Sobre el primer tema tomó la palabra Omar García Harfuch, reafirmando que se trabajará con la estrategia de 4 ejes, el primero, que se refiere a la supuesta atención a las causas; el segundo, que habla de la consolidación de la Guardia Nacional con su adscripción a la Sedena, lo cual pasa por una mayor presencia de dicha institución en las calles; el tercero que plantea el Fortalecimiento de Inteligencia e Investigación; y el cuarto, referente a la coordinación absoluta en el Gabinete de Seguridad, con la Fiscalía General de la República y con las Entidades Federativas en sus tres niveles de gobierno.
Respecto a la presencia de más elementos de la Guardia Nacional en labores de seguridad pública en este año, dio a conocer que la cantidad es de 130 mil, lo cual representa un aumento de alrededor de 15 mil efectivos en relación con el 2023.
A eso se suman los 113 mil 547 efectivos de las Fuerzas Armadas (Sedena y Semar) que en septiembre de 2024 se informó que estaban desplegados en tareas de seguridad pública a lo largo y ancho del país, dando un total de 243 mil 547 efectivos. Esa cifra varía a la baja ligeramente respecto al 2023 que se reportó 261 mil 644, sin embargo, dicha sumatoria se da con datos de principios de septiembre, es decir, no están actualizados tras las oleadas de militares que han llegado a estados como Sinaloa, Guerrero y Chiapas tras los recientes acontecimientos ocurridos durante los últimos dos meses y tras la toma de protesta de la presidenta.
Sobre las aprehensiones de Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López en Estados Unidos el pasado 25 de julio, Gertz Manero, titular de la FGR, informó que en la versión oficial de dicha institución ya se ha aceptado la hipótesis del secuestro del primero por parte del segundo. Incluso, para sostener eso, aludió a supuestos indicios de negociación de la familia Guzmán con autoridades yankees.
En torno a la información que el gobierno estadounidense les ha dado a autoridades mexicanas, el Fiscal aseguró que la misma ha sido parcial. Reiteró que no han entregado datos sobre la identidad del piloto del avión, aeronave que, ahondó, no pudo cruzar la frontera norte sin la autorización fronteriza correspondiente. Además, detalló Gertz Manero, el avión tenía una matricula que “fue clonada en los Estados Unidos”.
Estos casos, que se relacionan con el asesinato del multimillonario y cacique universitario Héctor Melesio Cuén Ojeda ─quien además estaba por asumir una diputación pluri por el PRI-, están sumamente enrarecidos debido a las múltiples narrativas que medios de comunicación locales, nacionales e internacionales han elaborado.
A esto se suma el montaje que se hizo sobre la ejecución de este último con base en el testimonio de Fausto Ernesto Corrales Rodríguez, un alto funcionario de la Universidad Autónoma de Sinaloa ─la cual controló Cuén durante casi 20 años- quien además es hijo de Víctor Antonio Corrales, segundo al mando del Partido Sinaloense, instituto que Cuén creó mediante clientelismo y violencia que ejercía en la UAS. Para este montaje la Fiscalía Estatal colaboró por acción u omisión, pues permitió que la familia de Cuén incinerara su cuerpo apenas dos días después del asesinato, permitiendo con ello que se perdiera una prueba importante; de acuerdo con protocolos criminalísticos, no debió haberse cremado.
Esta situación está siendo aprovechada por los sectores más conservadores de la política norteamericana quienes, por una parte, niegan la evidente participación histórica de su gobierno en el surgimiento del narcotráfico, de sus organizaciones y de la militarización y paramilitarización de México, y por otra agitan la amenaza de que intervendrán militarmente en territorio mexicano pues las estructuras del crimen organizado ─a las cuales tanto ellos como autoridades mexicanas apoyan en lo general, favoreciendo particularmente a alguna o algunas en lo circunstancial y coyuntural- supuestamente han ganado el suficiente poder como para “quitar en 2 minutos al gobierno” (según palabra de Donald Trump en entrevista el 23 de julio).
Los gobiernos mexicanos, por su parte, no se han deslindado de la política imperialista de militarización del país, expandiendo la influencia castrense a ámbitos de la vida civil cada vez más variados. De igual forma, en esta lógica de desprestigio que el gobierno yankee esgrime contra las cúpulas políticas mexicanas, la propia dirigencia nacional del Morena ha dado herramientas para estos señalamientos: ejemplo más claro lo tenemos en el cacique Cuén y su Partido Sinaloense, quienes en 2021 se aliaron al hoy gobernador morenista Rubén Rocha Moya, producto de lo cual Cuén llegó a ser secretario de salud en el gabinete estatal.
Dicha alianza en su momento fue defendida a capa y espada por Rocha y por la dirección nacional morenista, en ese entonces encabezada por el hoy Secretario de Educación Pública, Mario Delgado. Esto aún en contra de la voluntad de las bases morenistas, quienes advertían a la dirección de las agresiones gansteriles que muchas y muchos de ellos habían sufrido a manos de seguidores del cuenismo, así como la relación que el cacique tenía con figuras regionales del narco, lo cual quedó comprobado tras lo sucedido el 25 de julio.
A todo esto habría que sumar que Gertz Manero, titular de la FGR, es un personaje oscuro de la política mexicana y su papel en la llamada “guerra contra el narcotráfico” nos remite a la década de los 70’s del siglo pasado en que fue comisionado como responsable de las operaciones Trizo (1975) y Condor (1977) en Sinaloa, las cuales fueron implementadas bajo supervisión yankee supuestamente para combatir la producción y trasiego de drogas, pero que terminaron dejando una estela de desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y vejaciones a sectores populares y comunidades indígenas de la sierra sinaloense.
No puede esperarse que la información que se revele sobre estos casos sea transparente y fidedigna en su totalidad. |
