El jefe de Gabinete Guillermo Francos dijo que el Gobierno analiza implementar cortes de electricidad “si viene un verano de mucha temperatura”. Suena a provocación, con facturas que registraron aumentos de hasta un 230 % desde diciembre. Tu “libertad” no avanza con Milei y compañía.
Los funcionarios de La Libertad Avanzale siguen tomando el pelo a la población, más aún a quienes los votaron para “mejorar” la situación económica y social que se viene deteriorando con todos los gobiernos. Este domingo el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, anticipó que en el próximo verano habrá cortes programado de energía eléctrica.
“Va a haber una programación… hay, está todavía analizándose, lo hablaba el otro día con el secretario de Energía… se supone que puede haber una… eh… si viene un verano de mucha temperatura puede haber una demanda muy alta de electricidad y, lamentablemente, como no ha habido inversiones en este último tiempo, con lo cual… va a faltar generación y va a tener que programarse algún corte”, dijo Francos este domingo en declaraciones a Radio Mitre.
Aunque intentó aclarar que esos cortes surgirían de “acuerdos con los sectores productivos e industriales” (dando a entender que los cortes no afectaría directamente al usuario particular), el ministro anticipa un mayor ajuste a las condiciones de vida de la población.
Como si LLA no llevara más de nueve meses gobernando, el jefe de Gabinete demuestra que su gobierno no se hace cargo de nada. Anuncia cortes de electricidad y al mismo tiempo justifica que desde que llegaron a la Casa Rosada la población debe pagar mucho más que antes por el mismo (o peor) servicio.
“Las tarifas aumentan, porque si no el costo lo tiene que pagar el Estado, siempre hay que pagar el costo de funcionamiento. Si no lo paga quien consume, lo tiene que poner el Estado, porque si no las generadoras no generan”, jugó con las palabras Francos, fiel exponente de la casta especializada en justificar lo injustificable. En un guiño a las corporaciones, agregó que “si no hay generación razonable, obviamente a nadie se le puede pedir inversión”.
Francos se hizo eco de declaraciones vertidas días atrás por Darío Arrué, interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE). “El verano que viene, y no solamente el verano, van a ser complicados porque el sistema está subinvertido. No solo van a faltar algunas instalaciones de transporte y distribución sino también de generación. Los tres segmentos están mostrando restricciones”, afirmó el responsable del ENRE, quien agregó que “la magnitud” de esas restricciones “no se puede determinar previamente”.
Los funcionarios de Milei hablan como si no hubiera sido su Gobierno el que, en estos nueve meses, dolarizó los precios de la generación de energía eléctrica, acordó con las compañías nacionales y multinacionales una merma en la inversión, provocó vía la recesión un consumo mucho menor de electricidad en la industria y, sobre todo, activó un tarifazo brutal al consumo familiar.
Según datos del Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de UBA-Conicet, en julio las tarifas sumadas de electricidad, gas, agua y transporte llegaron a costar un estimado de $ 142.645, el 15 % del salario promedio.
Los especialistas del IIEP aseguran que entre diciembre y junio las tarifas eléctricas tuvieron un aumento del 230 %. Ese tarifazo fue mayor que la inflación y más que triplicó el aumento del salario mínimo vital y móvil. Desde que asumió Milei hasta agosto el IPC creció un 126 % y el salario mínimo apenas un 68 %. Así, el costo de la canasta de servicios públicos del AMBA tuvo un incremento del 374 % sólo hasta junio.
Desde la óptica deshumanizante del gobierno libertariano, los tarifazos se justifican por la necesidad de reducir los subsidios a las empresas energéticas en pos del “equilibrio fiscal” con el que se busca complacer al FMI y el stablishment financiero. Algo que, vale recordar, también hicieron (con sus diferencias y particularidades) las gestiones de Alberto Fernández-Cristina Kirchner-Sergio Massa y Mauricio Macri.
Para todos los inquilinos de la Casa Rosada, lo único que “no se toca” es la ganancia de las corporaciones. Eso significa, además de garantizarles facturaciones siderales, no investigar qué hicieron con los multimillonarios subsidios durante las últimas décadas.
Ante ese “dejar hacer” por parte del Estado, el conjunto de la población sufre desde hace años un servicio cada vez más degradado. Desde recurrentes apagones en ciudades o provincias enteras hasta cortes intermitentes en infinidad de barrios, el deficiente suministro de electricidad se fue naturalizando al punto de que ya nadie parece imaginar una “normalidad” con luz permanente. Algo que resulta más complejo aún para usuarias y usuarios electrodependientes.
Como escribió en agosto nuestra columnista Lucía Ortega, “el Gobierno impuso estos tarifazos sin absolutamente ningún cuestionamiento sobre qué hizo cada empresa prestataria con los multimillonarios subsidios otorgados por el Estado nacional desde el año 2002, que llegaron a representar casi 3 puntos del PBI en 2014, mientras que cientos de miles de familias se quedan sin energía eléctrica cuando hay temperaturas elevadas o bajas”.
Un informe del mes pasado de la consultora PxQ afirmaba que para este año los subsidios del Estado al sector energético alcanzarían los U$S 6.744 millones, lo que equivale a 1 punto del Producto Bruto Interno (PBI). Milei y Luis Caputo redujeron el volumen de subsidios respecto al año anterior, permitiendo a las compañías recuperar ese supuesto “faltante” inflando las facturas de millones de clientes. El objetivo es uno: sostener la tasa de ganancia de las megacorporaciones a costa de los recursos de las mayorías populares.
Como afirma Ortega, “bajo el modelo de gestión privada, ya sea con subsidios o con tarifazos, las empresas, que la levantan en pala, desinvierten imponiendo la decadencia del sistema energético. O sólo invierten parcialmente cuando pueden cobrar carísimo cada peso que desembolsan, como ocurrió durante los años de Carlos Menem y Fernando De la Rúa”.
A partir del duro conflicto salarial con los gremios aeronáuticos, la semana pasada Mileiavanzó en reglamentar la actividad aerocomercial como “servicio esencial”. Lejos de considerar el viaje en avión un derecho accesible para toda la sociedad, la maniobra del Gobierno busca atacar el elemental derecho a huelga y protesta de miles de laburantes del sector. Al mismo tiempo, con tarifazos y anuncios de cortes programados para el verano, LLA demuestra que no le importa garantizar un verdadero servicio esencial como es la electricidad.
La única forma de evitar tanta oscuridad en el sistema energético es a través de una verdadera planificación de ese servicio en beneficio de toda la población, algo que sólo puede alcanzarse si se estatiza todo el sistema energético nacional, desde la extracción de los bienes naturales comunes hasta la distribución, pasando por la generación y el transporte.
Una estatización, claro, distinta a la conocida hasta antes de las privatizaciones menemistas. Empezando por su gestión, que debería quedar en manos de los propios trabajadores del sector junto a técnicos especializados (de universidades públicas y organismos como el Conicet), y el control a cargo de comités de usuarios populares.
Tras años de expoliación de las riquezas sociales por parte de un puñado de capitalistas, la expropiación o quita de concesiones deberá ser sin ningún tipo de indemnización. Incluso si se accede a los estados contables de esas empresas se podrían descubrir los detalles de ese saqueo histórico y exigirles una reparación al pueblo trabajador por haber llevado el sistema a esta situación decadente.
Nada de eso puede estar en la agenda de Milei, sus funcionarios y sus aliados macristas, radicales, “federales” y “cívicos”. Pero tampoco en la de la oposición peronista, responsable de gran parte de esta situación luego de haber gobernado muchos años con la misma lógica de garantizar las ganancias empresarias a costa del bolsillo y la salud de las mayorías trabajadoras.
