Esta nota fue originalmente publicada en Révolution Permanente
En Francia 15.000 empleos están amenazados en el sector químico y petroquímico, 3.800 en el aeroespacial, de ellos 2.500 en Airbus Defense and Space, 3.600 despidos sólo en Auchan y Michelin, y un número creciente de subcontratistas del sector del automóvil en liquidación o amenazados: Wheels, MA France, Tenneco, Walor, Snop, GMD, Inteva, JTEKT, etc. En octubre, la empresa de distribución de folletos Milee anunció uno de los mayores planes de despido de los últimos 40 años, despidiendo a 10.000 empleados sin remuneración, mientras que la patronal francesa está a la ofensiva con despidos y el cierre de centros históricos. Según el sindicato francés CGT, actualmente están amenazados 150.000 puestos de trabajo, y es probable que esta cifra aumente en el próximo periodo.
Si bien han surgido algunas iniciativas ejemplares contra estos despidos, como la Confédération Paysanne y los comedores solidarios que proporcionan alimentos a los huelguistas de Michelin que luchan por sus puestos de trabajo, el movimiento ecologista todavía no pretende dar una respuesta importante a esta ofensiva, a pesar de que plantea cuestiones ecológicas esenciales. ¿Por qué la lucha contra los cierres de plantas y los despidos es una cuestión ecológica clave? ¿Qué vías hay que explorar?
Luchar contra la desintegración social: ¿un tabú en el movimiento ecologista?
¿De dónde procede esta indiferencia, en el mejor de los casos, o reticencia, en el peor, para apoyar a los trabajadores que se enfrentan a la pérdida de sus empleos dentro del movimiento ecologista? 50 años de ecologismo institucional, desde EELV a Greenpeace pasando por el WWF, no han ayudado.
Como señala Clément Sénéchal, antiguo militante de Greenpeace, en su reciente libro Pourquoi l’écologie toujours perd? la aparición de esta ecología institucional en los años 70 se caracterizó por «una vindicta centrada en los practicantes más que en los principales, en los que viven de su trabajo más que en los que organizan el sistema que los explota». El autor explica que «el ecologismo moderno sitúa así la ecología fuera del movimiento obrero, para convertirla en un espacio aparte, como un santuario». Aunque algunos sectores de las ONG han dado pasos positivos hacia el movimiento obrero en los últimos años, como la campaña de Greenpeace y Amigos de la Tierra contra la huelga de la refinería de Grandpuits, este enfoque sigue siendo minoritario.
Pero la orientación política de las ONG y los ecologistas institucionales no basta por sí sola para responder a la pregunta. Fuera de este ámbito, e incluso en los sectores más radicales de la ecología, la lucha contra la desintegración social sigue siendo un tabú. "Se podría incluso llegar a sugerir que las relaciones laborales están por todas partes ausentes de los debates contemporáneos en ecología política", señala el filósofo marxista Paul Guillibert en Exploiter les vivants.
Una posible explicación podría ser que casi toda la ecología política se centra en la lucha contra el "productivismo". Desde las corrientes del decrecimiento hasta la ecología libertaria y anarquista, su nacimiento en los años 1960-1970 tuvo lugar en el contexto de un rechazo, en sus términos, del productivismo capitalista y estalinista. Luchar contra este "productivismo" y contra el cierre de las fábricas, apropiadas por los capitalistas al servicio del beneficio, sitúa a la ecología política en una posición incómoda y paradójica.
Por último, el paradigma de bloqueo, sabotaje y desmantelamiento que estructura la relación de la ecología radical con los medios de producción, en particular en el caso de Soulèvements de la terre, no parece adecuado para comprender en detalle lo que está en juego en la lucha contra el cierre de fábricas. Y ello a pesar de su sincera voluntad de establecer vínculos con el movimiento obrero.
Recientemente, Greta Thunberg apoyó la lucha de los trabajadores de GKN en Italia, que luchan contra su despido y por la reconversión ecológica de su fábrica. Su postura ejemplar contra la oposición «entre las luchas del mundo del trabajo y la lucha por la justicia climática», y su defensa de la idea de «reindustrialización desde abajo», están contribuyendo a lanzar el debate contra los despidos y los cierres de fábricas dentro del movimiento ecologista.
Fin del mundo-fin de mes
La cólera contra el impuesto sobre el carbono, la explosión de los chalecos amarillos y el eslogan «fin del mundo-fin de mes» que se ha impuesto en las manifestaciones, han mostrado la oposición a una ecología burguesa que es en realidad sinónimo de austeridad para las clases trabajadoras. Los despidos y los cierres de fábricas son la siguiente etapa de estas políticas de austeridad, que pretenden hacer pagar a los trabajadores y a las clases populares las crisis económica y ecológica.
El caso del cierre de la fábrica Solvay de Salindres, objeto de un reportaje en Reporterre, podría encarnar en sí mismo el vínculo entre el fin del mundo y el fin de mes. Esta planta química, que emplea a 96 personas, produce compuestos peligrosos para la salud y ha sido señalada como parte del escándalo de los "contaminantes eternos". Una de las razones aducidas por la patronal para el próximo cierre de la planta es el endurecimiento de las normas sobre estos compuestos.
"Mientras no hubo normas de vertido para estos PFAS, produjimos todo lo que pudimos, y ahora que empieza a haber normas más restrictivas, que son legítimas para la protección de las personas, dejamos de hacerlo...", declaraba un representante de la plantilla. Pero es que si no hay nadie de Solvay de un día para otro, tienen que limpiar el lugar inmediatamente, y eso representa un coste considerable. Mantener al personal significa que no tienen que limpiarlo», afirma el sindicalista.
El cierre del centro representa un ataque social y medioambiental: "Los empleados entrevistados por Reporterre temen una doble penalización. Los empleados entrevistados por Reporterre temen un doble castigo: que Solvay desaparezca con todas las pérdidas de puestos de trabajo... y que los empleados y los habitantes de la zona tengan que hacer frente solos a las consecuencias de la contaminación."
Lejos del tópico de que estos cierres de fábricas son una buena noticia para el medio ambiente porque suponen el fin de las actividades contaminantes, en realidad no sólo son un ataque directo de la patronal a los trabajadores, sino también una forma de que los empresarios se adapten a las crisis y limitaciones para continuar la carrera por los beneficios que está en la raíz de la crisis ecológica. Como señala el teórico ecologista Diego Landívar, "el capitalismo ya se está cerrando, como acabamos de ver, pero su horizonte estratégico de cierre es exactamente lo contrario de lo que nos interesa aquí: no tiene sentido estratégico frente al Antropoceno y sólo existe para asegurar su propia preservación y mantenimiento".
En este sentido, la lucha contra los despidos también sirve para desenmascarar la mascarada del lavado verde. El lavado verde se utiliza ampliamente para justificar la destrucción social. El último ejemplo: la fábrica de automóviles Stellantis de Poissy, que emplea a 2.600 trabajadores, va a transformarse en un «Campus Verde» para albergar a los responsables de investigación y desarrollo y no a ningún trabajador de la fábrica.
Lucha contra la externalización de la contaminación a los países dominados por el imperialismo
Frente a una clase obrera sindicalizada y a menudo combativa, como demuestra la batalla sobre las pensiones, y a unas normas medioambientales y sociales que considera demasiado restrictivas en el corazón del imperialismo, la patronal aprovecha estos periodos de crisis para reestructurar el aparato productivo en dirección a los países dominados. El filósofo marxista Kohei Saito señala que se trata de una verdadera "estrategia de choque" al servicio de "los intentos de desplazar las contradicciones del centro para resolverlas en forma de un “imperialismo ecológico” basado en el saqueo de la periferia»"
Es una dinámica que permite a los empresarios aprovechar una mano de obra más explotable que en los centros imperialistas, pero también contaminar y capturar recursos naturales de forma totalmente desenfrenada. Como dice la editorialista Pam Woodall, del muy burgués The Economist: "El comercio internacional sólo es ventajoso si permite a los países explotar su ventaja comparativa, no exigiéndoles a todos que hagan lo mismo. Y de un modo u otro, la ventaja comparativa de los países del Tercer Mundo reside en gran medida en su pobreza, en particular en su mano de obra barata y su mayor tolerancia a la contaminación".
En la misma línea, Lawrence Summers, economista jefe del Banco Mundial, escribió en un memorando interno en 1991: "La lógica económica de que debemos deshacernos de los residuos tóxicos en los países con salarios más bajos es, en mi opinión, impecable, y tenemos que aceptarla[...]. Siempre he creído que los países poco poblados de África están en gran medida poco contaminados y que la contaminación atmosférica allí es muy innecesariamente baja en comparación con Los Ángeles y Ciudad de México".
Un ejemplo reciente de esta lógica es la pérdida de 700 puestos de trabajo por parte de Total en 2021 en la refinería de Grandpuits. Total presentó el fin de las actividades de refinado en el lugar como un plan de reconversión ecológica del lugar, mientras que al mismo tiempo el gigante petrolero desarrolla proyectos ecocidas como Tilenga y Eacop en Tanzania y Uganda, que implican la expropiación total o parcial de más de 100.000 personas y amenazan zonas naturales para extraer cada vez más petróleo.
Para luchar contra esta externalización de las peores formas de contaminación a los países dominados, los trabajadores desempeñan un papel central y estratégico, como lo demuestran las huelgas petroquímicas que paralizaron durante varias semanas a los gigantes del petróleo en otoño de 2022, o la huelga de los trabajadores estadounidenses de Boeing, que resistieron durante siete semanas al gigante aeroespacial y armamentístico. Los refinadores de Grandpuits, aliados con diversas organizaciones ecologistas, denunciaron los proyectos Tilenga y Eacop durante su huelga de 2021, una muestra de la hipocresía de Total, que decía salvar el medio ambiente en Francia mientras arrasaba Uganda y Tanzania.
Romper la separación entre el movimiento ecologista y el movimiento obrero
Por otra parte, abandonar la batalla contra los despidos significa dejar un terreno particularmente favorable a todos los matices del soberanismo, y especialmente a RN. El rechazo de una ecología burguesa sienta las bases de la demagogia antiecolos y del «localismo» nacionalista de RN. Como señala Clément Sénéchal en Libération, "la ecología burguesa empuja a sectores enteros de las clases trabajadoras hacia la extrema derecha". El riesgo es que la brecha entre el movimiento ecologista y el movimiento obrero se ensanche, y que las fuerzas más reaccionarias salgan vencedoras.
Como señala Paul Guillibert, "esta alternativa entre proteger el planeta y preservar las condiciones de trabajo no es simplemente una estrategia de distracción. Su objetivo es crear un bloque hegemónico interclasista en el que trabajadores y capitalistas se enfrenten a un movimiento ecologista decreciente que se opondría a sus intereses comunes". Frente a esta trampa, asumir la lucha contra los despidos con una perspectiva ecologista permitiría sentar las bases de una alianza entre militantes ecologistas y trabajadores que luchan por el empleo, contra los capitalistas responsables de la destrucción social y ecológica.
Un programa ecologista contra los despidos
Una alianza de este tipo permitiría también plantear cuestiones programáticas clave. Además de solidarizarnos con las huelgas de Michelin, Vercorex, ID Logistics y Saunier Duval y de defender la reivindicación defensiva del despido cero, la situación nos obliga a volver a poner en el orden del día la apertura de las cuentas.
Frente a una patronal que argumenta que hay que ahorrar a toda costa, mientras se atiborra de subvenciones públicas y obtiene beneficios récord, debemos exigir la mayor transparencia contable posible, con acceso de todos los trabajadores a las cuentas de todo el sector, así como a los planes industriales globales de la patronal, que se elaboran con años de antelación, y más en general a toda la documentación interna de las empresas.
Estos datos son especialmente valiosos desde el punto de vista medioambiental, ya que permiten rastrear los compuestos utilizados y destapar escándalos medioambientales que a menudo ocultan los gigantes de la contaminación, como demuestra el escándalo de los contaminantes eternos. En conjunto, esta información permitiría diagnosticar la catástrofe, un paso esencial para poner en marcha operaciones masivas de limpieza y protocolos para proteger a los empleados y residentes.
Si, como en el caso de la industria automovilística, los despidos se justifican por un mercado saturado, no hay problema: hay que obligar a los empresarios a repartir el tiempo de trabajo. "Podemos reducir muy fácilmente las horas de trabajo y, por tanto, el volumen de producción [...] sin que ello afecte a los salarios ni a los puestos de trabajo. Son los beneficios los que se reducirían, no las rentas del trabajo", como dice Paul Guillibert. Compartir el tiempo de trabajo es una medida eminentemente ecológica, pero debe vincularse a un debate sobre la reconversión ecológica de industrias enteras.
Por ejemplo, en el caso de la industria automovilística, ante la catástrofe climática no queda más remedio que reducir la producción global de vehículos privados, lo que es imperativo desde el punto de vista de la lucha contra la crisis ecológica. Pero esta necesidad no se contradice con la de mantener los puestos de trabajo y las instalaciones de producción.
En lugar del plan patronal -destrucción de fábricas no rentables y pérdida de miles de puestos de trabajo-, hay que nacionalizar la industria automovilística bajo control obrero para reorientarla y ponerla al servicio de las necesidades de la población, manteniendo los puestos de trabajo. En el caso de las puntas de lanza del imperialismo francés como Total, ponerlas bajo control obrero permitiría también detener los numerosos proyectos eco-asesinos que desarrollan en todo el mundo, y la represión que los acompaña.
En el caso de las plantas químicas, si son las normas consideradas demasiado restrictivas las que justifican el cierre de las instalaciones, es porque la búsqueda de beneficios y la protección de los trabajadores, los residentes locales y el medio ambiente son fundamentalmente incompatibles. El reciente escándalo de las fugas en la refinería de Donges recuerda esta lógica. Estas industrias también deben nacionalizarse bajo el control de los trabajadores, que podrán establecer planes de protección y reconversión en colaboración con los residentes locales y los científicos. También es necesario realizar un diagnóstico médico y medioambiental de los daños causados por la desastrosa gestión de la patronal, indispensable para poner en marcha operaciones de saneamiento y planes de salud.
La huelga de Grandpuits fue una primera demostración de ello: uniendo sus fuerzas a las de Greenpeace, Amigos de la Tierra, XR, la Confédération Paysanne y Attac, los refinadores en huelga no sólo denunciaron el "greenwashing" de Total, sino que pusieron en marcha un plan alternativo de reconversión de la planta, concebido por trabajadores y militantes ecologistas, al tiempo que defendían la nacionalización de la planta bajo control obrero. Es una experiencia que debería inspirar una respuesta global a la brutal ofensiva actual.
Traducción: Jorge Remacha | 
