El 10 de diciembre de 2023, Día Internacional de los Derechos Humanos, y cuando se cumplían 2 años desde el suicidio de Patricio Pardo, víctima de trauma ocular de la revuelta, Montiel formó parte de una intervención artística donde se tiñeron las aguas de las piletas frente al Palacio de La Moneda con tierra roja, en protesta contra las violaciones a los derechos humanos aún impunes. La acción buscó visibilizar el dolor de las víctimas de violencia estatal y denunciar la falta de justicia para quienes sufrieron represión durante el estallido social de 2019. La fiscalía había solicitado 300 días de cárcel efectiva, acusándolo de "desórdenes públicos", pero las abogadas de CODEPU, Victoria Herrera y Mariela Santana, demostraron que la intervención fue una expresión legítima de protesta.

Persecución a sobrevivientes y uso de la fuerza

La detención de Montiel estuvo marcada por apremios ilegales, incluyendo golpizas dirigidas al ojo mutilado del manifestante, una muestra de la brutalidad ejercida por carabineros. Este caso refleja la constante criminalización y revictimización de los sobrevivientes de la violencia estatal, quienes continúan enfrentando persecución, solo por exigir justicia y reparación por las graves violaciones a los derechos humanos de las que fueron víctimas.

Pablo Montiel expresó antes de su juicio:

"Este proceso es otro tipo de aleccionamiento. Es necesario visibilizar estas prácticas que buscan deteriorar aún más nuestra salud mental y profundizar los traumas de quienes sobrevivimos al terrorismo de Estado."

Impunidad y abandono estatal

El caso evidencia la falta de justicia y reparación para las víctimas de represión, así como el abandono por parte del Estado. Ya son cinco personas, víctimas de trauma ocular, y al menos 4 víctimas de la represión ejercidda en la revuelta que se han quitado la vida debido a las secuelas psicológicas y al desamparo sufrido tras los ataques, en un contexto de continua violencia y obstáculos burocráticos.

La conquista de esta absolución representa una importante defensa de las libertades democráticas, de la libertad de expresión y la memoria histórica. Sin embargo, la persecución a manifestantes y defensores de derechos humanos sigue siendo una práctica habitual, lo que subraya la urgencia de organizarse y resistir ante un sistema que criminaliza la protesta social.

El caso de Pablo resalta la importancia de continuar exigiendo el fin de la represión y la impunidad. Las palabras de Montiel resuenan como un llamado a la acción:

"Nos seguirán deteniendo y reprimiendo, pero debemos seguir organizándonos y luchando, porque rendirnos no es una opción ante un sistema lleno de desigualdades."

Este proceso evidencia la necesidad de una coordinación independiente del Estado para defender los derechos democráticos y exigir justicia y reparación para todas las víctimas de represión.