Su discurso resuena como una continuación de la administración de Felipe Alessandri, durante la cual la represión se impuso como respuesta a las demandas estudiantiles, especialmente mediante la implementación de la polémica Ley Aula Segura. Esta ley, que en teoría buscaba hacer más expeditos los procesos disciplinarios en los colegios, ha sido utilizada principalmente como una herramienta para silenciar y criminalizar las protestas, persiguiendo a quienes exigen mejoras en sus condiciones educativas.

La Ley Aula Segura ha sido, en efecto, un instrumento de persecución política. Desde su implementación, más de mil estudiantes han enfrentado sumarios y expulsiones, en un marco que parece diseñado para contener la movilización estudiantil, ignorando el contexto de desigualdad y abandono que sufre la educación pública.

Esta ley ha afectado principalmente a estudiantes de establecimientos emblemáticos en la Región Metropolitana, “casualmente es en donde se concentran las acciones políticas del movimiento secundario". Más que una medida de seguridad, Aula Segura ha servido como una herramienta de disuasión y represión para quienes luchan por una educación de calidad.

El nuevo alcalde Desbordes ha prometido endurecer estas políticas. Sus primeras declaraciones han dejado claro que no dudará en aplicar expulsiones y procesos disciplinarios contra estudiantes movilizadxs, lo que incluso incluye la amenaza de enviar a jóvenes menores de edad al SENAME y a estudiantes mayores de edad a prisión. En sus palabras, “el alumno que tira una molotov, que se pone un overol blanco, ese ya no es un alumno problemático, es un delincuente. Habrá querellas”.

Este discurso no solo es una amenaza a los derechos estudiantiles, sino que también busca enviar un mensaje de disuasión a cualquier intento de movilización. La criminalización de la juventud se convierte en la respuesta fácil para quienes ignoran los problemas profundos de la educación pública en Chile.

Lo preocupante es que este enfoque punitivo no sólo es respaldado por la derecha, sino que sectores del actual gobierno han adoptado como propio este discurso. Se suman campantemente a la “histeria colectiva” sobre el desmedido aumento de la delincuencia, el portonazo, la encerrona y el motochorro, detrás de esto hay un discurso profundamente racista y clasista.

Lo anterior se convierte en un pretexto para reforzar a Carabineros y aplicar políticas de represión. De esta forma, en lugar de atacar las causas estructurales de la violencia y el descontento estudiantil, como el hacinamiento, la precariedad en la infraestructura o la falta de recursos para el bienestar de la comunidad, el sistema responde criminalizando y persiguiendo a aquellos que se organizan para exigir cambios.

Es importante recordar que las movilizaciones estudiantiles no surgieron de la nada. La revuelta social de 2019, impulsada en gran parte por los estudiantes secundarios, fue una reacción frente al encarecimiento de la vida, el alza en el transporte público y las crecientes desigualdades en el país.

Los estudiantes fueron quienes alzaron la voz en ese momento, visibilizando los problemas que el Estado ha preferido ignorar y que se evidencian con claridad en los colegios. Hoy, esas mismas demandas siguen vigentes, y los estudiantes secundarios, que se enfrentan a condiciones paupérrimas, son los primeros en salir a las calles para exigir una educación digna y una vida mejor.

La solución a los problemas de convivencia y violencia en los establecimientos no radican en aumentar la presencia de pacos o milicos en los colegios ni aplicar más expulsiones. Estas medidas represivas solo agravan el malestar estudiantil y profundizan la exclusión y desigualdad. En cambio, lo que realmente necesitan los estudiantes es una educación de calidad, con infraestructura adecuada, una malla curricular pertinente y docentes en buenas condiciones laborales.

Se requiere, además, un sistema que incluya a estudiantes, profesores y trabajadores en la toma de decisiones de cada establecimiento, fomentando una comunidad educativa democrática y participativa.

Desbordes parece decidido a ignorar estas realidades y a imponer una política de “orden y control” que vulnera los derechos estudiantiles y de las niñeces y adolescencia. El Colegio de Profesores ha manifestado su rechazo a esta visión punitiva, recordando que la administración de Alessandri ya implementó estas políticas en su momento, sin lograr soluciones duraderas y, de hecho, agravando los problemas. No es la represión la que transformará la educación pública chilena. Si algo ha quedado claro, es que la única forma de fortalecer la educación pública es a través de la organización y la movilización de la comunidad educativa.

Los estudiantes secundarios, organizados junto a sus profesores y trabajadores, son los únicos capaces de impulsar cambios reales. La educación pública debe dejar de ser tratada como un bien de mercado y reconocerse como un derecho fundamental que, lejos de estar sujeto a intereses empresariales, debe responder a las necesidades y demandas de la clase trabajadora. En este escenario, la represión solo evidencia el temor de la clase política hacia una juventud organizada y crítica, que no está dispuesta a quedarse callada frente a la desigualdad.

Este llamado a la represión por parte de Desbordes y el respaldo tácito que el gobierno otorga a este enfoque, solo refuerzan el compromiso de los estudiantes y la comunidad educativa con la defensa de una educación digna y transformadora. En lugar de apagar la llama de la protesta, la criminalización de los estudiantes solo fortalece su convicción de que el cambio es posible y de que la educación debe ser un motor para la transformación de la sociedad.