En el último año las y los empresarios han buscado instalar un discurso en torno a la necesidad de volver a la “lógica noventista”. No sólo en términos políticos de retomar la política de los consensos o acuerdos, sino que también en términos económicos, varios representantes de los empresarios como Ricardo Mewes de la CPC y Navarro de la SOFOFA han expresado su deseo de volver al crecimiento de un 5% o 6% de finales de los años noventa. Con un discurso más ofensivo culpando las reformas del gobierno de Bachelet II, como la reforma tributaria, que “pondría” más trabas que desincentivarían la inversión, así como también buscan responsabilizar de la crisis de crecimiento económico y de seguridad a la revuelta popular del 2019.

La nostalgia noventista de las y los empresarios, responde a décadas de neoliberalismo salvaje, desregulado y repleto de privatizaciones. Que tuvieron como base la profundización de la herencia de la dictadura, el sobre endeudamiento de la población y una democracia “pactada” contra la clase trabajadora y el pueblo, como parte de una ofensiva neoliberal a escala internacional. Democracia pactada que permitió el libre juego de tipos como Hermosilla y los operadores políticos al servicio de los grandes empresarios, el negocio de la educación empresa, la salud de mercado, la vivienda y el saqueo de los recursos naturales (como el agua, el cobre, y ahora el litio). Pero no nos dejamos engañar. Sabemos que aquellos años fueron de explotación y miseria para los trabajadores, de saqueo de los recursos naturales y de destrucción de la industria nacional. A la par de esto buscan volver a la estructura fundamental del saqueo de los recursos naturales, en donde de manera transversal el mundo empresarial se encuentra realizando una lucha política para llevar adelante la “permisología”, la cual consiste en profundizar dicho saqueo haciendo “más flexibles” los permisos medioambientales y las tramitaciones de inversión, debido a que todos ellos se quejan de que en Chile, demoraría “demasiado”.

Pese a lo anterior, esta nostalgia e intento de buscar la hegemonía noventera no tiene base, en un contexto internacional marcado por el desorden mundial producto de la guerra en Ucrania, el genocidio en Gaza y el aumento de las tensiones entre Israel e Irán y la crisis económica a nivel internacional. En Chile tras las coordenadas que abrió la revuelta popular y el fracaso del proceso constituyente, donde si bien se recompuso un régimen político profundamente cuestionado, la burguesía no logra imponer una nueva hegemonía, donde lo que prima en el clima y agenda política es precisamente la polarización no la política de los acuerdos noventistas. Está por verse si un sector de los empresarios que busca mayor permisología para profundizar el saqueo neoliberal busca sumarse a la vía de la polarización para lograr sus objetivos.

¿Qué expresa el “Caso Hermosilla” en todo este marco?

Aún está por verse hasta dónde llegarán las repercusiones de este caso, lo que sí es cierto es que es una fuerte crisis del conjunto del régimen político. Hasta ahora el sector del cual los medios de comunicación no hablan es el sector empresarial, pareciera ser que quieren dejar a Jalaff y compañía como una manzana podrida dentro del empresariado, y se rehúsan a mostrar lo que realmente expresa la figura de Hermosilla: personajes que son operadores políticos de los empresarios para sostener sus intereses en el propio mundo empresarial, político y en los llamados “poderes del Estado”. Y es que Hermosilla no sólo asesoraba a medianos empresarios financieros sino que también a los peces gordos de este país como es el conglomerado Larraín Vial quiénes son los empresarios financieros más importantes a nivel nacional.

Marcela Cubillos ha sido protagonista de un escándalo que ha indignado al conjunto del país: el sueldo de la displicente Cubillos (cómo la bautizaron las y los profesores el año 2019 en medio del paro docente) era de 17 millones de pesos, por un contrato como docente de la Universidad San Sebastián, junto con esto han salido nuevos antecedentes a la luz, de la relación de exponentes de Chile Vamos con la Universidad San Sebastián, todo esto ha golpeado fuertemente a este sector de la derecha chilena más tradicional.

Lo que denominamos crisis de régimen ha tenido varios involucrados desde hace más de una década, la crisis de representatividad que se expresa en los partidos políticos y en la percepción de las personas con los representantes de la política tradicional, contra las castas políticas del Congreso e incluso las instituciones propias del régimen como Carabineros y las Fuerzas Armadas, que si bien se encuentra bien evaluadas actualmente en las encuestas, luego de años de campaña desenfrenada de los medios y la política tradicional en torno al problema real de la seguridad, buscando reivindicar la imagen de estas instituciones que han tenido ejemplos de escándalos políticos, económicos e incluso de corrupción como fue el caso del llamado “Paco Gate” o “Milico gate” hace unos años atrás. El poder judicial propiamente tal aún no presentaba una crisis de este calibre, que se transformara en un escándalo a nivel nacional.

De conjunto, el escándalo de la Universidad San Sebastián y el caso Hermosilla lo que hacen es profundizar la crisis orgánica que se extiende por largos años en el país, que se expresa en esa deslegitimidad de las “instituciones”, de los partidos políticos y en la crisis del proyecto político del gran empresariado nacional y sus partidos que no logran presentar una salida ante la situación actual generando una hegemonía sobre amplias capas sociales. Si bien lograron desviar la revuelta popular el 2019, el fracaso de los dos procesos constitucionales sólo ahondó esa crisis que denominamos orgánica, y que hoy se agudiza golpea duramente a las clases gobernantes y a los partidos tradicionales, y si bien el escenario no está marcado por la efervescencia de la lucha de clases y fenómenos de movilización, sí hace que se genere una mayor inestabilidad en las alturas que puede abrir nuevos fenómenos políticos y sociales, al combinar la crisis de “legitimidad” de instituciones y partidos tradicionales con el estancamiento económico y mayor conflictividad internacional.

Frente a la crisis de esta casta judicial que protege y trabaja para sostener a los grandes empresarios como sus operadores políticos existe un empantanamiento en el régimen político ante la salida que se discute frente a la crisis. Si bien todavía no hay una salida clara, los partidos tradicionales, desde la derecha hasta el gobierno de Boric, han buscado dejar “encapsulado” todo esto en el poder judicial, he ahí las acusaciones constitucionales contra Vivanco, Matus y Muñoz, como operadores de Hermosilla en el Poder Judicial, dejando completamente de lado el rol de los empresarios que eran “empleadores” de Hermosilla.

Más de fondo, se discuten salidas alternativas. Una de ellas es la reforma al poder judicial, ya sea bajando los quorums de elección de jueces en el Senado, eliminando la facultad de designar quinas o ternas por parte de las Cortes u otras medidas parciales. Desde ya no busca tocar los privilegios de la casta de los jueces quienes además ganan sueldos millonarios contratados como funcionarios públicos mientras operan políticamente para los empresarios. Esta autorreforma no busca atacar el corazón de la casta judicial sino que tiene por objetivo realizar cambios cosméticos a algo que ya está profundamente podrido.

A su vez, sectores de extrema derecha aprovechan la coyuntura y se fortalecen con la debilidad de Chile Vamos, como el caso de Republicanos o sectores “díscolos” del partido de Kast como Johannes Kaiser y el Partido Social Cristiano. Estos sectores reaccionarios exigen mayor mano dura y penas de cárcel ante la corrupción, lo que sólo fortalece a una casta judicial corrupta.

Mientras tanto, el escándalo de la Universidad San Sebastián profundiza la crisis de la educación de mercado y desnuda este modelo educativo que es utilizado por los políticos tradicionales como caja pagadora, utilizando dineros públicos o financiándose con los sueños y esperanzas de las familias que llevan a sus hijos a estudiar en la educación superior.

El debate educativo vuelve a ponerse al centro con la falsa “condonación del CAE” del gobierno de Boric, que de condonación no tiene nada y sigue impulsando a los estudiantes a pagar el crédito, a la vez que propone un fondo “solidario” que consiste en que los egresados con dicho fondo paguen a las generaciones que les siguen. Es decir, el negocio de los privados se mantiene intacto y no se les toca un pelo a las universidades estafa como la USS.

Pero por debajo, estas crisis han marcado ciertos cambios de ánimo al interior de sectores del movimiento estudiantil, que se ha expresado en manifestaciones de estudiantes de la USS, como también en la improtante convocatoria a manifestación estudiantil, protagonizada por estudiantes de diversas instituciones educativas convocada por la CONFECH y otros organismos estudiantiles el jueves 3 de octubre recién pasado.

Abajo los privilegios de la casta judicial y el Chile de los capitalistas ¡Por una salida desde las y los trabajadores!

La profundización de la crisis orgánica implica una oportunidad para dar una lucha política por una salida de las y los trabajadores y por izquierda; denunciando el funcionamiento corruptivo inherente al sistema capitalista de un régimen que funciona al servicio de los dueños del país y las multinacionales; reabre condiciones de un malestar estructural, que se sigue profundizando, que eventualmente se puede expresar en reapertura de procesos de lucha de clases; en un marco en que está en disputa el relato o balance sobre la Revuelta de Octubre de 2019.

Pero también entraña la posibilidad de situaciones peligrosas como serían salidas más autoritarias y conservadoras que empiezan a tomar fuerza y dinamismo con las corrientes de extrema derecha como Kaiser que más a la derecha que el partido republicano ha buscado capitalizar con un discurso “anti casta” al más estilo Milei y bonapartistas, buscando fortalecer un sentido común de castigo contra los casos de corrupción, recurriendo a discursos populistas.

Sabemos que todo esto ha hecho que un sector se posicione en contra de cualquier variante política, es decir, se declare más “antipolítica”, pero a ese sector es necesario decirle que toda salida que no sea de la clase trabajadora a esta crisis de régimen de conjunto, va a beneficiar salidas más bonapartistas y autoritarias que precisamente se “visten” de antipolítica para ganar sentidos comunes y llevarlos más hacia la derecha.

Es por esto que se hace urgente una propuesta programática de conjunto contra los privilegios de la casta judicial y del Estado capitalista, que es una maquinaria de corrupción para garantizar los negocios de los grandes empresarios, un programa que enfrente el Chile de los capitalistas. Ante esto proponemos: