Más de una década después el primer “Rodea el Congreso”, 21 activistas se enfrentan a condenas de cárcel que acumulan más de un siglo en total. Esta persecución judicial, junto a otras como los ‘seis de la Suiza’ o los ‘seis de Zaragoza’, demuestran que el derecho a la protesta no significa nada en manos del Estado capitalista.
El 25 de septiembre de 2012, miles de personas rodeaban el Congreso de los Diputados en protesta contra la corrupción del régimen político capitalista en mitad de una crisis económica que azotaba al conjunto de la clase trabajadora. La protesta denunciaba el carácter antidemocrático del régimen y planteaba la necesidad de poner en marcha un proceso constituyente
La protesta ese día fue duramente reprimida por la policía, que detuvo a más de 60 personas y dejó decenas de heridos entre quienes protestaban por no poder llegar a fin de mes, ser desahuciados o perder su trabajo y contra una casta política que ya no les representaba. Hoy, a 12 años de aquella manifestación, 21 activistas enfrentan el infame pedido de la fiscalía de un total de 112 años y 5 meses de penas de prisión.
Para la Coordinadora 25S, integrada por muchos de los convocantes de aquella manifestación el 25 de septiembre de 2012, “simplemente por el retraso que acumula el procedimiento, más de 12 años, la causa debería suspenderse y archivarse”.
El Gobierno “progresista” es responsable de que este juicio infame continúe su curso. Algo que naturalmente no puede sorprender a nadie, puesto que este mismo Gobierno -con la colaboración de Sumar ahora, y de Unidas Podemos antes- es el que ha mantenido la Ley Mordaza, las leyes antiterroristas y ha creado nuevas leyes liberticidas como la LCU que llevan la Ley Mordaza a las universidades.
Desde Izquierda Diario y la CRT expresamos nuestra solidaridad incondicional con las 21 personas encausadas, denunciamos a esta justicia para ricos y capitalistas, y nos sumamos al pedido de suspensión y archivo de la causa. |