Desde las bancas del PTS FIT sostuvieron que la Resolución 53/2024 firmada por el presidente del INAI Claudio Avruj en el mes de septiembre pone en riesgo la situación jurídica de las comunidades indígenas.“Este ataque se da tras la aprobación del RIGI y las garantías dadas a terratenientes y multinacionales para avanzar en territorios indígenas donde hay litio y bienes comunes naturales,
donde se responde con resistencias y luchas”, sostuvo la diputada Natalia Morales, miembro de la Comisión de Pueblos Indígenas.

“La resolución que suspende los trámites en el Registro de Comunidades Indígenas-RENACI, se da al calor de desalojos violentos, detenciones y criminalización de integrantes y comunidades indígenas en distintos puntos del país. La definición de provincializar la inscripción de comunidades para tener las personerías jurídicas, es una medida que quiso hacer Gerardo Morales, la UCR y el PJ, con la Reforma de la Constitución de Jujuy, para atacar derechos conquistados por los pueblos originarios, pero por el levantamiento de comunidades indígenas y del pueblo trabajador tuvieron que dar marcha atrás”, sostuvo la diputada de la izquierda.

“El estado ha sido desde su conformación una herramienta para el despojo de las comunidades y
pueblos originarios, más allá de políticas de reconocimiento de derechos y sus propias limitaciones que se ha cuestionado desde los territorios y sectores que defendemos estos derechos. Sin embargo, este ataque vemos que es un grave retroceso que avance la disolución del Registro Nacional de Comunidades Indígenas (RE.NA.CI), la suspensión de los trámites, como también la provincialización del registro, donde abrirá la situación a mayores arbitrariedades y criterios locales definidos según cada gobierno de turno, que ya se denuncian en las provincias, medidas que abren a la posibilidad concreta de que se avance contra otras leyes vinculadas de protección, registro y emergencia contra los desalojos, como es la Ley 26.160.”

Desde el bloque compartido con Gastón Remy y Miguel López informaron que además del pronunciamiento en rechazo a la Resolución 53/2024, presentaran un pedido de informes sobre la situación de las comunidades indígenas de Jujuy a partir de dicha medida.