Victoria Villarruel, hija de un militar que integró las Fuerzas Armadas que dieron el golpe en 1976, usó el Senado de la Nación para reiterar su defensa a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad. Lo hizo escamoteando la verdad de su propósito.
En un discurso encendido, la vicepresidenta habló de las “víctimas del terrorismo”. Se refirió a ellos como “inocentes" y mencionó a José Ignacio Rucci, Secretario General de la CGT asesinado en 1973, como ejemplo de estas víctimas. Lo que no mencionó es que Rucci fue responsable de la masacre de Ezeiza y fundador de la JSP (Juventud Sindical peronista) que integró bandas parapoliciales.
Como recordó el militante setentista y dirigente del PTS en el Frente de Izquierda, Carlos “Titín” Moreira, en una entrevista que le realizamos en este medio, “Rucci fue parte, no solo de la masacre de Ezeiza sino que apoyó la Concentración Nacional Universitaria (CNU), una organización de extrema derecha peronista fundada en 1971 que asesinó a decenas de militantes obreros y populares”.
Volviendo a la "verdad completa", que supuestamente persigue Victoria Villarruel, hay que recordar que, a quienes ella llama terroristas, fueron asesinados por las organizaciones parapolicial, paraestatal, como la CNU y la Triple A -esta última fue organizada por José López Rega por orden del general Juan Domingo Perón- y que al momento del golpe de 1976, las organizaciones armadas estaban diezmadas.
Es llamativo, por usar una expresión cándida, que cuando la presidenta del Senado habla de la violencia de los 70, no menciona a ninguna de estas dos organizaciones. La defensora de los genocidas no es la única que se “olvida” de mencionar estas dos organizaciones. Todos los gobiernos constitucionales, desde Alfonsín a esta parte, incluyendo, por supuesto, los kirchneristas, se negaron a impulsar o tan siquiera condenar los crímenes cometidos por la CNU y la Triple A -integradas por policías y burocracia sindical-. Incluso, en el gobierno de Raúl Alfonsín, bajo la teoría de los dos demonios, se juzgó a los dirigentes de las organizaciones armadas que habían sobrevivido al golpe militar, así como a la Junta Militar. No fueron juzgados ni Isabel Perón ni los integrantes de la CNU y la Triple A, responsables de múltiples crímenes contra la vanguardia obrera y estudiantil. Muchos menos fueron juzgados dirigentes del PJ que firmaron los decretos infames de liquidación de la subversión en 1975, como Carlos Ruckauf. Incluso, Julio Alak, actual intendente de La Plata y exministro de Justicia durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, protegió a Pipi Pomares, un miembro de la CNU. Pomares, quien también ocupó un cargo en la administración de Alak, enfrentó varias causas judiciales por sus crímenes contra la vanguardia obrera, pero logró quedar impune gracias a los favores del Poder Judicial.
Como destacó el dirigente trotskista en la entrevista citada, el régimen político y judicial se niega a condenar los crímenes durante el gobierno de Perón y María Estela Martínez, con el fin de preservar el aparato represivo del Estado, luego de que las Fuerzas Armadas quedarán deslegitimadas para intervenir en la represión interna.
Las causas judiciales contra integrantes de la CNU y la Triple A, son impulsadas por los familiares y organismos de derechos humanos, como cuentan en esta entrevista Andrea Robles, hija del dirigente trotskista César Robles, y la abogada de derechos humanos Liliana Mazea. Todas esas causas no avanzan, justamente, porque hay un acuerdo de todo el aparato del Estado para que queden impunes.
Causas contra “terroristas”
Volvamos una vez más sobre los dichos de la defensora de genocidas. Villarruel sostiene que va a impulsar que se reabran "todas las causas de víctimas del terrorismo", en referencia a muertes ocasionadas por el accionar de organizaciones armadas durante la década del ’70.
La vicepresidenta pretende reactivar tres causas emblemáticas que fueron consideradas prescriptas. En cada una de ellas, los fallos judiciales establecieron que no se podía avanzar porque los actos cometidos por organizaciones armadas en la década de 1970 no constituían crímenes de lesa humanidad -que son aquellos cometidos por el Estado-, ni crímenes de guerra, por lo que son prescriptibles. Debido a esto, ya no pueden ser investigados según la ley.
Una de ellas es la del coronel Larrabure quien había sido secuestrado por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en 1974. Un año después aparece muerto. Se dijo que el ERP lo había ahorcado, sin embargo ni la autopsia ni el expediente judicial prueba que haya sido un homicidio. La prueba más relevante, que desmiente que fue asesinado, la otorga un testigo. El compañero de cautiverio del Coronel, un empresario. René Vicari dijo que Larrabure se suicidó. Esta declaración está en el expediente judicial. No solo hoy no podría juzgarse por haber prescripto, sino que se trata de “cosa juzgada”. El proceso judicial se realizó entre 1975 y 1983. Los condenados recibieron penas de 8 a 15 años. Finalmente fueron ejecutadas o desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar. El hijo del coronel Larrabure, presente en el acto que realizó Villarruel el pasado martes en el Senado, reabrió la causa y todas las instancias judiciales fallaron en contra de que se reabra. Hoy se encuentra en manos de la Corte Suprema.
Otra de las causas que buscan que se juzgue es el atentado en la Coordinación Federal de la Policía Federal del 2 de julio de 1976. En 2003 se presentó por primera vez la causa para que se investigue este hecho, sin embargo, en reiteradas oportunidades la Justicia falló a favor de la prescripción.
La causa por el asesinato de José Ignacio Rucci, líder de la CGT asesinado en 1973, también fue declarada prescripta. La hija del burócrata sindical, Claudia Rucci, ha estado luchando durante años para que se reabra el caso. Sin embargo, el juez Ariel Lijo rechazó su pedido, argumentando que el caso no cumple con los requisitos para ser considerado un delito de lesa humanidad y, por lo tanto, no puede ser considerado imprescriptible. La negativa ha sido rechazada por Claudia Rucci, actual directora del Observatorio de Derechos Humanos del Senado, quien insiste en que se juzgue la muerte de su padre.
Lesa humanidad
Este miércoles, a casi dos meses de la visita de seis legisladores de La Libertad Avanza a genocidas, sesionó una comisión en la Cámara de Diputados para debatir sobre este hecho repudiable. Estuvieron presentes representantes de distintos organismos de derechos humanos para reclamar que se avance con una investigación sobre esta visita. La dirigente del PTS Myriam Bregman junto a otros referentes como Taty Almeida, Adolfo Pérez Esquivel, Guadalupe Godoy, entre otros, tomaron la palabra.
Bregman sostuvo con firmeza que es urgente que se debata en el recinto sobre la visita al penal de Ezeiza a genocidas como Alfredo Astiz; subrayó la importancia de que cada “diputado y cada diputada diga explícitamente qué piensa de esto”. Agregó, además, que hay que continuar con los juicios de lesa humanidad y avanzar con la pata civil del golpe militar "éstos que fueron los verdaderos ideólogos del genocidio, que trabajaban para los grandes empresarios, para el Fondo Monetario…".
La visita a genocidas al penal de Ezeiza abrió una crisis en el gobierno de La Libertad Avanza, y generó múltiples debates públicos. Esto fue provocado por el repudio generalizado de un amplio sector de la sociedad que condenó cualquier intento de impunidad para los genocidas. Javier Milei no dudó en expresar, desde el primer día que se hizo público esta visita, que él no estaba al tanto y que esa no es su agenda.
Sobre el reclamo de funcionarios del gobierno, que sostuvieron que por una cuestión humanitaria debía otorgarse prisión domiciliaria a los genocidas, la abogada por los derechos humanos y referente del PTS-Frente de Izquierda, Myriam Bregman, sostuvo: "No crean que todos los genocidas están detenidos. Los últimos números de la Procuración dicen que hay solo 636 detenidos, de los cuales 508 están en domiciliaria, están en su casa con la familia, festejan bautismos...108 se encuentran bajo custodia penitenciaria. ¿Significa esto que están todos en una cárcel común y efectiva? No, muchos están en Campo de Mayo, la Unidad 34, con cancha de tenis y aire acondicionado”.
Bregman concluyó reiterando el reclamo de la lucha por justicia que lleva más de cuatro décadas. Sostuvo “quiero decir que siempre hemos peleado por cárcel común, perpetua y efectiva, para todos y cada uno de los genocidas. Por todos y cada uno de los 30 mil compañeros desaparecidos, queremos que se los juzgue por todos y cada uno de los casos. Para nosotros no existen los casos testigo, queremos que haya justicia”. |
