Hace un mes la Legislatura trató y sancionó la adhesión al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) donde la actividad minera fue tema de discusión. En la previa, el gobernador Osvaldo Jaldo y su ministro de Economía, Daniel Abad, habían cursado una nota al cuerpo legislativo para pedir la derogación de la Ley 7879, que prohíbe la megaminería a cielo abierto a Tucumán. La derogación no prosperó pero ahora los legisladores Agustín Romano Norri (Evolución Radical), Alberto Olea y Nancy Bulacio (bloque Justicialista) presentaron un proyecto para insistir con ello.
Qué dice la ley 7879 y qué se aprobó con el RIGI
La ley 7879 data de abril de 2007 y establece en su único artículo la prohibición de “la actividad minera metalífera en el ámbito de la Provincia de Tucumán, a partir de la sanción de la presente Ley, en la modalidad a cielo abierto y la utilización de cianuro y mercurio en los procesos de producción minera”.
Cuando presentó un pedido para su derogación, el Gobierno provincial señaló que “en cuanto a la actividad minera en la provincia de Tucumán, existen pedidos de exploración en diferentes zonas que se encuentran sin avances debido a la sanción de la Ley Provincial N° 7879”. En lo que creyeron un fundamento sobre su viabilidad ambiental, agregaron que “el uso de cianuro, que motivó el dictado de la Ley N° 7879, es importante destacar que esta sustancia no se utiliza en la etapa de exploración minera, sino solo durante el proceso de explotación para la separación del mineral”.
Con comunidades originarias y organizaciones defensores del ambiente protestan en la Legislatura, durante el tratamiento de la adhesión del RIGI el oficialismo decidió retirar de la discusión la derogación de la Ley 7879. Sin embargo, para asentar un jalón se acordó con la oposición una habilitación de la exploración minera.
Finalmente el inciso tercero de la Ley 9803 establece: “Por la presente Ley se habilita la exploración minera, quedando la posterior explotación de la actividad sujeta a las disposiciones de las Leyes Ambientales vigentes. El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio correspondiente, evaluará la viabilidad de los proyectos”.
En aquel momento, representantes de las organizaciones movilizados señalaron que si bien era un triunfo que no se haya derogado la ley que prohíbe la megaminería a cielo abierto, la maniobra del oficialismo encendían las alertas porque reafirmaba que la intención del Gobierno en dar rienda suelta para la explotación minera en los cerros tucumanos.
La adhesión al RIGI fue una nueva muestra del gobierno de Jaldo junto a la oposición llevando adelante la agenda de Milei, que ya desde el vamos confiesa la intención de otorgar beneficios a los grandes capitalistas. Puntualmente la megaminería es vista como una manera de recaudar algunos dólares para pagar la deuda mientras las multinacionales saquean los bienes comunes naturales. “Zonas de sacrificio” que no significaron ningún progreso para los lugares donde se aplica. La organización y movilización de comunidades originarias, organizaciones ambientalistas y políticas, es clave para seguir enfrentando el saqueo | 
