justicia francesa debe pronunciarse sobre el caso. La Fiscalía le acusa de 12 delitos de ciberdelincuencia: transacciones ilícitas, pornografía infantil, fraude y negativa a comunicar información a las autoridades, entre otros, que podrían suponerle una condena de 20 años de prisión.
A Dúrov se le acusaría de los delitos cometidos a través de su plataforma de mensajería, con sede en Dubai, y que actualmente supera los 900 millones de usuarios. Delitos como narcotráfico, pedofilia o apología al terrorismo, ante los que la plataforma no estaría tomando medidas de control. Desde Telegram, por su parte, han asegurado en un comunicado que cumplen con la normativa europea y no dan crédito a las acusaciones.
Ante el revuelo internacional generado, Macron ha comunicado que no se trata de una detención política, mientras Bruselas se ha desmarcado de la actuación policial y judicial francesa. Para la justicia francesa Telegram incumple su obligación de colaborar con la justicia cuando, a través de la red, se envían mensajes con fines criminales. Pero la plataforma digital se basa justamente en un sistema de mensajería encriptado, que de lo que trataría es de garantizar la mayor privacidad a sus usuarios.
El arresto parece ser un mensaje claro dirigido contra la plataforma digital para que intervenga la información de sus usuarios, un objetivo que por otro lado, encaja perfectamente en la hoja de ruta de la Unión Europea de reforzar el control y censura de la información. Más si cabe cuando Telegram, muy popular en Europa oriental, está siendo usado por las tropas rusas para comunicarse en el frente.
Telegram puede estar sirviendo a usuarios que cometen delitos, pero también está teniendo un papel clave informativo y comunicativo en la guerra en Ucrania, y esto parece un asunto más importante. Tanto fuentes oficialistas rusas, como de la oposición política interna, han condenando la detención. Si bien Dúrov tuvo problemas con el Estado ruso en 2014, cuando abandonó el país, al no facilitar la información sobre los organizadores de las protestas de Maidán en Ucrania, y nuevamente en 2018. Ahora las autoridades rusas condenan de forma oportunista el arresto como un ataque a “la libertad de expresión”. Mientras que la oposición rusa coincide en la condena, al servirse también de Telegram como canal de comunicación y difusión.
El telón de fondo del arresto parece ser, por lo tanto, la escalada en el conflicto entre París y Moscú, aunque todavía hay muchos elementos por discernir, como el motivo del viaje de Dúrov a la capital francesa, sabiendo que sobre él pesaba una orden de arresto. El objetivo de aumentar el control sobre la información por parte de la Unión Europea, como decíamos, también es un factor, y tampoco sorprende que sea Macron el que asuma la responsabilidad política del arresto, cuando su gobierno viene de toda una política de corte “bonapartista” y de aplicar fuertes medidas autoritarias de control social y contra las movilizaciones.
Ahora bien, más allá de las incógnitas tras el arresto, es necesario denunciar los ataques a la libertad de expresión y de información, tanto por parte de los Estados capitalistas, como de las propias empresas poseedoras de las plataformas digitales. No perdamos de vista que Dúrov es un multimillonario y no es el objetivo de las grandes corporaciones digitales prestar un servicio altruista a la libertad de expresión e información.
Elon Musk es un buen ejemplo, cuando no ha dudado estos días en condenar la detención de Dúrov y el “autoritarismo” de Europa, pero él mismo ha infestado la red social Twitter, que ahora es de su propiedad bajo el nombre de “X”, de contenido publicitario y promocionado, de los famosos “bots”, así como ha restringido aspectos del uso y difusión de la plataforma a los usuarios que no pagan, mientras hace campaña en favor de la extrema derecha a través de su cuenta personal.
Una muestra de cómo un propietario capitalista puede hacer y deshacer lo que quiere en un red social, pasando por encima de sus usuarios y de los trabajadores de la plataforma, quienes la sostienen realmente. Pocos años hace de la polémica en torno a Facebook y la venta de información de sus usuarios. Sin perder de vista otros factores como el uso del algoritmo que estas corporaciones aplican para orientar la difusión de los contenidos según sus criterios políticos y económicos.
Hay que enfrentar las medidas de censura y control de la información como las que ya comienza a plantear la UE, pero la alternativa, lejos de lo que sostienen los ultracapitalistas “libertarios”, tampoco pasa por “dejar las llaves” en manos de las grandes corporaciones de las plataformas digitales como las de Musk o Dúrov.
Las redes sociales son un arma de doble filo para el capitalismo, un enorme negocio y una gigantesca plataforma publicitaria y propagandística, pero también un “democratizador” de la información, a pesar de los filtros que los gobiernos y las propias corporaciones aplican. Pueden servir para difundir bulos o “fake news”, como está aprovechando la extrema derecha, o para todo tipo de campañas reaccionarias. Pero también, y más interesante, sirven para organizar la protesta social —lo hemos visto por todo el mundo desde las Primaveras Árabes—, así como para difundir los propios crímenes del capitalismo, como los cometidos hoy en Gaza.
Sólo el control de los trabajadores y trabajadoras de las plataformas digitales puede garantizar su uso en favor de los intereses de las mayorías sociales y potenciar sus utilidades humanas, frente al interés de las corporaciones en constreñirlas a las lógicas del mercado y al objetivo de aumentar sus beneficios. |
