Un estudio de Colliers calcula que menos de un 25% de las personas menores de 35 años puede acceder a comprar una vivienda. Esta cifra descendió a más de la mitad del porcentaje de acceso a comprar un lugar para vivir desde el año 2009. Pero ¿Qué expresa este descenso para comprar viviendas?
Este estudio muestra la realidad que están viviendo las personas menores de 35 años, pero la verdad es que la situación es mucho más crítica, por ejemplo en la encuesta Casen del año 2022 se estima que hay 552.046 de requerimientos de nuevas viviendas, siendo uno de los grandes problemas de la clase trabajadora y los sectores populares que no pueden acceder a este derecho.
Dentro de las dificultades de acceso está la especulación del suelo, favoreciendo a las inmobiliarias que hacen un tremendo negocio con la necesidad urgente de la población, ante lo cual el director ejecutivo de Colliers menciona: “Hoy el valor de la vivienda es casi tres veces más que hace 3 años”, a esto.se le suma las tasas de interés, el alza de la UF, los requisitos que piden los bancos para acceder al financiamiento, bajos sueldos que no alcanzan para llegar a fin de mes, etc.
Todo esto ha empujado a que miles de familias tengan que tomarse un terreno para poder levantar sus casas, situación que se fue agudizando por la pandemia del covid-19, tiempo en el cual por ejemplo se levantó la toma Dignidad en la comuna de La Florida, siendo más de 750 familias quienes se han visto obligados a autoconstruir sus viviendas y accesos a servicios básicos, además de padecer la angustia del desalojo, a pesar de los acuerdos que las dirigentas han llegado con el municipio, quien a través del alcalde Carter junto al gobierno de Boric, han utilizado la Ley Antitomas, amenazando constantemente a las familias a quedarse en la calle y no responder a la necesidad urgente de vivienda.
Esta necesidad se repite a nivel nacional, esto se expresa en el último catastro del MINVU del año 2022, en que se muestran que existían 71.962 hogares en campamentos.
Así mismo en la comuna de Antofagasta, según un estudio realizado por el Instituto de Políticas Públicas (IPP) de la Universidad Católica del Norte, en el que se dio a conocer que, en un lapso de 12 años, la cantidad de campamentos existentes en la comuna pasó de 14 a 99. Mientras que, en el caso de las familias que habitan en las tomas, pasaron de concentrar 555 familias a 7.494 grupos familiares en los campamentos.
Ante esto Natalia Sánchez, concejala del PTR en Antofagasta dice “En Chile no existe real derecho a la vivienda , sino que existe un negocio millonario con esta necesidad básica. Negocio que comenzó a formarse durante la dictadura militar y los primeros años de instauración del neoliberalismo, dando paso a un criterio mercantil y al desarrollo de importantes grupos inmobiliarios que fueron comprando terrenos fiscales y creando un gran negocio con bancos privados y con el propio Estado” a lo que agrega “Hay que ponerle fin a la especulación inmobiliaria y avanzar en un plan de viviendas controlado por trabajadores y comités de vivienda, que planifique la administración de los bienes expropiados y los planes para la construcción de viviendas definitivas pagadas por el Estado”.
Ante la urgencia de vivienda, es necesario terminar con el negocio inmobiliario que se llenan los bolsillos con la vivienda, mientras miles de familias no pueden acceder a un lugar para vivir. Es por ello que es necesario hacer un plan de emergencia habitacional, que sea gestionado y controlado por trabajadores, comités de viviendas, pobladores y expertos decidan y planifiquen colectivamente el uso del suelo en la ciudad y así dar salida al problema.
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