Casi la mitad (44,5%) de los ingresos de los hogares se destina solo a pagar el alquiler más las expensas, sin considerar impuestos y tarifas de servicios públicos, según una encuesta a unos 2500 inquilinos de todo el país que realizaron las organizaciones Inquilinos Agrupados y Ni Una Menos en septiembre.
El informe señala que "al igual que en los informes de enero, marzo y junio" los resultados de la encuesta muestran "fuertes aumentos en el valor del alquiler, con plazos más reducidos, con actualizaciones mensuales o trimestrales y mecanismos de ajuste que no contemplan los aumentos de salario". Esto provocó que “muchos inquilinos se endeuden para poder hacer frente a los gastos básicos vinculados a la vivienda”, agrega el documento. Alquilar una vivienda se volvió una misión imposible y empeoró la situación tras la derogación de la Ley de Alquileres que realizó el gobierno de Milei a través del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023.
La Ley de Alquileres tenía sus limitaciones y en la práctica muchos aspectos no se estaban cumpliendo, pero su derogación no buscó beneficiar a los inquilinos sino castigó a quienes hoy ya no están llegando a fin de mes, mientras las grandes inmobiliarias se benefician.
Precios por las nubes
Los alquileres aumentaron por encima de la inflación. Según datos del Indec, la inflación subió en lo que va del año un 95%, mientras que los precios de los alquileres en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) escalaron un 153%.
La encuesta muestra que para el mismo mes de alquiler y para una vivienda con la misma cantidad de ambientes, se observa que en CABA los/as inquilinos/as con contratos iniciados en el año 2024 bajo el DNU 70/2023 pagan aproximadamente hasta un 35% más que aquellos que comenzaron en el marco de la Ley de Alquileres. En tanto, en algunas provincias como en Santa Fe, alcanza hasta una diferencia del 40% entre quienes firmaron antes del DNU y quienes lo hicieron posteriormente.
La desregulación de los alquileres habilitó actualizaciones a gusto de los propietarios. Según la encuesta, el 94,8% de los inquilinos e inquilinas tendrán actualizaciones en el precio de su alquiler en plazos iguales o menores a 6 meses. Según los resultados de septiembre, en promedio, 7 de cada 10 inquilinos/as que firmaron sus contratos después del DNU tienen aumentos de alquiler mensuales, trimestrales o cuatrimestrales; de los restantes 2 de cada 10, tienen aumentos semestrales.
Endeudamiento de los hogares
Casi la mitad de los ingresos totales del hogar de los inquilinos se destina a pagar el alquiler más las expensas, pero en el caso de aquellos alquileres que iniciaron después de la entrada en vigencia del DNU 70/2023 de Milei, la incidencia sube al 49,8%.
El aumento de los alquileres, los salarios destrozados por la inflación provocaron que muchos inquilinos tengan que mudarse por no poder pagar el alquiler. Según la encuesta, el 26,7% de los encuestados indicó que se vio en la necesidad de mudarse en los últimos meses por este motivo. Es decir, 1 de cada 4 inquilinos/as.
El documento también dio cuenta del aumento del endeudamiento de los hogares. En el informe de enero, el 53,1% de los encuestados respondía que tenía deudas de algún tipo, en junio había ascendido al 62%, ahora en septiembre sigue con aumento alcanzando ya al 64,6% de los inquilinos. 2 de cada 3 inquilinos tiene algún tipo de deuda.
La encuesta releva los destinos de la deuda, los mismos están protagonizados por el pago de tarjetas de crédito y de alimentos. El endeudamiento para pagar las tarjetas de crédito aparece en el 51,2% de los casos, en segundo lugar, se presenta la necesidad de pagar alimentos en casi un 38% y la deuda para pagar el alquiler junto con otro tipo de deudas son mencionadas por encima del 30% entre quienes alquilan y se encuentran con deudas actualmente.
Derecho a la vivienda
La cantidad de familias que son dueñas de la vivienda donde residen pasó de ser el 72,95% en 2010 al 65,5% en 2022, según datos del Censo 2022 del Indec. Es decir, el déficit habitacional no es exclusivo del gobierno de Milei. El derecho a la vivienda sigue siendo un sueño eterno.
Hay que terminar el lobby del negocio inmobiliario, y se necesitan medidas como gravar las viviendas vacías con impuestos progresivos, desalentando la especulación de las corporaciones constructoras e inmobiliarias. A su vez, que esas casas y departamentos deban ser ofertadas por sus propietarios, poniéndoles un tope a los precios iniciales de los contratos y a las actualizaciones, según la evolución de salarios formales e informales.
Ante la crisis habitacional son medidas que pueden y deberían tomarse cuanto antes, en el camino de dar créditos baratos con tasa subsidiada y un plan de obras públicas bajo el control de los trabajadores para construir las viviendas necesarias y urbanizar los barrios populares que así lo requieran, un plan de construcción de viviendas, urbanización e integración socio urbana (con acceso a transporte, salud y educación).
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