Corrupción y lucro por un lado…

México atraviesa actualmente una reforma judicial que busca aliviar la profunda descomposición de su sistema judicial. Este sistema, al igual que otros poderes del Estado, es denunciado por facilitar redes de tráfico de armas, drogas y trata de personas, así como por altos índices de corrupción que generan mafias y componendas entre grupos económicos, favores de autoridades judiciales y el lobby de grupos políticos.

Ahora bien, la reforma judicial que resuena en los pasillos parlamentarios chilenos, tras el anuncio de buscar transparentar la justicia a raíz del escándalo destapado por el caso Hermosilla, -quien puso en jaque la teoría de la independencia entre los poderes del Estado y la imparcialidad y probidad de los jueces-, abre un debate crucial sobre el alcance de estos cambios. Aunque la versión chilena difiere significativamente de la reforma votada en México (la cual introduce la elección popular de jueces)- ninguna elimina los privilegios espurios, que solo se lograrían con la revocación de jueces y con la abolición de la corte suprema, la cual debería ser reemplazada por tribunales populares, unica forma de garantizar los intereses populares.

…impunidad y represión por el otro

En ambos países referenciados, la criminalización de la protesta social, el encarcelamiento político por medio de montajes, la impunidad en crímenes de lesa humanidad, desapariciones en democracia y ataques a pueblos campesinos y originarios, está a la orden del día de la agenda judicial de los diferentes gobiernos de turno.

Durante el mandato de Boric, el impacto ha sido aún más profundo. Su discurso a favor de los Derechos Humanos y en contra del "fascismo" se ha desvanecido ante la sucesión de casos y causas de persecución contra quienes luchan, así como la impunidad otorgada a los responsables políticos y materiales de crímenes de lesa humanidad y gatillo fácil. Estos hechos, acumulados en sus dos años y medio de gestión, no tienen nada que envidiarle al gobierno de Bachelet y especialmente a Piñera.

En el centro están los connotados casos de Anthony Araya, Francisca Sandoval, Alonso Verdejo, Pablo Marchant y los causas de prisión política como el de Nicolás Piña, entre la larga lista del gobierno de Apruebo Dignidad. Estos casos- aunque disímiles entre sí- ilustran cómo el sistema judicial y las fuerzas del “orden”, actúan en connivencia para desarrollar la represión y la impunidad.

La vergonzosa absolución de Sebastián Zamora

Sebastián Zamora, -carabinero formalizado por homicidio frustrado y apremios ilegítimos por empujar a Anthony Araya desde una altura de 7 metros-, fue absuelto por el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago. A pesar de las pruebas contundentes, que incluían imágenes de video y testimonios, el tribunal decidió desestimar las acusaciones, permitiendo que Zamora no solo quedará libre de cargos, sino que fuera reincorporado a la institución policial. La absolución de no sólo blanquea su accionar, sino que valida el uso excesivo de la fuerza en el contexto de las protestas sociales, reforzando un patrón de impunidad que sigue presente desde la dictadura militar. Como si no fuera suficiente, el pasado 26 de julio, dictó que los querellantes fueran obligados a pagar los costos del juicio. Esta decisión asegura que no solo se exonere al carabinero, sino que además se castigue económicamente a quienes buscaron justicia.

Pablo Marchant: Continuidad en la impunidad

El caso de Pablo Marchant, joven Mapuche asesinado por Carabineros hace dos años, también revela la continuidad de la impunidad bajo el gobierno de Boric. Marchant fue ejecutado con un disparo en la nuca mientras ya estaba arrestado, en el contexto de una acción de sabotaje en el ex predio Santa Ana. La investigación del asesinato ha estado marcada por la obstrucción y el encubrimiento, y el principal responsable fue trasladado a Punta Arenas sin que se hiciera público un sumario administrativo. La familia y compañeros de Marchant continúan luchando por la verdad, justicia y castigo a los responsables materiales, que efectúan bajo el manto de las ley antiterrorista saqueos a las comunidades, en función de los intereses de las forestales y empresarios extractivistas.

El asesinato de Francisca Sandoval y Alonso Verdejo: “civiles” amparados por los carabineros

El caso de Francisca Sandoval, periodista de Señal 3 de La Victoria, plantea otra arista. Asesinada de bala por un narco-comerciante durante una manifestación del Día del Trabajador el 1 de mayo de 2022, demostró que la falta de la zona liberada de parte de Carabineros, que permitió que atacantes armados actuaran con total impunidad, en contexto de represión en una movilización social.

Por su parte, el reciente caso de Alonso Verdejo, joven estudiante asesinado con un arma blanca durante la marcha hacia el Cementerio General el 51 aniversario del golpe militar, fue comparado con el caso de Francisca. Alonso, fue asesinado por un contramarcha amparado por un piquete de Carabineros, en un contexto donde el gobierno de Boric había desplegado una masiva presencia policial.

La hipótesis de que los asesinos formaban parte de grupos que se infiltran de la mano con el accionar represivo de la policía, resalta cómo el Estado recluta “lúmpenes” para herir, asesinar o generar montajes.

El rol de los intra marchas para montajes judiciales

Si de escándalos judiciales hablamos, es inevitable no mencionar la condena a 10 años de prisión de Nicolás Piña, solamente por el testimonio de los “intramarchas” de la OS9. La fiscalía y el Ministerio del Interior, presentaron pruebas que se contradicen tanto en los testimonios como en el peritaje de imágenes y pertenencias incautadas. En este caso, el gobierno actual ha continuado la línea represiva iniciada por el gobierno de Sebastián Piñera, presentando querellas contra los presos políticos de la revuelta y los presos políticos Mapuche, que se encuentran en huelga de hambre contra los fallos clasistas, por la nulidad de los fallos, el desprocesamiento y la libertad.

La Ley Naín Retamal, impunidad para matar

Coronando esta serie de políticas criminales y represivas, aprobada el 6 de abril de 2023, ha sido denunciada por ser una "ley de gatillo fácil" ya que permite que las fuerzas policiales actúen con impunidad en nombre de la "legítima defensa privilegiada". Esta ley, impulsada por sectores de derecha y aprobada con el respaldo de una parte del oficialismo, fortalece la impunidad policial. Los asesinatos de David Toro, Nehomar Terán, Maritza Pizarro, y los jóvenes Tomás Pérez y Maximiliano Rodríguez, entre otros casos, dan cuenta de la necesidad de una comisión investigadora independiente, que obre con transparencia y garantice el control popular de los procedimientos, ya que los peritajes han sido sistemáticamente manipulados o eliminados, para evitar que salga a la luz que en ningún momento corrió riesgo la vida de los carabineros que dispararon a sangre fría.

Tomando en cuenta esos casos testigos, es fundamental entonces que no se naturalicen los vejámenes que se cometen sistemáticamente. Entender el por qué y plantear una alternativa. Profundizar la organización independiente al Estado, para luchar por un pliego de demandas, en defensa de las libertades democráticas.