AMLO aseguró que esta reforma posibilita proteger los esfuerzos tras la creación de la GN en su administración:

"Que todo este esfuerzo no se eche por la borda por el paso del tiempo, que esto no se destruya, que no vuelva a suceder lo que ya se ocurrió con la Policía Federal, que se inició con (Ernesto Zedillo), llegó a manejarla García Luna y se corrompió en su mejor momento"

En términos generales, la Reforma dejará establecido que la Guardia Nacional redefinirá su papel en la seguridad pública de México. Dejará de considerarse una "institución policial de carácter civil" y se convertirá en una "fuerza de seguridad pública, profesional, de carácter permanente", adscrita a la Sedena.

El 30 de junio de 2019 AMLO encabezó un acto público con el que se dio inicio al despliegue de la Guardia Nacional para que realizara labores de seguridad pública. Desde su nacimiento dicha institución policial tenía un fuerte componente militar, pues incorporó a elementos del Ejército y Marina.

A pesar de ser presentada como una corporación de carácter civil, para 2020 esta institución reportaba tener 76,773 elementos desplegados a lo largo y ancho del país y de ellos el 76% eran militares (50,553 de la policía militar o naval y 5,980 soldados).

Ese porcentaje de entrada ya planteaba un serio cuestionamiento al carácter supuestamente civil de la corporación. A eso se le sumó que su 1° comandante hasta 2023, Luis Rodríguez Bucio, era un militar retirado. Quien lo sustituyó, David Córdova Campos, es un militar en activo, General de División.

Los defensores de esta Reforma e intelectuales de la 4T han dicho que esta medida forma parte de una militarización del país. Han insistido en que en esta administración lo que ha ocurrido, supuestamente, es la “socialización del ejército”.

Desde el punto de vista de ellos, la socialización de los cuerpos castrenses consiste en la asignación de tareas civiles a los militares para “hacerlos parte de la sociedad”.

Sin embargo, como cuerpo represor ya son parte de la sociedad, y su función es, principalmente, reprimir en aras de proteger la propiedad privada de los medios de producción y garantizar la preservación y el avance de los intereses de las burguesías nacionales y transnacionales en detrimento de la clase trabajadora, sectores populares y comunidades indígenas. Esto es algo que omiten mencionar de manera persistente y deliberada estos intelectuales.

Los militares han actuado históricamente en hechos de desaparición forzada. Hay miles de casos durante el periodo de tiempo conocido como la Guerra Sucia. En tiempos recientes, a nivel oficial, se reconoce la existencia de 354 víctimas a las que “se le(s) privó de la libertad por una corporación policiaca o militar” (desapariciones forzadas), entre los años 2006 y 2023, según informa el medio Animal Político, con base en datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), de la Secretaría de Gobernación.

Pero la cifra no concuerda con la realidad por que hay un subregistro de casos debido a que en la mayoría los familiares de las víctimas no se atreven a denunciar por miedo a represalias y porque saben de la impunidad de la que gozan las Fuerzas Armadas.

El medio Fábrica de Periodismo dio a conocer que a finales de 2023 la Guardia Nacional estaba compuesta por un 48% de policías militares, un 38% de elementos de la Semar y Sedena, así como un 14% de expolicías federales. El 1% restante son nuevos reclutas.

Parafraseando al académico Roberto Gonzáles Villareal, la militarización implica un conjunto de prácticas, instituciones, organizaciones, decisiones, leyes y normativas que han expandido la presencia, actividades, funciones, atribuciones y gestiones del ejército, la fuerza área y la marina en la seguridad pública, en la operación, administración y usufructo de negocios, aduanas, fronteras, ferrocarriles, aeropuertos, puertos, así como la posibilidad de continuar expandiendo dichas facultades en el ámbito civil para garantizar los intereses capitalistas nacionales y transnacionales ─imperialistas-, dotando a la milicia, aún en mayor medida, de impunidad para actuar violando derechos humanos.

Si tomamos eso en cuenta, lo que está ocurriendo en este sexenio no solo es la continuación de la militarización en el país ─impulsada por las administraciones panista y priista- sino su intensificación. No hay “socialización del ejército” como dicen los intelectuales e ideólogos del Morena, hay militarización a secas. La reforma que incorpora a la Guardia Nacional a la Sedena solo viene a terminar de formalizar el carácter castrense que, como hemos visto, dicha institución tiene desde su nacimiento.