La Corte Penal Internacional (CPI) ha emitido este jueves órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa, Yoav Gallant, por "crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra cometidos desde al menos el 8 de octubre de 2023 hasta al menos el 20 de mayo de 2024, día en que la Fiscalía presentó las solicitudes de órdenes de arresto".
Tanto Netanyahu como Gallant tienen "responsabilidad penal por los siguientes crímenes como coautores por cometer los actos conjuntamente con otros: el crimen de guerra de hacer morir de hambre como método de guerra; y los crímenes contra la humanidad de asesinato, persecución y otros actos inhumanos" contra la población palestina, señala la orden.
Esto marca un precedente importante para la CPI, ya que es la primera instancia en los 22 años de historia de la corte que emite órdenes de arresto contra altos funcionarios aliados de Occidente.
En su declaración, la Sala de Cuestiones Preliminares I de la CPI, un panel de tres jueces, dijo que ha rechazado las apelaciones de Israel que cuestionan su jurisdicción.
Los 124 Estados miembros del Estatuto de Roma, el tratado que creó la Corte, tienen ahora la obligación de detener a las personas buscadas y entregarlas a la CPI en La Haya. No se puede iniciar un juicio en ausencia.
Sin embargo, el tribunal no tiene poderes de ejecución, sino que depende de la cooperación de los Estados miembros para detener y entregar a los sospechosos.
La CPI también emitió una orden de arresto contra Mohammed Diab Ibrahim al-Masri, el jefe militar de Hamas más conocido como Mohammed Deif (a pesar de las afirmaciones israelíes de que fue asesinado en Gaza). El objetivo de la CPI era buscar "equilibrar el fallo" en una suerte de teoría de los dos demonios como si se tratase de crímenes de escala equivalente. Es incomparable la relación entre el genocidio y la violencia histórica de un estado colonialista y apartheid como Israel, armado nada menos que por Estados Unidos, la principal potencia mundial, que la acción encabezada por Hamas como parte de la resistencia palestina, más allá de las diferencias con sus métodos y su estrategia reaccionaria de instalar un estado teocrático.
Aunque la CPI no es reconocida por Estados Unidos ni por Israel y se expide sobre personas y no sobre gobiernos o países, la orden implica un importante revés para la imagen internacional del colonialismo israelí y el genocidio que lleva adelante con el apoyo abierto de Estados Unidos, y los principales países imperialistas, así como el gobierno argentino de Milei que defiende la masacre del pueblo palestino. Ante todo golpea a Netanyahu, que podría ser detenido si viaja fuera de Israel, y a su gobierno que viene avanzando en una política guerrerista hacia Líbano, ampliando las tensiones hacia toda la región incluyendo a Irán, Siria, Irak y Yemen.
La cámara afirmó que hay motivos razonables para creer que Netanyahu y Gallant "privaron intencionalmente y a sabiendas a la población civil de Gaza de objetos indispensables para su supervivencia, incluidos alimentos, agua, medicinas y suministros médicos, así como combustible y electricidad, al menos desde el 8 de octubre de 2023 hasta el 20 de mayo de 2024".
"Esta conclusión se basa en el papel del Sr. Netanyahu y el Sr. Gallant al impedir la ayuda humanitaria en violación del derecho internacional humanitario y su incapacidad para facilitar la ayuda por todos los medios a su disposición. La Sala concluyó que su conducta provocó la interrupción de la capacidad de las organizaciones humanitarias para proporcionar alimentos y otros bienes esenciales a la población necesitada en Gaza".
"Por lo tanto, la Cámara encontró motivos razonables para creer que el Sr. Netanyahu y el Sr. Gallant tienen responsabilidad penal por el crimen de guerra de hacer morir de hambre como método de guerra", dijo la Cámara.
Agregó que los líderes israelíes están acusados de crímenes contra la humanidad de asesinato y persecución.
Como ya es habitual, la oficina del primer ministro israelí calificó de “antisemita” la orden de arresto, al igual que lo hace con cualquier acto que cuestione el genocidio a cielo abierto que viene llevando adelante en Gaza que ya se cobró la vida de casi 45.000 palestinos, la mayoría niños, niñas y mujeres, ha reducido a escombros gran parte de la infraestructura de la Franja y ha forzado el desplazamiento de al menos 2,3 millones de habitantes al borde de la hambruna, como parte de su plan de limpieza étnica. | 
