El próximo 17 de septiembre se inicia el juicio oral por la causa por incendio en diario El Chubut. A los cuatro acusados, Emanuel Cotut, Jonathan Andrés Luna Almada, Walter Eduardo Medina y Marcos Antonio Wilipan, se les imputa la causa por daños e incendio, ambos en concurso real, en carácter de coautores, por los hechos ocurridos el 20 de diciembre de 2021. El delito imputado con que se eleva la causa es por daño e incendio, ambos en concurso real, de acuerdo a los artículos 183, 186 inciso 1 y 55 del Código Penal, en carácter de coautores.
El caso contra lxs 4 vecinos es una más de las tantas causas armadas por la policía de Chubut (pero que se repite en las policías provinciales de todas las provincias, al igual que la Federal, Gendarmería y Prefectura) donde cotidianamente llevan a cabo todo tipo de prácticas (legales y no) que derivan en la apertura de expedientes basados en pruebas falsas, con el fin de justificar el accionar represivo estatal con el cual intentar dar una respuesta rápida a la cuestión de la “seguridad” o en este caso contra la movilización popular.
Hablamos de causas armadas, donde las principales víctimas son los y las habitantes de los barrios populares de todo el país, en su enorme mayoría jóvenes, como así también los que luchan contra las políticas de ajuste y saqueo de los gobiernos, como sucede con Roberto Gómez, detenido y en huelga de hambre desde la movilización contra ley bases.
Una prueba escandalosa
El juez penal Carlos Richeri aceptó como prueba del fiscal un video donde, uno de los detenidos, Marcos Willipan, camina por la vereda de enfrente al Diario El Chubut. Este video que debería exculparlo es el que utiliza la justicia para querer condenarlo.
Además, este video con el que incriminan a Willipan fue filmado por un policía de civil infiltrado entre los manifestantes que al finalizar la marcha del 20 de diciembre pasaron por El Chubut para repudiar su apoyo a la zonificación minera que impulsaba el gobernador Arcioni.
Una justicia de clase
Luego de 3 años, la alianza entre empresarios promineros como el dueño de El Chubut, la justicia de la provincia que tiene una larga trayectoria en perseguir, juzgar y condenar a luchadores como son los casos de los docentes Santiago Goodman y Estela Juárez por luchar en 2019, las causas contra los docentes que cortaron la playa de tanques en Comodoro Rivadavia, las causas contra los 5 vecinos por el corte de ruta de mayo 2021, el juicio contra 8 manifestantes de Rawson en diciembre de 2021 y podríamos seguir.
Esta saña contra los que luchan y defienden el agua o la educación pública o los derechos, contrasta con la impunidad a los policías de gatillo fácil, a los que torturaron ambientalistas en diciembre de 2019 o los que reprimieron salvajemente la rebelión popular en 2021.
Esta política represiva es otra muestra de la clara continuidad entre la política de Arcioni y Torres.
Una nueva ofensiva extractivista necesita una nueva ofensiva represiva
La legislatura de Chubut votó el 15 de agosto pasado la adhesión al RIGI, una ley que habilita todo tipo de extractivismo, incluida la megaminería. A pesar de las mentiras del gobernador Torres que manifestó que excluía a esta actividad prohibida en la provincia por la ley 5001 y sobre todo por el rechazo social de la adhesión al RIGI, rápidamente salió a la luz de boca del vicegobernador y del ministro de economía que con el RIGI viene la megaminería más temprano que tarde.
Por esto no llama la atención que quieran condenar a los vecinxs, a pesar de las pruebas flojas de papeles. Quieren dar un mensaje a toda la población, porque saben que no hay licencia social para la megaminería. Por eso la lucha por la absolución de todos los que lucharon en la rebelión obrera y popular de 2021 contra la zonificación minera, el desprocesamiento de todos los luchadores procesados por luchar y la ofensiva represiva de los gobiernos es una tarea clave de todos los que decimos: luchar no es delito. Defender el agua no es delito. Chubut ya decidió: No es no | 
