En primer lugar impactó el importante recorte anunciado para las instituciones más importantes de Educación Superior (la UNAM, el IPN y la UAM), las cuales presentaban una disminución del 10% con respecto al año pasado. o los rubros de Salud y Cultura que llegaban a tener recortes mayores al 30%.

Ahora bien, esto iba acompañado de una reducción en el presupuesto de seguridad y a la Sedena, cuestión que de inicio parecería positiva, pero que tenemos que escudriñar para entender las motivaciones.

Lo que no fue ninguna novedad fue el soporte fiscal para los ahora llamados derechos sociales (programas sociales), que recientemente el bloque oficialistas asentó como obligatorios en la Constitución y que, la presidenta, prometió se ampliarían

El recorte a educación y cultural: un gesto poco progresista

A cualquiera que ubique al gobierno como un ente político con interés por el desarrollo social no le puede dejar de sorprender el escandaloso recorte a las universidades públicas del país, mismo que es del 10%.

El gobierno asegura que fue un error, que al menos para la UNAM, la UAM y el IPN hay un aumento asegurado y que, en general, para educación hay un 3.5% más de presupuesto -cifra que vale decir, está por debajo de la línea de inflación-. Sin embargo, no hubo mención sobre el resto de las universidades estatales del país, y por ahora sigue siendo una promesa sin mucho contenido.

En el ámbito de la cultura, figuras simpatizantes del gobierno, como Elena Poniatowska, a quien nadie podría acusar de ser de la oposición, son de las pocas voces que han levantado la voz ante un radical recorte presupuestal que significa un 30% menos que el año pasado, un verdadero escándalo, para la presidenta que se jacta de haber gobernado la Capital Cultural de América y cuyo proyecto insignia fueron los Pilares.

De ser confirmada esta previsión presupuestal, sería un duro golpe, como pocas veces se ha visto.

Seguridad, ejército y militarización

En una entrevista, el Secretario Ramírez de la O dedicó mucho de su tiempo asegurando que el presupuesto de seguridad no disminuye, es más, que aunque en los número parezca así, el traslado de la Guardia Nacional a la Sedena explica la reducción en seguridad, mientras que la reducción en Sedena se explica por el fin de los megaproyectos a cargo del ejército como el Tren Maya, el Tren Transístmico, el Tren Interurbano, Dos Bocas, etc. que o ya se terminaron o están por terminarse.

No le quedó duda en presumir que en términos netos el presupuesto para las fuerzas de seguridad, uno de los sectores consentidos de la 4T, había aumentado y seguirá aumentando para combatir el crimen organizado, esto según sus palabras.

Mientras aseguró que la Guardia Nacional es un cuerpo que está en crecimiento y que seguirán fortaleciendo durante esta administración, lo que queda claro es que la política de seguridad iniciada por Calderón, continuada por Peña Nieto, ahora ha sido fortalecida, aunque discursivamente busquen negarlo.

Un presupuesto centrado en las necesidades sociales y no en los mercados

Para Rámirez de la O, una de las mejores señales que hay sobre este plan presupuestario, que tiene un déficit fiscal y que parte de proyecciones optimistas de la economía mexicana, es que los mercados cambiarios han reducido el precio del dólar frente al anuncio, y según sus palabras, habla del respaldo que hay desde las corridas en Nueva York.

Es claro que los derechos sociales tienen un enorme peso, sin embargo, también quedan sendas dudas de cómo se va a conseguir los recursos para mantenerlos, pues el gobierno pasado ya recortó todo lo que se podía en materia estatal.

Por ahora, se negó la posibilidad de una reforma fiscal, pero se prometió que no iba a aumentar el IVA en alimentos y medicinas. Sin embargo, lo único progresivo para la recaudación de impuestos sería una reforma que cobre impuestos progresivos a las grandes fortunas, que fueron los mayores beneficiados durante el sexenio de AMLO, que vieron duplicadas su fortunas.

Es necesario imaginar otro modelo de sociedad, una dirigida por las y los trabajadores, mujeres, indígenas y pobres urbanos organizados que planifiquen la economía para discutir democráticamente en donde hay mayor necesidad de recursos. Y que incluso cancele el pago de la ilegítima deuda externa, que desfinancie al ejército, e impongan un salario mínimo mayor al costo de la canasta básica familiar. Sólo así es posible una propuesta presupuestaria que no piense en los mercados, sino, en las necesidad más sentidas de la población.