Mientras Duhalde, Solá, Fernández y otros exfuncionarios peronistas siguen imputados por las responsabilidades políticas de la Masacre de Avellaneda, el excabo Alejandro Acosta fue beneficiado por la Cámara de Apelaciones de Lomas de Zamora. “Se nos revuelven las tripas, vamos a salir a escracharlo donde esté”, dice ante este diario Leo Santillán, hermano de Darío.

“El miércoles a la mañana se comunicó con mi viejo Paula, nuestra abogada, comunicándonos que le dieron la libertad condicional a Acosta. En parte la veíamos venir, pero es totalmente indignante”, dice Leo Santillán en diálogo con La Izquierda Diario. Su hermano Darío y Maximiliano Kosteki fueron asesinados el 26 de junio de 2002 por el entonces cabo de la Policía Bonaerense Alejandro Gabriel Acosta Castaño y su jefe, el entonces comisario Alfredo Fanchiotti.

Fanchiotti y Acosta fueron condenados por la llamada Masacre de Avellaneda, uno de los hechos más aberrantes de represión estatal contra organizaciones populares cometidos desde 1983. Aquella jornada, además de Kosteki y Santillán, otras 33 personas recibieron balas de plomo policiales, decenas fueron heridas de distintas formas y unas 200 fueron detenidas en lo que todo el mundo reconoció como una verdadera “cacería”.

Otro asesino suelto

En enero de 2006 el Tribunal en lo Criminal 7 de Lomas de Zamora condenó a Fanchiotti y Acosta a prisión perpetua por esos dos homicidios y por otros siete en grado de tentativa, todos “agravados por su comisión con alevosía”. Claramente, no son asesinos comunes.

Desde hace algunos años ambos vienen reclamando beneficios procesales. En 2022 la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Departamental de Lomas le denegó un pedido de salidas transitorias a Fanchiotti. Pero a quien sí se las concedió fue a Acosta, que empezó a salir 24 horas cada quince días. En 2023 la misma Cámara amplió ese beneficio del excabo a 48 horas quincenales.

Este año Acosta volvió a la carga. A través de su abogado, el defensor público Javier Jaime, no sólo pidió una nueva ampliación de las salidas sino directamente su libertad condicional. Lógicamente las querellas de las familias de Maxi y Darío se opusieron, al igual que la fiscal Paula Martínez Castro. Atendiendo esas negativas, el 20 de septiembre la jueza Cecilia Vázquez, titular del Juzgado de Ejecución 3 del mismo departamento judicial, denegó el pedido.

Como en los años anteriores, Acosta recurrió el fallo ante la Cámara de Apelaciones. El caso recayó en la Sala III, integrada por los jueces Martín García Díaz, Tomás Bravo y Miguel Alberdi, quienes este miércoles anunciaron su decisión de concederle la libertad condicional al asesino de Kosteki y Santillán. Hasta ayer, Acosta estaba alojado en la Unidad Penitenciaria 12 de la localidad de Gorina, en las afueras de La Plata.

García Díaz, que preside la Sala III, se pronunció en contra de darle la libertad condicional a Acosta. Pero Bravo y Alberdi lo contradijeron, quedando revocada por mayoría la resolución de septiembre de la jueza Vázquez. Tal como se escribió en el fallo, al que accedió La Izquierda Diario, se le otorga “el beneficio de la libertad condicional” y ahora Acosta podrá caminar entre nosotros, apenas “controlado” por el Patronato de Liberados.

“Lo favorece este clima político”

Para los jueces Bravo y Alberdi, el expolicía ya llevaba un “prolongado tiempo” cumpliendo la sentencia impuesta. Entre otras cosas, se basan en un informe psicológico según el cual Acosta “asume una postura crítica y reflexiva” sobre el crimen cometido, a la vez que puede “ahondar en los motivos que condujeron a su participación en los hechos y evaluando las consecuencias sufridas por él y su entorno afectivo”.

Como si eso sirviera de algo para la búsqueda de verdad y justicia. Si tan “crítico” fuera Acosta, hace años habría confesado cuáles fueron las órdenes que le dieron antes y durante aquel 26 de junio, a la vez que aportaría todo lo que sabe para llegar a todos los responsables materiales e institucionales de esa masacre con decenas de heridos. Pero decidió perpetuar el siniestro pacto de silencio en beneficio de Eduardo Duhalde, Felipe Solá, Aníbal Fernández, Alberto Atanasof, Carlos Ruckauf, Juan José Álvarez y Luis Genoud.

Los camaristas se refugian en un informe del Servicio Penitenciario Bonaerense, según el cuál el criminal “mantiene su conducta calificada como ejemplar” y tiene “una normal relación” con el resto de la población carcelaria y el personal penitenciario. Valoran la “voluntad y responsabilidad” que muestra Acosta en sus tareas en el Sector Informática del penal. Y levantan el pulgar al leer que el expolicía se destacó en talleres literarios y de “autoliderazgo”.

A su vez, aseguran que los “informes criminológicos” del SPB alcanzan para “neutralizar” los motivos de la fiscal Martínez Castro para oponerse a la condicional de Acosta. Así, de paso, desprecian los argumentos de las familias de Kosteki y Santillán. Jueces que se basan en informes penitenciarios para ayudar a policías. Total normalidad.

“Hace años venimos luchando para que se logre investigar y condenar a los responsables políticos y ahora nos vienen con esto de la libertad de Acosta, justificándola en su buena conducta. Uno lee eso y se le revuelven las tripas. Él no era cualquier persona, era un policía, un funcionario público”, dice indignado Leo Santillán ante este diario.

El hermano de Darío no deja de recordar que “la represión del 26 de junio fue una clara operación política y la Policía fue la encargada de hacer el papel sucio. Aparte de asesinar a Darío y a Maxi hubo 33 heridos con balas de plomo, una cacería que se extendió por la Avenida Mitre, por la estación de Avellaneda y pasando la estación misma. Acosta tendría que seguir pagando en la cárcel y sin embargo le otorgan este beneficio. No tenemos palabras para calificarlo”.

Consultado sobre el impacto de la noticia, Leo dice que hace tiempo venían charlando con su papá Alberto y otros compañeros que, “por todas las cosas que están pasando, no iba a ser nada extraño que le dieran la libertad a Acosta, pero no por eso deja de ser algo que nos jode bastante”. Y si bien puede reconocer que “es una decisión que está dentro del marco legal”, recuerda que no dejan de luchar “para que la Masacre de Avellaneda sea reconocida con la figura de delito de lesa humanidad”.

El hermano y militante del Frente Popular Darío Santillán agrega que la liberación de Acosta “nos tiene que interpelar a quienes estamos luchando en las calles. Este clima político que estamos atravesando hoy hace que tipos como Acosta se vean favorecidos. La presentación anterior pidiendo la libertad condicional la hizo en septiembre de 2023. ¿Qué cambió un año y un mes después? Nada. Es una decisión política de la Justicia”.

“No puede estar en la calle como si nada

Apenas enterado del fallo de la Cámara de Apelaciones, Alberto Santillán descargó su furia escribiendo un mensaje en redes sociales. Salido de las entrañas de un padre y abuelo lleno de amor por los suyos, pero a la vez demonizado por el Estado una y otra vez en estos 22 años, escribió: “Alejandro Acosta, excabo de la Bonaerense, uno de los asesinos Hijos de mil Puta de Darío y Maxi... la Justicia le otorgó la libertad... Tengo días de mierda, hoy le sumo más mierda!!! Dari estás más presente que nunca hijo... Te amamos... Ni olvido, ni perdón, ni reconciliación... paredón!!!”

Leo dice que lo que escribió su viejo “es lo más pertinente. Las figuras de Darío y Maxi no son solamente para tener un mural o sostener una bandera, sino que hay que actuar en consecuencia, luchando juntos, solidarizándonos cuando la gente la está pasando mal. Nosotros no vamos a bajar los brazos, vamos a luchar hasta el último momento. Se lo debemos a ellos. Mi hermano, ante de que lo asesinaran a sangre fría, nos demostró que aún en las peores condiciones siempre se puede resistir”.

Como cada 26 de junio sobre el Puente Pueyrredón y como en cada movilización donde las imágenes de Maxi y Darío son estandarte de resistencia y lucha por una vida mejor para los sectores populares, los Santillán saben dónde están parados. “Como familia y como luchadores que venimos solidarizándonos con otras causas, no podemos permitir que esto pase así porque sí. Y si vemos que esta decisión finalmente queda así como dicen, tendremos que salir a señalarlo, a escracharlo donde esté. Esta clase de asesinos no pueden estar en la calle como si nada después de lo que hicieron”, afirma Leo.

Y concluye reiterando que “es importantísimo salir a dar esa pelea, sobre todo en medio de este clima político. Hay muchos casos en los que los policías involucrados ni siquiera llegan a sentarse en el banquillo de los acusados; en los casos que sí se llega, lo difícil es que se los condene; y cuando se logra una condena, terminan beneficiados y pasan muy poco tiempo presos. Todo el campo popular tiene que salir a pelear para que los delitos cometidos por policías y funcionarios públicos sean declarados de lesa humanidad”.