El gobierno de Bernardo Arévalo afronta varios frentes, por un lado, el ataque del denominado Pacto de la Impunidad de las fuerzas conservadoras, el bloque de poder real que han ejercido gobiernos anteriores al del partido Movimiento Semilla, más problemas estructurales y coyunturales que le explotan al gobierno, donde surgen sectores, aunque minoritarios, que comienzan a cuestionarlo por izquierda ante las promesas incumplidas y el desencanto se empieza a sentir.
En el plano de la superestructura
Los sectores conservadores apuntalados por la jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, y el encargado de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curuchiche, que pretendía que el gobierno de Arévalo no asumiera el poder ejecutivo, las acciones golpistas continúan. Es importante recordar que la FECI había secuestrado el padrón electoral violentando los derechos básicos de los votantes y ya había robado los nombres de los integrantes de las juntas receptoras de votos al Tribunal Supremo Electoral, además de acciones penales contra funcionarios de gobierno, en el proceso espurio que se le sigue a Semilla por la constitución como partido.
Como intento de meter una contratendencia Semilla ha buscado garantizar la llamada gobernabilidad (una base para ejercer el poder dentro de la política burguesa) debido a la cancelación en tanto partido político aun antes de que Arévalo asumiera. Por esto último no pudo asumir cargos en el Congreso como la Junta Directiva, por lo que estableció entonces alianzas con bancadas de partidos – en Guatemala estos son puras maquinarias electorales - que se desligaron del pacto conservador y lograron que asumiera el nuevo gobierno. Sin embargo, leyes vitales para la sobrevivencia del actual gobierno no han logrado pasar, como la reforma del MP para lograr sacar a Porras y es mas la Corte de Constitucionalidad le ha detenido acciones legales para lograr que Arévalo destituya a Porras y Curruchiche.
Se propuso una consulta popular para sacar a la fiscal general sin avanzar ni un ápice en ese sentido. Esto implicaría un ejercicio de organización de los votantes, afiliados a ese partido y simpatizantes, pero Semilla reproduce la lógica electoralista, pesando su naturaleza pequeño burguesa que le marca su estrategia política.
Tal situación de clase se refleja en el hecho de apoyarse en algunos sectores empresariales oligárquicos, específicamente los ligados a los Bosh-Gutierrez y los Paiz, porque otros lo siguen viendo con desconfianza tales como grupos corporativos como Castillo, Megly, Herrera y otros, y es más financian organizaciones de extrema derecha, que se dedica a desprestigiar luchas democráticas, tales como la Fundación Contra el Terrorismo.
Recién el gobierno tuvo una relativa victoria aun no definitiva con la aprobación de una ampliación presupuestaria para lograr tener fondos para este año en el Congreso de la Republica, esto ante el contexto falta de recursos financieros para 2024 al no aprobarse el presupuesto el año pasado. De tal forma que la bancada de Semilla logro revivir las alianzas con las bancadas que le permitieron asumir el gobierno en enero. Sin embargo, aunque la Corte de Constitucionalidad rechazó la ampliación presupuestaria a raíz de acciones de inconstitucionalidad promovido por diputados de la oposición de derecha, en el Congreso se aprobó nuevamente con 105 votos la ampliación a la espera de recursos legales para detenerlo. Esto en el momento que el ministro de finanzas Carlos Mencos presenta al legislativo el proyecto de presupuesto para 2025.
La situación económica ahoga a las clases trabajadoras
Una característica de la coyuntura es la escalada de precios que ahoga a la clase trabajadora, si bien se viene de un repunte inflacionario en el marco de la pandemia con causas en la oferta y la movilidad de las mercancías a escala global, estos últimos meses los productos de primera necesidad han escalado de forma considerable.
Entre las causas estarían los efectos de los fenómenos climáticos que se ha sufrido como sequía, incendios primero, lluvias torrenciales e inundaciones después; producto del desequilibrio climático que el sistema capitalista genera a nivel mundial; situación que afecta el cultivo de hortalizas, legumbres y verduras, afectando el precio de estas para el consumidor nacional y para los países centroamericanos, pues Guatemala exporta a estos. Para paliar eso el gobierno ha abierto cuotas de importación para lograr mayor existencia en el mercado y bajar los precios, una política que afecta a pequeños y medianos productores agrícolas locales.
Circula también de que algunos ricos comerciantes intermediarios del principal mercado capitalino La Terminal, que distribuye a los mercados barriales capitalinos ligados al partido UNE, estarían acaparando estos para generar incertidumbre dentro de “un plan desestabilizador”; pero también están las prácticas monopólicas propias del sistema capitalista de grandes supermercados como la cadena trasnacional Walmart y otras como La Despensa, La Barata, Econosuper de burgueses locales.
A eso se suma el estructural problema de tenencia de la tierra, donde se mantiene una dinámica acaparadora por parte de grandes terratenientes, para aumentar sus siembras, industrialización y exportación de cultivos como la palma africana, caña de azúcar, banano y otros frutos, por un lado, o para la exploración y extracción de minería por el otro. Eso ha generado, en lo que va de este gobierno, 20 desalojos de comunidades campesinas en su mayoría de origen maya en el norte del país, donde la concentración de la tierra es mayor, muchos de estos grupos viven en tierras que fueron arrebatas hace más de un siglo – tras las reformas liberales de 1871 – quedando en algunos casos como colonos dependientes de los terratenientes.
Otras comunidades padecen persecución por el derecho a la tierra. Según Prensa Comunitaria la comunidad Nueva Esperanza, Barberena, departamento de Santa Rosa, está acusada de usurpación agravada tipo penal que es usado para criminalizar al campesinado. Este medio también denuncia que en El Estor, departamento de Izabal, la empresa productora de palma africana Naturaceites amedrenta a campesinos mayas Keqchies de la comunidad Chapin Abajo por medio de grupos armados, una comunidad que está cercada por las plantaciones de palma.
De igual forma en el municipio de Livingston de ese mismo departamento, se intentó desalojar a la comunidad Keqchi de Rio Tabernal a orillas del lago de Izabal por orden de una jueza de ese municipio. Dicho intento de desalojo se iba hacer con 500 policías, pero la jueza la suspendió al “no tener transporte” para las familias campesinas. En 2019 la comunidad indígena ocupó la tierra propiedad de la familia Motta Vidauri, que se cree tiene interés de realizar exploraciones mineras; las y los campesinos alegan que fueron despojados de esas tierras.
Diálogos e ilusiones con el nuevo gobierno
El gobierno de Semilla por medio de la Comisión Presidencial para Paz y los Derechos Humanos emprendió una mesa de discusión con organizaciones campesinas, pero esto no ha parado la represión y el desalojo. Estos son acompañados de efectivos de la Policía Nacional Civil adscrita al Ministerio de Gobernación; el ministro por su parte aduce que son órdenes de juez, pero estas órdenes son ilegales. Además, por un lado, se trata de órdenes que se ventilan en la justicia penal y no civil, donde los abogados al servicio de los terratenientes logran criminalizar a las comunidades campesinas; pero por el otro ha habido desalojos extrajudiciales por medio de guardias privados de los dueños de las fincas, sin que la policía ni la Procuradora de los Derechos Humanos haga algo. Todo esto bajo el gobierno de Arévalo.
El Comité de Unidad Campesina (CUC) y el Comité Campesino del Altiplano (CCDA) que son parte de esa mesa montada por el gobierno, han denunciado esto atropellos y desalojos, amenazando con romper tal mesa, pero las ilusiones en el nuevo gobierno pesan más. Solo el Comité de Desarrollo Campesina (Codeca) que de hecho ya no se autodefinen como organización campesina sino como movimiento sociopolítico lo ha denunciado en una movilización que realizó en julio en la ciudad capital, además de denunciar el alto costo de la vida y los compromisos de Arévalo con sectores empresariales.
Por su parte para el Movimiento Autónomo Sindical Guatemalteco (MASG) que aglutina a dos centrales sindicales y a varias federaciones sindicales, que tibiamente han exigido al gobierno y al Ministerio de Trabajo que cumpla con la legislación laboral, en materia de salarios, prestaciones, eliminar la terciarización, así como el control de los precios de la canasta básica, pesa más la ilusión que este gobierno detendrá el abuso patronal, en lugar a organizar a los trabajadores para luchar por sus demandas. En Guatemala el despotismo de la fábrica y la empresa es voraz y cuando se quiere formar sindicatos en la empresa privada son rápidamente destruidos por las patronales.
El sindicalismo en el Estado sobre todo en salud y educación pública ha tenido fuerza. Si bien mantienen pactos colectivos - pese a la fragmentación sindical que existe- que son conquistas laborales que la derecha empresarial busca eliminar, muchas veces los lideres de sindicatos negocian prebendas. Tal como el secretario del STEG (Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala) Joviel Acevedo, como tener el control de los delegados departamentales (funcionarios del ministerio de Educación) mientras que negocian secretamente temas laborales sin hacer asambleas con las bases, como actualmente se hace con el pacto colectivo pese al discurso de hacerlo publico de parte de la ministra de educación.
En salud publica durante la pandemia el Sindicato de Empleados del Hospital San Juan de Dios se movilizó exigiendo mejores condiciones para atender la situación emergencia por el Covid y exigir que se transfiera a los trabajadores a plazas con tiempo indefinido. Pero a raíz de las elecciones este y otros sindicatos le apostaron apoyar a diversos partidos políticos dejando al lado las luchas gremiales.
Sería vital que los trabajadores junto al conjunto de los sectores explotados y oprimidos se unan para hacerle frente a una situación que ahoga al pueblo trabajador, a las comunidades pobres, los campesinos e indígenas. Es fundamental organizarse de manera independiente del gobierno de Arévalo, que prometió cambios al pueblo ante semejante situación, pero la realidad en cuanto a las condiciones de vida nada ha cambiado, así como enfrentando a las fracciones de los grandes grupos económicos, los grupos conservadores y sus partidos que han ejercido el poder. |
