La Secretaria señaló que el clima de violencia que se vive en Guanajuato tiene relación con el neoliberalismo así como con las alianzas que los gobiernos panistas ─que durante 33 años han administrado a la entidad-, establecen con grupos de la extrema derecha como el Yunque.
La funcionaria afirmó que

“Con el mismo modelo económico neoliberal instalado por la derecha, y que ha tenido las mismas autoridades encargadas de la procuración de justicia y persecución del delito en más de una década”

Asimismo, Rosa Icela aseguró que las administraciones panistas se habían centrado en la “concentración del capital en el corredor industrial, lo que acentuó el rezago educativo, falta de acceso a la salud, servicios básicos de vivienda y la precarización de las condiciones laborales”.
De igual forma refirió que, de los municipios del país, León es el más pobre y el segundo con mayor número de personas en pobreza extrema, así como con alta incidencia de viviendas precarias sin servicios básicos.

La funcionaria aseguró, también, que Guanajuato tiene el primer lugar en homicidios dolosos del país, teniendo un incremento de 994% entre 2009 y 2020, y no dejó pasar la oportunidad para señalar que durante los 15 años en que Carlos Zamarripa Aguirre ocupó la titularidad de la Fiscalía de Guanajuato ─de 2009 a 2024-, ha habido un aumento del 194% de los homicidios dolosos.
Ante ello la secretaria hizo referencia que dicho fenómeno se debe combatir a través de programas como “Constructores de Paz” y “Jóvenes Construyendo el Futuro”.

El primer consiste en una estrategia “donde brigadistas recorrerán colonias con mayor índice delictivo con el propósito de alejar a sus similares de la violencia, ofrecer acceso a empleos, fomentar acciones para mejorar su calidad de vida y atender sus necesidades”, sin embargo el dicho programa, al igual que otros del gobierno de la 4T, funciona imponiendo condiciones hiper precarias a brigadistas, en las que ni siquiera se garantizan sus condiciones de seguridad en las intervenciones de campo que se realizan.

Y respecto al segundo de los programas, se trata de uno que exime a las empresas de cualquier tipo de responsabilidad con los y las becarias, beneficiando a los empresarios y normalizando la precarización al no reconocer la relación laboral directa que mantienen, además de que se ahorran el pago de sueldos y prestaciones, pues estas últimas y las becas son otorgadas por el gobierno.

En ese sentido, es indudable que la violencia tiene que ver con la agudización de la precariedad de la vida y el trabajo. Por ello, una dimensión importante del combate a ella es el de garantizar trabajo digno, lo cual pasa necesariamente por otorgar salarios suficientes, plenos derechos laborales y estabilidad en el trabajo.

Si no se atienden esos aspectos, como es el caso de los programas mencionados, estamos solo frente a medidas paliativas momentáneas que no darán solución a estos fenómenos.

Ahora bien, en cuanto a las alianzas de las administraciones panistas con la extrema derecha yunquista, los señalamientos del gobierno federal no son muy congruentes si se toma en cuenta que el Morena le ha abierto las puertas a personajes de dicha organización como lo son Manuel Espino, o la alianza que el morenismo ha establecido en distintos momentos con organizaciones evangélicas nacionales.