Como es del dominio público, el Senado de la República aprobó la reforma al Poder Judicial (PJ) por medio del voto del (impresentable) panista, Yunes Márquez. Esta jugada del Morena generó incomodidades entre simpatizantes del partido. Luego, como mero trámite, 17 legislaturas locales hicieron lo propio y al final, el presidente de la república promulgó en el Diario Oficial las reformas a la Constitución, cerrando una etapa en la batalla política entre el gobierno y la oposición de derecha.
Ante este escenario, la presidenta Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña llamó a los magistrados y demás altos funcionarios del PJ para consultar sobre la posibilidad de presentar una acción de inconstitucionalidad (último recurso legal para detener la reforma) contra los cambios a la carta magna.
En sentido estricto, dicha acción solo procedería contra violaciones al procedimiento de la reforma (todos los pasos que se deben tomar para cambiar la máxima ley del país). Sin embargo, entre algunos juristas afines a la oposición este recurso puede seguirse cuando la SCJN consideré que se están violando principios constitucionales, es decir, cuando ciertos axiomas jurídicos deben ser protegidos a toda costa. El problema con esta visión, en lo que refiere a la teoría del derecho, son varios, pero nosotros mencionaremos solo dos.
El primero es que esta posición afirma implícitamente que dentro de la propia constitución hay artículos inconstitucionales, por lo tanto, hay jerarquías dentro de la propia carta magna, lo cual contradice al principio de constitución como un solo bloque. El segundo problema es que la SCJN nunca dejó un antecedente claro sobres la posibilidad de analizar contenidos de la propia ley fundamental, por el contrario, se pronunció en contra de esta opción. En resumen, si la mayoría de los ministros y ministras de la Corte acepta dar entrada a analizar una acción de inconstitucionalidad sobre este tema estaría contradiciendo toda una doctrina que ella misma asentó más de una vez.
El problema político de fondo
Más allá de las contradicciones de lógica-jurídica, tenemos la cuestión de fondo que es lo político. Sí la facción que comanda la ministra Piña acepta dar trámite a la inconformidad estaría dejando en evidencia que la interpretación de la ley la hace en función de su propio interés y conveniencia.
Asimismo, se volvería evidente que los magistrados se ubicarían a sí mismos como juez y parte, lo que es injusto per se, sin olvidar que su resistencia tenaz a la reforma en automático invalidaría la tan vociferada imparcialidad que se presume en el PJ. En este sentido, más de una vez se le argumentó a la Corte que se protegiera derechos colectivos y los ministros haciendo una lectura antipopular de la ley desestimaron los reclamos de justicia (por ejemplo, cuando la Corte decidido que era legal calcular las pensiones en UMAS, lo que afectó a millones de jubilados). Dicho en otras palabras, la mayoría de la población identifica al PJ con privilegios, clasismo, nepotismo y que nunca ha apoyado las causas de las mayorías por lo que no es de extrañar que respalden la reforma de la 4T.
Nos parece que si Norma Piña decide dar esta última batalla jurídica lo único que conseguirá es fortalecer políticamente la decisión del gobierno federal de reformar el PJ. Primero porque terminaría de desprestigiar aún más a la SCJN por lo que ya expliqué en el párrafo anterior. Igualmente, los defensores de la magistratura ya demostraron que no cuentan con la fuerza de convocatoria para resistir a los planes del gobierno, por el contrario, daría más razones al oficialismo para movilizar a sus bases y poner en evidencia su músculo político.
Ahora, y aunque pueda sonar contradictorio, la reforma del Morena es para recomponer y relegitimar al PJ pues este representa un pilar básico del régimen político mexicano. Desde la década de 1990 en que las reformas neoliberales terminaron de afianzarse, el PJ tomó mayor relevancia pues se erigió como un bastión de justificar las políticas privatizadoras y antipopulares. Esto no pasó desapercibido para la mayoría de la población que veía a los jueces como una casta aparte.
Por su parte, el gobierno de AMLO impulsó una serie de políticas sociales que generó enorme simpatía entre amplios sectores de la población que habían sido abandonados por los gobiernos del PRI y del PAN. Así la alianza de derecha fue incapaz de leer la situación y se refugió en viejas fórmulas retóricas (como defensa de la democracia) y en espacios como la SCJN. La Corte asumió un papel de opositor político, lo que en la batalla discursiva la dejó muy mal parada.
Entonces, la reforma al incluir el voto popular de los jueces más otros cambios, tiene como fin relegitimar a todo el sistema de justicia, pues los ciudadanos sentirán que intervienen en la impartición de justicia (que, dicho sea de paso, es una verdad a medias), por lo que el PJ será visto con mejores ojos, sin olvidar que, el gobierno de Sheinbaum encontrará un obstáculo menos para sus proyectos.
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