El día martes 12 de noviembre a las 04:00 de la madrugada la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transporte (ATT), de la mano de la Policía Nacional y la Fiscalía, procedió al secuestro de equipos de comunicación comunitarios de Radio Guerrilleros de Independencia, Radio Chiwalaki de Vacas y Radio Municipal Comunitaria Aiquile con el argumento fuera de norma en sus operaciones radiofónicas.
El secuestro de los equipos radiofónicos en estas áreas rurales de Cochabamba se dan en el marco de la profunda crisis política, económica y social que movilizó recientemente a sectores campesinos a bloquear las principales carreteras de Cochabamba, exigían, entre varias demandas populares, la renuncia del presidente Luis Arce Catacora. Lo anterior supone, por parte del gobierno nacional, una medida disciplinaria en contra de radios campesinas y un atentado a la libertad de expresión con el fin de acallar la voz y organización de estas comunidades campesinas.
En el caso de las tres radioemisoras afectadas, la ATT afirma que el secuestro de los equipos se fundamenta en la Ley 164, Ley General de Telecomunicaciones y el Decreto Supremo 432 que establece sanciones “para aquellos que hacen un uso ilegal del espectro radioeléctrico”. Sin embargo, por la jurisdicción rural de las radioemisoras la ATT contraviene el principio legal que protege a los medios comunitarios estipulado en el Decreto Supremo N° 29272 del 12 de septiembre de 2007 y que supone revertir la exclusión y desigualdad de acceso a telecomunicaciones, cobertura e información en la ruralidad.
En retrospectiva, podemos recuperar que, entre 1946 y 1980 la censura y desmantelamiento de las radios rurales en Bolivia era frecuente por parte de los gobiernos dictatoriales y de regímenes de excepción; sin embargo, en el contexto plurinacional, producto de las conquistas de las y los trabajadores del campo y la ciudad, estas acciones restauran el carácter totalitario del Estado burgués, este carácter es acompañado además de la violación del derecho a la protesta, la vulneración a la libertad de expresión específicamente en el caso de las radios rurales mencionadas, estas vulneraciones están en cooncorcandia con la represión policial, la militarización gradual, la judicialización, la censura y la persecución generalizada de los campesinos movilizados.
El Arcismo viene profundizando su giro a derecha con este tipo de medidas. Recientemente, impulsaron una resolución del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que prohíbe los bloqueos, concretando la criminalización de la protesta. Desde su gobierno, se viene enalteciendo el rol represor de policías y militares, aprobando un incentivo económico a todos los efectivos represores que participaron en los desbloqueos, dejando un saldo de más de 100 campesinos procesados. A esto se suma la reciente detención de los principales dirigentes campesinos del evismo, Humberto Claros de la CSUTCB y de Ramiro Cucho del CONAMAQ en una clara manifestación de persecución política y criminalización de la protesta social.
¡Rechazamos este reaccionario giro derechista del gobierno y exigimos la libertad de todos los detenidos!
¡Desde la Izquierda Diario nos solidarizamos con las radios afectas: Chiwalaki de Vacas, Guerrilleros de Independencia y Radio Comunitaria de Aiquile, exigimos libertad en sus operaciones radiofónicas!
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