A más de un mes del anuncio de la tramitación del proyecto de la Ley integral de salud mental, es importante que hagamos un repaso por las promesas de este gobierno respecto al gran problema que es esta temática en el país. Pues no solo somos el cuarto país más triste, sino que también contamos con un sistema público de salud hecho añicos, con una enorme deuda en camas que no da abasto con las crisis de pacientes ambulatorios y no ambulatorios.

Al inicio de su campaña presidencial, Boric se abanderó con la salud mental. Sus palabras fueron: “Nunca más las personas estarán solas para enfrentar sus necesidades en salud mental”. Esto sería parte del programa Construyendo Salud Mental del Ministerio de Salud, que estaría dedicado a los sectores más críticos y se guiaría bajo los siguientes ejes: mejorar la previsión de servicios, promoción de la salud mental y prevención del suicidio; fortalecer la salud mental en contextos de emergencias y realizar investigaciones al respecto de la problemática.

A dos años de gobierno, los avances son reducidos. Partiendo porque, lo que era una promesa de que “nunca más las personas” estarían solas a la hora de enfrentarse a los problemas de salud mental, se acotó a los sectores más críticos. Aunque insuficiente, es un comienzo, dentro de todo bienvenido, pues en medio de las migajas sigue siendo necesario priorizar. En un momento en el que – según La Encuesta Nacional de Juventudes – para el 2022, el 26,2% de nuestra juventud se sentía deprimida y el 9,8% quería estar muerta o hacerse daño, que el centro del proyecto sean les niñes y adolescentes es visto como un avance.

Cierto es que durante el último año, hubo un incremento de $5.606 millones al presupuesto de salud mental. Los avances concretos de este gobierno han sido medidas particulares, tales como la red telefónica de prevención del suicidio (4141), la Ley de medicamentos Cenabast -que ha logrado rebajas en los fármacos-, fomento de becas en psiquiatría, protección del acceso a la salud mental en situaciones de emergencia, instauración de unidades psiquiátricas en zonas rurales, junto con la construcción de 31 posibles hospitales con unidades psiquiátricas, que posiblemente se terminaran durante otros gobiernos de turno.

Sin embargo, uno de los problemas es que este tipo de programas intentan avanzar en un sistema de salud desfinanciado, con un presupuesto de salud mental del 2,4% y con la deuda de un plan integral de salud mental que abarcara más ejes que la atención hospitalaria.

Pese a que estas iniciativas facilitan la atención, el acceso al tratamiento farmacológico, no le hacen el peso suficiente a lo que se vive en regiones como Antofagasta. Aquí, donde existe la Unidad de Psiquiatría, en el área de hospitalización cuenta con 20 camas para responder a las necesidades de 571.748 habitantes, que se terminan aglomerando en las entradas de urgencias y en los box, llegando a tener dos semanas de hospitalización en estos antes de poder acceder a los cuidados requeridos en el piso de psiquiatría.

Ley integral de salud mental: ¿de qué se trata?

Durante su campaña presidencial, Boric había anunciado la necesidad de una Ley Integral de Salud Mental. Este año se ha iniciado la tramitación de dicho proyecto, que tiene por objetivo, “promover y proteger la salud mental de todas las personas, durante todo el desarrollo de su vida”, según las propias palabras del mandatario.

Los pilares del proyecto son: la búsqueda de una regulación integral de la salud mental involucrando a distintos sectores del estado, establecimiento de deberes intersectoriales que promuevan condiciones adecuadas para la salud mental, inclusión social y abordaje integral de las necesidades de las personas con enfermedades o trastornos mentales; conexión con diferentes cuerpos legales para “procurar” el adecuado respeto de los derechos de las personas en la atención de salud mental y finalmente, la creación de un artículo que coordine todas estas materias (ministerio de salud, 2024).

De aquí a cinco años, el gobierno espera establecer un Comité Interministerial de Salud Mental, que elabore la Política Nacional de Salud Mental, junto con la supervisión de la Superintendencia de Salud para el cumplimiento de la Ley Integral de Salud Mental y el cuidado de los derechos de personas con trastornos o enfermedades mentales, la realización de la Primera Encuesta Nacional de Salud mental, el mejoramiento de los servicios de atención y un reglamento que determinara los estándares de calidad y de protección de derechos de los servicios residenciales existentes.

Discriminación, Cuidados y reconocimiento

Durante el discurso que celebró el ingreso del proyecto de ley, el presidente hablo de la invisibilización que sufrían tanto los pacientes que requerían cuidados constantes, como sus cuidadores. Anunció la existencia del sistema nacional de cuidados: “una de las cosas que me dicen las cuidadadoras, que principalmente son mujeres, cuidadores de niños, de personas enfermas o de personas mayores, lo que me dicen es que, justamente, nadie se preocupa de ellas y que tienen un desgaste en materia de salud mental que es tremendo”. También menciono la convivencia de problemas de salud mental en las tomas de terreno. Sí, en esas tomas que desalojan.

Estos dos ejemplos expresan lo entramada que está la salud mental con otras problemáticas. Pese a que el Sistema Nacional de Cuidados es, hasta cierto punto, efectivo, no responde a la realidad de los cientos de miles de trabajadoras que ejercen sin contrato como cuidadoras y niñeras, pues es una red en su mayoría, compuesta por establecimientos, residencias y un programa de pago. En Chile, hasta el 2022, eran 2,8 millones de personas que trabajan sin contrato y sin previsión de salud. De ellas el 50, 6% (Ciedess,2022) pertenece al servicio doméstico.

El cuidado tanto de les niñes, como de las personas enfermas, ya sea de problemáticas psiquiátricas o no, debería ser una preocupación colectiva. El estado debería proporcionar los recursos para poder distribuir a los cuidadores en las comunidades y los y las trabajadores junto con les profesionales debiéramos gestionar esta distribución. Solo así, teniendo un registro nacional de cuidadores, con garantía de sueldo, derechos laborales y salud garantizados por el estado, y mediante impuestos a las grandes fortunas, acabaríamos con el trabajo en negro, creando un escenario más estable para el tratamiento de las enfermedades mentales. Pero eso implicaría ir en contra de los intereses de clínicas, agencias de cuidadores y aseadoras, entre otros, que se regodean con las miserias del pueblo trabajador.

Todos estos aspectos - que se perpetúe el trabajo en negro, que no se tenga derecho a la vivienda, que existan regiones con problemas de acceso a la matrícula, que no existan estudios y planes respecto a la inserción laboral de personas con patologías mentales - son una cuna para que se mantenga un sistema de salud pública y un sistema de salud mental desregulado. Ciertamente, un sistema para nada integral. Con pacientes aislados, desatendidos y discriminados, que ocultan sus enfermedades para trabajar, que se descompensan y queda cesantes o que perecen ante la sobrecarga académica. Ante esto no es suficiente respuesta el mejoramiento parcial del sistema de salud.

El enfoque que propone el gobierno es integral desde la perspectiva de la elite política. Si bien aborda problemas concretos, son pasos preliminares a problemas que los pacientes de la salud mental y las familias de la clase trabajadora vivimos a diario. Necesitamos una Política Nacional de Salud Mental, pero no necesitamos que la regulen los mismos de siempre, los que perpetúan el negocio y la precarización de la salud. Necesitamos que las comunidades y los usuarios tengan decisión, más allá de las encuestas consultivas. Se necesitan organismos que expresen los problemas y soluciones del pueblo trabajador.

También se necesitan estándares de calidad. Sin embargo, cabe preguntarse ¿Qué tan efectivos van a ser estos estándares o a disposición de quién van a funcionar? Pues la única forma de elevar los parámetros de los hospitales y residencias psiquiátricas públicas es con la unificación del sistema de salud. Que implique pensar un plan de recuperación y ampliación en las zonas donde la capacidad de las camas esté superada y la infraestructura sea deficiente.

Aunque esta ley reconozca la salud mental como una prioridad, cuidarla, velar por ella, es y seguirá siendo un problema de clase. Abordarla integralmente es desafiar los intereses de los empresarios de la educación, de la vivienda, las farmacéuticas, retail y de la salud. No podemos contentarnos con un gobierno que celebra entregarnos una decena de COSAM, mientras esa misma gente que acude al servicio no tiene hogar o empleo para sustentar las otras áreas de su tratamiento, tan básicas como son la nutrición y el sueño.

Por eso es importante que los pacientes de salud mental avancen a discutir con sus familias, amigues, en sus lugares de trabajo y estudio, problemas de la vida cotidiana y formas de organizarse. Porque hay enemigos comunes, por lo tanto, luchas comunes que dar. Para transformar la vida, para no contentarnos con las migajas que nos dan, para elevar la vista más allá de lo que nos ofrece este sistema.