El asesinato de Andrés “Pillín” Bracamonte y Daniel “Rana” Atardo en medio de una multitud nuevamente pone a la ciudad en estado de conmoción. Octavio Crivaro del PTS en el Frente de Izquierda señaló que el ataque "confirma lo ficcional del ordenamiento del narcotráfico, del que se autofelicitan Pullaro, Bullrich y Milei. Una vez más queda al desnudo el fracaso de los ’vuelcos de tropas federales’"
A la salida del partido entre el canalla y San Lorenzo y a pocas cuadras del Gigante de Arroyito asesinaron este sábado al dirigente histórico de la barra brava de Rosario Central Andrés “Pillín” Bracamonte y a Daniel “Rana” Atardo. El ataque a balazos en medio de una multitud que salía caminando del partido produjo una nueva conmoción en la ciudad de Rosario: los ataques y disputas mafiosas siguen estando a la orden del día, pese al reforzamiento de las políticas represivas del gobernador Maximiliano Pullaro y de la Ministra de Seguridad nacional Patricia Bullrich.
El asesinato de Pillín Bracamonte y de "Rana" Atardo, líderes de la barra de Central, confirma lo ficcional del ordenamiento del narcotráfico, del que se autofelicitan Pullaro, Bullrich y Milei. Una vez más queda al desnudo el fracaso de los "vuelcos de tropas federales". 👇
Con 50% de pobres, puertos privados y el Estado metido, el problema siempre volverá. Hay que desmantelar el entramado cómplice, atacar la crisis social, apuntar al control de puertos y terminar con la política punitivista. Acá ampliamos este planteo: https://t.co/TZMpJ9KT2X
En los primeros días de marzo en la ciudad de Rosario la crisis desatada entre las bandas del narcotráfico y el gobierno provincial se cobró la vida de cuatro trabajadores. Los gobiernos nacional, provincial y municipal implementaron la misma medida que fracasó once veces durante los últimos años: militarizar los barrios. Y sin poner en cuestión a quienes lucran con el negocio del narco: en la provincia se privatizaron todos los puertos, se entregaron las concesiones, se eliminaron todo tipo de controles y la Hidrovía, por donde sale la cocaína hacia Europa, también está privatizada y concesionada. El régimen de Sociedades de Acciones Simplificadas -SAS- aprobado en el 2017 fue utilizado por “los Monos” para crear sociedades en 24 horas sin mucho control. La detención del financista Gustavo Shanahan -que también fue parte de la Terminal Puerto Rosario concesionada al grupo Vicentin- por vender dólares a narcocriminales y la confiscación de cargamentos en puertos cerealeros confirman la participación empresaria, por acción u omisión.
Al mismo tiempo es el propio poder político de la provincia el que aparece salpicado por las disputas del narcotráfico. Desde la detención del ex jefe máximo de la Policía, Hugo Tognoli permanentemente aparecen involucrados jefes policiales. En el departamento de San Lorenzo -principal concentración de puertos agroexportadores- se ha denunciado a senadores como Armando Traferri por participación en el juego clandestino, ligado al crimen organizado. Han caído presos el jefe de los fiscales de Rosario, Patricio Serjal, y un fiscal subordinado de alto perfil, Gustavo Ponce Asahad, como partícipes de una asociación ilícita.
"El narcotráfico es una actividad ilícita pero capitalista, que se entremezcla y produce aleaciones con las ganancias derivadas de la venta “en negro” de cereales, con las cuevas que lavan esas ganancias en paquetes edificios marmolados del centro de Rosario y con las cámaras de la construcción que lavan activos impulsando una burbuja inmobiliaria de torres de lujo vacías, en una región con un déficit habitacional alarmante: en el Gran Rosario, 218 mil personas viven en 175 barrios populares, de emergencia, sin contar a las familias que lidian con el vía crucis de alquilar", señalaba Octavio Crivaro en marzo de este año. Hay que atacar todas las complicidades políticas y empresarias de quienes lucran con el narcotráfico, empezando por reestatizar los puertos de la provincia y perseguir el circuito del dinero narco con el que se hacen negocios millonarios.
Como parte de cuestionar la relación entre los empresarios y el régimen político provincial, desde la izquierda señalamos que “con el 50% de pobres, puertos privados y el Estado metido, el problema siempre volverá. Hay que desmantelar el entramado cómplice, atacar la crisis social, apuntar al control de puertos y terminar con la política punitivista”.
