El gobierno ha informado a través de los medios la realización de un examen evaluatorio a más de 40.000 empleados públicos, con carácter obligatorio, que comenzará en diciembre. El objetivo según informaron en los medios de comunicación sería buscar determinar los conocimientos en compresión lectora, razonamiento lógico matemático y administración pública.
Desde los inicios de la presidencia de Javier Milei, la política respecto a los trabajadores ha sido que ellos paguen el pato de la crisis económica y las ganancias siderales de las grandes empresas, no la casta. Los trabajadores estatales se vienen llevando la peor parte. Una campaña de desprestigio permanente, miles de despidos, vienen siendo el último orejón del tarro en la recomposición salarial de los empleos registrados, prácticamente congelado, gracias a las negociaciones de UPCN, el principal sindicato del sector.
Entrevistamos a integrantes de la Agrupación Marrón Clasista, fundada en los ’90, en común con los trabajadores del Astillero Rio Santiago, con una larga tradición de lucha en el gremio. Hablamos con Carina David, trabajadora del Indec, hace 32 años, contratada y con Leonardo Améndola, delegado de la Junta Interna del Ministerio de Trabajo.
¿A quiénes van a hacer la evaluación?
Carina: La evaluación la van a hacer en principio los trabajadores contratados comprendidos en los contratos conocidos como Resolución 48 y el Articulo 9, un porcentaje muy importante en el Estado, del cual un sector pasó a planta el año pasado y otro no, cuando el gobierno de Alberto Fernández tras el triunfo de Milei suspendió los concursos. La mayoría que quedó ahora sin concursar, son profesionales y otros compañeros que no pudieron concursar. Es decir, por ahora no serían trabajadores de planta permanente ni monotributistas a quienes le toman el examen.
Leonardo: Tal cual, la evaluación que pretende imponer el Ministerio de Regulación y Transformación del Estado, conducido por Federico Sturzenegger, abarca a todos los trabajadores y trabajadoras contratados de la Administración Pública Nacional, por Artículo 9 o Resolución 48. Es decir, todos los trabajadores que están en una relación de precariedad desde hace muchísimos años, ya que en su gran mayoría tienen muchísima antigüedad. Es un tipo de contrato que tenia renovación anual, hasta este nuevo gobierno, que impuso renovaciones trimestrales. Y con la aprobación de la Ley Bases, el gobierno con colaboración de otros sectores políticos como los radicales y peronistas "con peluca" como les han llamado, quieren imponer este examen que lo plantean como una condición para ser trabajador en el sector público. El fundamento es la ley bases. En el caso de UPCN que dijo en aquel momento que no habia que salir a rechazar esa ley, que no estaba planteada la movilizacion y las medidas de fuerza para cuestionar esa ley abiertamente anti-obrera y anti-popular. Hoy fundamentan la legitimidad del examen, en esa ley bases nefasta.
¿En qué consiste la evaluación?
Carina: Aparentemente el examen es un “múltiple choice”, con 25 preguntas, sería en Tecnópolis, otros plantean que en el Ministerio de Defensa. En realidad, hay pocos datos oficiales, es un examen que tendría que ver con evaluar a trabajadores de 10, 20 y 30 años, con preguntas de matemática y lógica, de comprensión de texto y vinculadas con la administración pública, la ley electoral y la Constitución nacional. Algunos los comparan con exámenes de quinto año de secundario. Entonces que se le haga a personas que terminaron la secundaria hace 20, 30 ó hasta 40 años, que en gran parte tienen título universitario vuelve más que evidente el despropósito y el sin sentido respecto a lo que supuestamente dicen que es el objetivo.
Leonardo: Sería un examen presencial, on line. Convocan a un mismo espacio fisico, donde se realizaría por medio de una plataforma. La idea de hacerlo en el Ministerio de Defensa es una provocacion de mal gusto, fiel al perfil derechista y de reconciliacion con los milicos que defiende este Gobierno. De todas formas no hay todavía comunicaciones oficiales sobre estos aspectos ni sobre las particularidades del examen. Los exámenes comenzarían por la región del AMBA, como una primera instancia, en la primera o segunda semana de diciembre, para el resto del país no está planteado que sean durante este año. Y los trabajadores que tienen certificado único de discapacidad por el momento se encuentran exceptuados de realizar el examen. Con la información que circula aparentemente habría tres instancias de evaluación, una en diciembre, quizás se regresaría en marzo y una tercera que todavía no está planteada. Esto también habla de las irregularidades con las que se informa.
¿Cómo fueron informados?
Leonardo: No fuimos informados hasta el momento, nos enteramos por los medios y por la información que hacen circular los sindicatos, especialmente UPCN que se transformó en el informante oficial de este examen. Hasta hace unas semanas las oficinas de RRHH planteaban no tener ninguna informacion sobre el tema. Hay otras irregularidades que hay que marcar y dejar bien claro. Por ejemplo la realización de estos exámenes por parte de una consultora privada que no se clarifica que consultora es, ni porqué procedimiento fue elegida, cuánto se le va a pagar, ni con qué metodología va a evaluar. La otra irregularidad es que es sin veeduría de los sindicatos, algo que hay que cuestionar a fondo, ya que vulnera toda proteccion del trabajador que va a rendir que queda en manos de una empresa privada sin ningun tipo de control.
¿Qué objetivo tiene, qué implicancias tiene el resultado?
Carina: Hay un claro objetivo que es seguir estigmatizando al empleado público. Sea cual sea el resultado. Y, por otro lado, puede ser la antesala de los próximos despidos.
Leonardo: El objetivo básicamente es buscar nuevas excusas y herramientas para que el gobierno continúe con su plan de desmantelamiento, de desguace, de despidos, en las distintas áreas de la Administración Pública Nacional. Un nuevo capítulo, una nueva herramienta que quiere usar el gobierno.
¿Cómo fue recibido por los trabajadores?
Leonardo: En los trabajadores claramente ha caído muy mal, eso es lo primero que hay que decir. Bronca con los funcionarios y con UPCN por tranzar todo y ser parte de este circo contra los trabajadores. Por momentos parece que es una tomada de pelo por parte del gobierno que designó a funcionarios sin ningún tipo de comprobación y de examen de idoneidad, que ha creado ministerios enteros, como el de Manuel Adorni. Ahí nadie evalúo nada para generar esos cargos de casta que ganan millones de pesos y no se sabe qué funciones están cumpliendo.
¿Qué dicen los sindicatos, UPCN y ATE?
Carina: UPCN directamente es parte ejecutora de la política del gobierno. Sin decir una palabra de las implicancias, sin cuestionar el procedimiento ni las consultoriías y la falta de veeduría gremial. Está armando comisiones para explicar el examen, que sería la primera y segunda semana de diciembre. ATE lo rechaza, plantea un recurso amparo por considerarlo ilegal ya que el trabajo cotidiano es la muestra de nuestra idoneidad. Porque inclusive en la Ley bases, qué es de lo que se agarran estos tipos del gobierno, el examen estaría destinado para la gente que ingrese a trabajar al Estado a partir de ahora.
¿Qué planteos viene haciendo como agrupación?
Carina: Rechazamos estos exámenes porque los trabajadores mostramos todos los días nuestra idoneidad, y el objetivo como dijimos es disciplinar aún mas, y mostrar a la sociedad que van "sobre los empleados públicos", que entre otras cosas laburan con sueldos que están bajo la linea de pobreza y precariedad de años.
Leonardo: Sí, y estamos planteando la necesidad de generar y construir una gran campaña donde los sindicatos se pongan al frente. UPCN como dijimos antes tiene la política de ser partícipe de esta iniciativa del gobierno. Por parte de ATE estaría planteado, además de hacer las presentaciones legales, ponerse al frente de la organización en cada sector de trabajo de distintas instancias asamblearias, reuniones y montar una gran campaña de rechazo exponiendo todas las irregularidades de este examen. Pensamos que con el rechazo en general y las presentaciones legales no alcanza y que sigue planteada la necesidad de un plan de lucha que articule todas nuestras demandas, contra los despidos, por el salario y ahora en rechazo a estos exámenes truchos.
Desde la bancada del Frente de Izquierda, por ejemplo, se han presentado iniciativas parlamentarias para rechazar los despidos en el estado y exigiendo el pase a planta permanente de los trabajadores y trabajadoras del sector público. Es necesario seguir sosteniendo esa demanda histórica, y construyendo la fuerza para conquistarla. |
