A menos de dos horas de la cita de la comisión de Presupuesto y Hacienda que iba a dictaminar el Presupuesto 2025, el gobierno decidió suspenderla y envió al diputado José Luis Espert a brindar una conferencia de prensa que dejó abierto el escenario. “Todavía no hemos llegado a un punto en común que permita garantizar el déficit cero. Por tal motivo, hemos suspendido la reunión de comisión que teníamos prevista para hoy para 15 horas” dijo Espert. Agregó que “En las próximas semanas si hubiera avances en este sentido, el Poder Ejecutivo evaluará la posibilidad de convocatorias extraordinarias para su tratamiento”.
Una promesa poco creíble para los gobernadores porque los tiempos parlamentarios aprietan: este miércoles 20 de noviembre es el ultimo día legal para dictaminar en el período ordinario que finaliza el 30 de noviembre. El problema es que este miércoles el PRO y La Libertad Avanza pidieron una sesión para tratar ficha limpia, una ley de Bullrich de “reiterancia” y permitir el voto por correo para extranjeros. Es decir, a menos que los bloques que quieren que haya un presupuesto encuentren un resquicio para dictaminar durante la jornada de mañana, el panorama se complica. La llave para prorrogar hasta diciembre las sesiones ordinarias o convocar a extraordinarias la tiene el Poder Ejecutivo. Pero la conferencia de prensa de Espert no dio ninguna confianza de que vaya a suceder: no confirmó que lo harán, solo dijo que es “una posibilidad”.
La decisión de suspender la comisión del presupuesto fue tomada en Casa Rosada, no lo sabían ni los propios diputados de la tropa libertariana, ni tampoco sus aliados del PRO. Por eso las sospechas de buena parte de los bloques es que Javier Milei no quiere presupuesto para el año que viene: prefiere volver a prorrogar por segunda vez el de Sergio Massa de 2023, y de esa forma tener un manejo totalmente discrecional de los recursos públicos. El mandato mileísta es ajuste hasta que duela: dicen que el déficit cero no se negocia y la prioridad es el pago de la deuda al FMI.
Los gobernadores no están preocupados por eso, sino por la caja para sus provincias. Siguen insistiendo en cinco puntos sobre los que el poder ejecutivo no cede. Tal como contamos la semana, piden: que se coparticipe el impuesto a los combustibles líquidos, saldar deudas del pacto fiscal del 2017, obras públicas, fondos para las cajas previsionales de las provincias y coparticipar un porcentaje que se lleva la ex AFIP.
Por la tarde de este martes, en los pasillos del Congreso había desconcierto pero no desesperación. Los gobernadores siguen presionando en la negociación, pero también saben que pueden seguir con la dinámica que tuvieron todo este año. Cada mandatario pelea por lo suyo en la mesa chica con los funcionarios de Milei. Muchos de los diputados que siguen sus órdenes reconocen que tienen actas propias donde el gobierno sella compromisos por recursos u obras públicas.
En las semanas previas varios evaluaban que el gobierno quería que haya un presupuesto como "señal a los mercados y al FMI". Pero esta tarde algunos legisladores bromeaban y especulaban "quizás ahora que va a estar Trump creen que eso ya no importa".
Los gobernadores y sus bloques no descartan utilizar la amenaza de rechazar el DNU que habilita a Caputo a renegociar deuda en dólares sin pasar por el Congreso y sin respetar la ley de administración financiera. Es un decreto que preocupa mucho al oficialismo y puede ser una herramienta que los termine obligando a tratar finalmente el presupuesto. Porque sería la única vía para incluir esa potestad al ministro de economía: hacerlo por la llamada “ley de leyes” que ya lo incluye en uno de sus artículos.
Durante la tarde de este martes habrá reuniones de los bloques que pueden terminar de definir una hoja de ruta. Con o sin el gobierno. Algunos no descartan que se caiga la sesión de ficha limpia convocada para el miércoles al medio día. | 
