Desde hace unos años se prepara el próximo saqueo de recursos naturales en Uruguay, esta vez vienen por el agua. Para sacar del estancamiento al modelo económico del capitalismo uruguayo, intentan reproducir lo que en un momento fue un impulsor de crecimiento como el modelo forestal, al costo de variados problemas ambientales. Políticos de todos los partidos del régimen se anotan en esta nueva “esperanza” de crecimiento económico. El nuevo fruto en la boca de los políticos vendehumo, listos para evangelizar sobre la novedad moderna y “ecológica”, que le permitiría al país continuar con su senda de “desarrollo”.
Hace poco tiempo Uruguay y la Unión Europea firmaron una declaración conjunta para promover la industria del hidrógeno verde en el país, que incluye una subvención europea de 2 millones de euros para impulsar este sector. Con anterioridad en 2023 Uruguay ya había firmado con esta entidad europea un memorándum sobre energías renovables, la firma de la actual declaración viene a ser una ampliación de esto, específicamente dedicada al tema hidrógeno verde. Pero no solo el capital europeo está interesado en el negocio, también está el interés japonés con su inversión multimillonaria en Paysandú, o el interés de Estados Unidos con el que ya se han firmado memorándums similares a los firmados con la Unión Europea, incluso la embajadora norteamericana en Uruguay se ha preocupado por elogiar y destacar el “rol” que está cumpliendo el país en este campo.
¿Qué es el hidrógeno verde?
La producción de hidrógeno verde se hace mediante electrólisis, usando una fuente de energía eléctrica “limpia”, o sea de energía renovable. Usando la electrólisis para descomponer el agua y producir hidrógeno. También se usaría el agua para el enfriamiento de los equipos necesarios para esta actividad.
Poco se menciona que en la ecuación de la producción de hidrógeno verde, es necesario acceder (mediante la producción o la extracción de la naturaleza) de agua pura, dando como resultado que para una empresa, le es más rentable explotar directamente de la naturaleza una fuente de agua ya limpia, que agregar costos de producción si se ven obligados a purificar el agua de la que disponen. Por eso, algunos de los proyectos que se piensan instalar en Uruguay como el de Tambores, apuntan a explotar los acuíferos.
Perfectamente, se podría obligar a las empresas a que si quieren producir hidrógeno verde desalinicen el agua del océano o mejor todavía, reciclen el agua que desechan las ciudades de sus redes de saneamiento existentes dándole un perfil de economía circular. Pero la intención de los políticos de todos los colores, es no restringir la posibilidad de las inversiones, dejando la puerta abierta para la explotación de los ríos y los acuíferos.
El impacto ambiental, además del saqueo del agua puede abarcar, el daño a la biodiversidad por la construcción de las infraestructuras (como ya está pasando con el proyecto de Paysandú), el peligro de contaminación del suelo y el agua.
Aunque se presentan como proyectos limpios y sostenibles, en realidad el perfil de estas explotaciones se inclina hacia el greenwhasing, concepto que significa una práctica comercial de marketing, presentando a la empresa como respetuosa de medio ambiente como fachada para mejorar sus ventas. Además de los daños ambientales mencionados, cabe destacar que para la producción de hidrógeno verde se necesitan usar recursos minerales como el litio y el cobalto, que dependen de actividades mineras muy dañinas en otras partes del mundo, tanto desde el punto de vista social como ambiental.
La ruta del hidrógeno verde de Lacalle
El gobierno de Lacalle Pou presentó en junio de 2022 un documento llamado “La hoja de ruta del hidrógeno verde en Uruguay”, que pretende fijar una estrategia para atraer inversiones extranjeras en este campo, para convertir al país en “líder mundial en la producción y exportación de hidrógeno verde”. Anuncia la posibilidad de inversión de unos 18 mil millones de dólares en el rubro y la generación de decenas de miles de puestos de trabajo, proyectando la producción de 1 millón de toneladas de hidrógeno verde para 2040.
Para esto se basan en la abundancia de recursos como la producción de energías renovables (eólica y solar), la ubicación estratégica del país entre Europa y Asia, el compromiso desregulatorio del país y el acceso al agua. En este último punto, en la página 22 del documento, se menciona que Uruguay cuenta con gran número de ríos (destacando los ríos Uruguay, Negro y de La Plata), como a su vez el acceso al océano Atlántico (la posibilidad de la producción en plataformas off shore) y el régimen de precipitaciones. Cabe destacar que el documento no restringe el uso de los acuíferos para la producción de esta mercancía, y la intención de usarlos se confirma por ejemplo con el proyecto ya existente de Tambores.
También se menciona la disponibilidad de CO2 biogénico para la producción de e-metanol o el e-Jet Fuel, que básicamente es apelar a las instalaciones industriales existentes que generan la llamada biomasa. Estos combustibles sintéticos se obtendrían de la combinación del hidrógeno y el CO2.
Al igual a como pasó con el modelo forestal, se apela al perfil desregulatorio (con múltiples beneficios impositivos para los inversores) y a la laxitud de los controles medioambientales, para generar las condiciones de un jugoso negocio para el capital extranjero, aprovechando la abundancia de los recursos naturales.
Algunas empresas instaladas y las que están en planes
Uno de los más conocidos es el que se quiere instalar en Tambores bajo la empresa Tambor Green Hydrogen Hub, a cargo de la empresa alemana Enertrag y la local SEG Ingeniería que proyectan producir 15.000 toneladas anuales de hidrógeno verde y metanol, en base a la explotación directa del Acuífero Guaraní.
Hay un proyecto piloto, llamado H24U, y beneficiado de un fondo sectorial, tiene como objetivo vincular la producción de hidrógeno verde con el sector forestal. Las empresas que lo impulsan son Saceem, CIR, Air Liquide y Fraylog. El proyecto se ubica en pueblo Centenario, cerca de la planta de celulosa de UPM, a la cual el proyecto está asociado, con una inversión inicial de 40 millones de dólares, se espera que entre en funcionamiento en 2025. Al igual que H24U, existen otros proyectos pilotos que buscan posicionarse en este nuevo sector.
Otra empresa forestal con un proyecto parecido es Montes del Plata (asociación de la chilena Arauco y la sueco-finesa Stora Enso), que en Fray Bentos trabajará un proyecto similar con el proyecto Kahirós. En asociación con el Grupo Santander, la ya mencionada Fraylog, Fidocar y Ventus. Se anunció la instalación de 8000 paneles solares y se espera que la producción comience en 2026.
El proyecto de HIF Global, es el proyecto que busca instalarse en Paysandú, es en asociación con la estatal ALUR, y ya con la polémica de la posible destrucción de la biodiversidad local, por la construcción de su planta a orillas del río Uruguay. La empresa tiene el objetivo de producir combustible para navíos. Es una empresa japonesa, con fuerte respaldo del gobierno japonés (mediante la Organización Japonesa para la Seguridad de los Metales y la Energía), se menciona que la inversión ya ha alcanzado los 200 millones de dólares. Se asegura que la inversión global podría alcanzar los 6000 millones de dólares. La empresa asegura que no tomará agua de los acuíferos y que tomará agua del río Uruguay, “sin afectar su caudal”.
Más extractivismo para sostener el modelo económico
Presentado internacionalmente como una “transición ecológica” para resolver los grandes problemas de contaminación que sufre el mundo, en este caso para disminuir la emisión de CO2, en realidad es una nueva excusa del capital para ampliar sus negocios bajo la bandera ecologista, sin apuntar a las causas de fondo que son las formas depredatorias de explotación de la naturaleza que impone el capitalismo.
Para nuestros países, ya hay casos de “emprendimientos” de hidrogeno verde en la región como en Chile y Argentina, además se agrega el modelo extractivista que directamente significa el saqueo del agua y grandes beneficios impositivos y desregulatorio a favor de los inversores.
Uruguay, tanto como nuestros países hermanos, por lo tanto buscan con estos proyectos, que suponen una determinada forma y rol en la división internacional del trabajo, dinamizar sus economías en base a un modelo extractivista que poco y nada deja a cambio a costa de la destrucción de nuestros recursos naturales.
Para los políticos de todos los colores, administradores de la miseria del capitalismo uruguayo, la premisa fundamental es sostener este modelo de la desigualdad, tapar con parches los problemas sociales generados y barrer bajo la alfombra las crisis ambientales y la destrucción de la naturaleza. Venimos de la crisis de la sequía de 2023 en donde más de la mitad de la población del país sufrió durante meses escasez y problemas de acceso al agua potable de calidad, dejando en evidencia la falta de preparación del país para resolver problemas ambientales y sociales de esa magnitud. El extractivismo y el saqueo del agua que anticipan estos proyectos, no harán más que agravar estos problemas estructurales.
Lamentablemente esta no será la última vez que tendremos noticia de estos proyectos, todo está preparado para repetir el ciclo y sobre extender el modelo de producción reinante. Los trabajadores y el pueblo organizado, nada tienen que esperar de estas promesas de puestos de trabajo (que al final terminan siendo pocos después de las fases de construcción) y “desarrollo” económico, que en realidad terminan siendo enclaves generalmente aislados del resto de la estructura económica.
La producción de bienes como el caso de este combustible, la energía eléctrica u otros, deben estar sujetas a las necesidades reales de la población y no en función del enriquecimiento de un puñado de corporaciones a costa de la destrucción de la naturaleza. Décadas de neoliberalismo ya han dejado en claro que las promesas de puestos de trabajo que se ofrecen a cambio tampoco solucionan este problema estructural (la precarización laboral y el desempleo es intrínseco al modelo).
De fondo, un plan racional de utilización y cuidado de los recursos naturales en base a las necesidades reales de la población, discutido con las comunidades locales que se verían afectadas, con los trabajadores de FFOSE y la clase trabajadora toda, es la perspectiva independiente por la que debe pelear la clase trabajadora y el pueblo en general.
La pelea por trabajo genuino y el cuidado de la naturaleza solo será posible por la organización y lucha independiente de los trabajadores, para poner la producción social al servicio de las mayorías y no de un puñado de ricos. | 
