En el Boletín Oficial del 8 de octubre se anunció la baja de tres fondos fiduciarios: el Fondo Progresar, el Fondo Nacional de Emergencias y el fondo Fiduciario para la Protección ambiental de Bosques nativos (FOBOSQUE). Esta medida fue presentada mediante el decreto 888/2024 que lleva la firma de Javier Milei, Guillermo Francos y Luis Andres Caputo.
El FOBOSQUE tenía el objetivo de administrar el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, creado por la Ley 26 331. Su desaparición quiere decir que los fondos destinados a la protección de bosques pueden ir hacía cualquier otro destino de manera arbitraria, dando paso al negocio inmobiliario y al agronegocio para que desmonten de manera ilegal con los peores métodos.
Esto es algo que ya estaba anunciado dentro de la Ley de Bases, que en su contenido tiene fuertes ataques a la protección ambiental. El artículo 5 de dicha Ley anticipaba la facultad del Poder Ejecutivo de “modificar, transformar, unificar, disolver, liquidar o cancelar los fondos fiduciarios públicos”. Dentro de esos fondos varios le pegan directamente a las políticas ambientales, como el Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos, el Fondo Nacional del Manejo del Fuego, fondos orientados al Desarrollo de Energías Renovables y a la promoción de generación distribuida de energías renovables, como el FODER (Fondo para el Desarrollo de Energías Renovables) y el FODIS (Fondo Para la Generación Distribuida de Energías Renovables).
Además, claro está, de la creación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que tiene como objetivo atraer al país inversiones de más de 200 millones de dólares con finalidad de exportación y le otorga a grandes empresarios una serie de beneficios aduaneros, tributarios, cambiarios y regulatorios. Es decir, la legalización del saqueo y explotación extactivista desmesurada de nuestros bienes comunes naturales.
En el marco de incendios masivos en Córdoba en donde hubo enormes pérdidas materiales, flora y fauna reducidas a cenizas, la disolución del FOBOSQUES tiene un timing poco antes visto. El ejemplo vivo de la provincia de Córdoba es tan solo una muestra de lo que el RIGI puede hacer a nuestros ecosistemas (quema y deforestación para agronegocio, destrucción del fondo marino por sobrepesca, acidificación de suelos y contaminación del agua por el uso de agrotóxicos). El gobierno negacionista de Javier Milei redobló la declaración de guerra a los ambientalistas.
Si bien el saqueo extractivista viene desde gobiernos anteriores, con agronegocio, fracking, megaminería, explotación offshore, etc. el RIGI supone un salto, ante el cual la destrucción de fondos como FOBOSQUE tiene consecuencias destructivas incalculables.
Varias organizaciones y usuarios en redes sociales se pronunciaron y denunciaron el accionar del Gobierno. Desde FARN Argentina, por ejemplo, la consideran "un paso atrás en la protección de los bosques nativos de Argentina" y solicitan "al gobierno nacional que retrotraiga esta decisión y cumpla con las obligaciones establecidas en la Ley 26 331 o Ley de Bosques."
Ya en septiembre, la Fundación Vida Silvestre anunció que 25 organizaciones y ONGs socioambientales habían firmado un pronunciamiento en que planteaban su "su enorme preocupación ante la posible eliminación del Fondo Fiduciario para la protección de los Bosques Nativos (FOBOSQUE)" ya que "La posible eliminación de este Fondo Fiduciario generaría un impacto negativo en el ambiente, vulnerando el derecho de los habitantes a gozar de un ambiente sano y equilibrado, el en el marco del desarrollo sustentable que garantiza el art. 41 de la Constitución Nacional."
La disolución del Fondo Fiduciario Progresar, que financiaba al “Programa de respaldo a estudiantes argentinos” del Ministerio de Educación, clave para la continuidad universitaria de una gran cantidad de estudiantes (se calculan 1 700 000 estudiantes que reciben una ayuda mínima), el mismo día, se da mientras crece la movilización estudiantil contra el veto a la Ley de Financiamiento Educativo para la Universidad pública. El ataque al ambiente y a derechos sociales básicos como la educación van de la mano. Su defensa tambíen debería estarlo.
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