Vimos el martes pasado, el 1ro de octubre, dentro de los 100 puntos que leyó la presidenta la alta prioridad que tiene la educación. Hoy presentamos uno de los principales programas que ella ha planteado, que planteó durante toda su campaña

Fueron las palabras del secretario Delgado para anunciar la implementación del proyecto. Se trata de un beneficio para alumnas y alumnos de preescolar, primaria y secundaria; un universo de alrededor de 21.4 millones de estudiantes, que se irá logrando “de manera paulatina en esta administración”.

Se va a iniciar en el 2025 con estudiantes de secundaria. Se calcula que habría 5.6 millones de beneficiarios en la etapa inicial. La beca será de $1900 pesos bimestrales por familia con un niño en secundaria, pero si en ella hay un integrante más asistiendo a nivel básico, solo se les brindarán $700 pesos adicionales por cada uno de ellos, o sea, por ejemplo, si en una familia hay dos alumnos, recibirá $2,600 pesos; si tiene tres, se le dará $3,300 pesos cada dos meses.

Las visitas a las secundarias públicas del país para realizar asambleas informativas con padres, madres y tutores respecto a este tema se llevarán a cabo del 14 de octubre al 17 de enero de 2025 por servidores de la nación y personal de las secretarías de educación estatales.

Si bien esta es una medida progresiva que atiende dificultades muy sentidas sobre todo por los sectores populares, resulta insuficiente si tomamos en cuenta que en una ciudad el traslado, pensando en una situación relativamente favorable, cuando menos es de $10 pesos diarios. Al mes son $300. Más alimentos durante la jornada con un costo, supongamos, de $50 pesos diarios, lo que requeriría $1500 pesos mensuales, con lo cual tenemos $1800 pesos de gastos al mes por estudiante. Eso sin contar los requerimientos regulares de útiles escolares y demás necesidades que surgen a lo largo del ciclo escolar.

Además de esto, el tema educativo no se limita solo a las necesidades alimenticias y de traslado del estudiantado, que son importantes, pero no las únicas que deben atenderse para mejorar el hecho educativo.

Las condiciones laborales de profesores y las materiales de las escuelas deben mejorar. Para ello se requiere estabilidad laboral, mejores salarios, mayor inversión en infraestructura, un cambio en las dinámicas autoritarias y punitivas en la SEP, contratación de mucho más personal tano docente como administrativo y para brindar atención psicológica, de trabajo social y médica en las escuelas, entre otras cosas.

Se avizora difícil que eso vaya a pasar teniendo a un secretario de Educación Pública como lo es Mario Delgado Carrillo, uno de los artífices de la reforma educativa neoliberal de Peña Nieto en 2013, con la cual se instauró la evaluación punitiva, se agudizó la precarización laboral del magisterio y para cuya imposición se llevó a cabo una campaña de desprestigio y criminalización contra el sector magisterial nacional, particularmente el que se organiza en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, a quienes el gobierno agredió hasta el punto de asesinar a docentes como en la masacre de Nochixtlán en junio de 2016.

A esto hay que sumar la perspectiva precarizadora en lo laboral para el sector educativo que caracterizó a la administración Sheinbaum en la Ciudad de México en los niveles de educación media superior y superior, con sus políticas para el Instituto de Educación Media Superior y las Universidades Rosario Castellanos en la capital del país, donde los abusos y la incertidumbre laboral fueron el común denominador.

Y por si esto fuera poco, hay que recordar que contradictoriamente a lo dicho por el titular de la SEP, hasta el momento la llamada 4T no ha tenido como alta prioridad presupuestal a las instituciones y el quehacer educativo nacional sino la militarización del país y las instituciones castrenses, a quienes ha destinado mayores recursos que a lo educativo.

Es necesario organizarse y dar la batalla porque el aumento presupuestal que año con año va destinado a las fuerzas armadas sea mejor destinado a la educación -mejorar la infraestructura de la escuelas y universidades, pero también las condiciones laborales de docentes y trabajadores-, así como poner impuestos progresivos a las grandes fortunas para solventar los problemas mencionados.