La versión de las autoridades señala que integrantes de la Sedena patrullaban la zona, cerca de la costa, cuando se cruzaron con un camión que buscó escapar a la altura de la comunidad Los Cocos. Los uniformados los persiguieron y según el informe oficial habrían sido atacados con disparos, ante lo cual balacearon el vehículo.

Fallecieron cuatro personas en el lugar y dos en un hospital del municipio de Huixtla, a donde habían sido trasladados con otras 10 personas heridas.

Las personas en tránsito son de nacionalidad egipcia, nepalí, cubana, india, pakistaní y saudí. Diecisiete resultaron ilesas y fueron remitidas al Instituto Nacional de Migración.

De acuerdo con el informe oficial de la Sedena, fueron dos los militares que dispararon contra las personas migrantes, y fueron separados de sus cargos “y al ser un hecho donde se vieron afectados civiles, se hizo del conocimiento de la Fiscalía General de la República para que realice las diligencias legales correspondientes y determine deslinde las responsabilidades que correspondan”.

Estos hechos evidencian una de las funciones de la militarización: evitar el avance de personas migrantes hacia Estados Unidos, de acuerdo con las órdenes de la Casa Blanca.

En un día cargado de historia, a 56 años de la masacre de Tlatelolco, es indignante el accionar del Ejército, responsable de crímenes de lesa humanidad como la matanza de 1968, vuelos de la muerte, torturas y desapariciones forzadas desde los años de la Guerra Sucia hasta Ayotzinapa.

Las personas de origen extranjero que transitan por territorio mexicano en busca de un futuro mejor enfrentan los peligros de ataques tanto del crimen organizado como de las fuerzas represivas.

Una mancha en el segundo día de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, que ofreció disculpas públicas a sobrevivientes del 1968 y a sus familiares, pero mantiene la defensa del Ejército, una institución vinculada con el crimen organizado, como se evidenció en el caso Ayotzinapa.