La presente en una versión editada del artículo original que fue publicada en La Izquierda Diario de Uruguay.
El Frente Amplio (FA) y su candidato Yamandú Orsi triunfó en la segunda vuelta presidencial de Uruguay, obteniendo el 49,9% de los votos, frente a la fórmula del Partido Nacional encabezada por Álvaro Delgado, que cosechó 45,9% de las adhesiones. Pese a que algunas encuestas anteriores preveían una paridad mayor, la coalición de centroizquierda triunfó con un margen más holgado.
Con el triunfo del último domingo, el FA accede a su cuarto mandato presidencial y Orsi se transforma en el tercer presidente frenteamplista. Los anteriores fueron Tabaréz Vázquez en dos oportunidades y José Mujica.
Si tomamos los datos de la elección en perspectiva comparada, el FA sube 6 puntos con respecto a la primera vuelta de octubre de este año, mientras que el Partido Nacional muestra un avance de 19,2% como partido individual, pero pierde algo más de punto y medio del total de la suma de los partidos de la coalición republicana (47,5%) en octubre. En comparación con el balotaje de hace cinco años, el FA gana 3 puntos más, mientras que el candidato del Partido Nacional, Alvaro Delgado, obtiene un 2,5% menos que el actual presidente Luis Lacalle Pou.
Cuando observamos por zona geográfica, vemos que el FA se hizo fuerte en sus bastiones, manteniendo el porcentaje de votación en Montevideo con respecto a 2019 (56%), y subiendo cuatro puntos en Canelones (que además era el bastión de Orsi) al 53,9%. En el interior se confirman los datos de octubre y el FA logra avanzar en todos los departamentos bastante por encima del nivel de 2019, y logra ganar San José, Paysandú y Salto. En todos los demás departamentos donde perdió acortó las distancias con respecto al candidato de la coalición de gobierno.
Un dato relevante es que de los 60 mil votos que perdió la coalición liberal con respecto a octubre, el 97% fueron en el interior del país. El escenario que debía evitar Álvaro Delgado, de fuga de un sector de los votantes de los partidos aliados (centralmente de colorados), terminó ocurriendo, lo que dio la ventaja al FA.
Las mutaciones del Frente Amplio y su actual triunfo
Las explicaciones del triunfo de la fórmula Orsi-Cosse son múltiples y muchas complementarias entre sí. En primer término, el FA realizó su proceso de “autocrítica” después de la derrota de 2019. No sabemos qué tan autocríticos fueron. Pero a la luz del proceso y la elección del pasado domingo es importante realizar algunas puntualizaciones. El desarrollo de la campaña El Frente Amplio te escucha en 2021, con reuniones en todo el país que involucraron a cientos de personas, mostró que la capacidad de movilización del FA sigue siendo importante. Para esta tarea pusieron en la presidencia partidaria a Fernando Pereira, hasta ese momento el presidente de la central sindical PIT-CNT.
De todas maneras, para sacarle peso a la decisión que las bases tenían en la políitca del Frente Amplio, en el proceso histórico del partido Tabaré Vázquez impulsó una “actualización ideológica” que buscó sacarle potestades a los comités de base en la toma de decisiones del FA como partido (sobre todo cuando estuvieran en el poder).
En su libro de 2005 Al Centro y Adentro, Jaime Yaffé, en busca de las razones del triunfo del FA en la elección de 2004 que permiten entender el actual también. Allí plantea tres características del momento precedente que fueron una marca para el FA en toda una etapa: la interconexión directriz (con el movimiento sindical centralmente), la moderación programática y la oposición sistemática. Si vemos el proceso de 2024, la interconexión directriz entre la dirección del FA y el PIT-CNT fue puesta en cuestión con la habilitación del plebiscito del SÍ a la reforma de la seguridad social.
El plebiscito tensionó la interna del FA y la relación de éste con el movimiento sindical, a tal punto que objetivamente quedaron enfrentadas una parte del FA y el movimiento sindical. Sin embargo, la oposición sistemática y la moderación programática fueron parte integrante de la estrategia del FA, no solamente en la contienda electoral, sino durante todo el periodo. Lo hicieron durante la campaña y también previamente con el referéndum de oposición parcial a la Ley de Urgente Consideración (ley de políticas neoliberales impulsada por Lacalle Pou) para mostrarse públicamente como la voz opositora a los planes del gobierno de centro-derecha.
Por “arriba” realizó una oposición parlamentaria sistemática, haciendo política de “reducción de daños”, votando aspectos de las leyes del gobierno que a su parecer eran “progresivos”, y rechazando los más “nocivos”. Mientras que por “abajo”, la central sindical, dirigida por el Partido Comunista, desarrolló la movilización controlada, completamente a cuenta gotas. A la vez que se mostraba oposición discursiva desde la calle, la dirección mayoritaria del PIT-CNT aceptaba el acuerdo de pérdida salarial del gobierno por dos años, contraponiendo empleo y salario. “Oponerse sin romper”, esta es la dinámica que se impuso en el periodo. Y sumado a esta dinámica, la dialéctica entre oposición y baja de expectativas, que culmina con la moderación programática y de las propuestas de la campaña electoral.
A su vez, en sus años de gobierno el FA sustituyó como partido urbano de gestión del Estado nacional al Partido Colorado, y en ese proceso fue desarrollando una capa de cuadros y burocracia política relacionada con la gestión que presionaba a la “superestructuralización” partidaria. A nivel de su base militante y de sus simpatizantes, más ampliamente, la posibilidad de acceso del FA a la gestión del gobierno (cuestión que le fue esquiva a la izquierda hasta 2004) generó una subjetividad por la cual los cambios solamente pueden realizarse con el gobierno del Estado, haciendo “política pública”. A lo sumo la movilización social oficia como presión al gobernante. En el caso del movimiento obrero, la movilización en los marcos del régimen en la época de ascenso económico (2005-2014) cimentó una subjetividad gradualista, de lucha por mejoras parciales in eternum.
La combinación de estas subjetividades, en un contexto de baja lucha de clases facilitó la estrategia de la dirección de “esperar hasta 2024” para “votar bien” y sacar al gobierno de Lacalle Pou
Los casos de corrupción del gobierno de Lacalle Pou también jugaron su rol. La actitud del FA frente a estos hechos va en la tónica de su estrategia general, sosteniendo una oposición discursiva, pero mostrándose moderados a la hora de ahondar en las investigaciones o pedir el juicio político al presidente. Esto posiblemente puede haberle reportado votos en la segunda vuelta de sectores medios más preocupados por temas ligados a los valores y cuestiones relativas a la “calidad democrática”.
Por último, el FA eligió a un candidato en la interna que podía disputar el voto por el interior del país. Orsi recorrió todo el país llegando hasta los lugares más recónditos. Hacia los grandes medios de comunicación Orsi se mantuvo “escondido”, y, con respecto al perfil programático y el plan de gobierno, la línea fue mantenerse ambiguos y sin prácticamente mostrar propuestas. Si bien es cierto que el candidato por sí solo no define la elección, no es menos verdad que el FA en 2019, sumado a los problemas que mostraba el gobierno, tuvo un candidato presidencial que daba una imagen muy montevideana, y conformó una fórmula presidencial débil. Aunque esto no fue la explicación única de la derrota de 2019 (habían otros temas como la marcha de la economía, las señales de agotamiento del modelo, etc), no fue un problema menor.
La reconfiguración del espectro de la derecha del sistema de partidos
En Uruguay estamos viviendo quizás un momento histórico en la reconfiguración y en la nueva forma que adquirirá el sistema de partidos. Desde comienzos del siglo XX, luego de la guerra civil de 1904, se conformaron los dos partidos tradicionales del Uruguay. El Partido Nacional, y el Partido Colorado, ambos con una estructura de partido catch-all, cobijaron bajo sus lemas distintas alas ideológicas y políticas. En el Partido Colorado el “batllismo” fue el ala que, con tintes democráticos radicales realizó las primeras reformas de principios del siglo pasado. El batllismo como tradición política liberal-estatista fue hegemónica dentro del Partido Colorado, y sus antagonistas fueron las distintas variantes coloradas conservadoras: “vierismo”, “sosismo”, y “riverismo”. Estas categorías y etiquetas perviven en el debate público uruguayo, porque en cierto modo perviven las principales corrientes políticas. En el Partido Nacional coexistieron distintas fracciones a lo largo de su historia. Las más importantes fueron la fracción liberal-conservadora identificada en Luis Alberto de Herrera (el “herrerismo”), la fracción de los blancos progresistas (“nacionalismo independiente”), que después buena parte se conformará como parte de la fracción liderada por Wilson Ferreira Aldunate (el “wilsonismo”) a partir de la década del 70’ en adelante. Luego de la muerte del caudillo, el wilsonismo siguió siendo una corriente de peso propio dentro del Partido Nacional, y siempre buscó rivalizar con su par conservador, el “herrerismo”, representado primero en Herrera y luego en Luis Alberto Lacalle Herrera, su nieto y ex presidente de la república.
Con la irrupción del FA en 1971 como tercer partido del sistema, que poco a poco fue creciendo y ocupando el espacio ideológico que dejaban a su izquierda los partidos tradicionales en su conversión al neoliberalismo, se generó una nueva dinámica en el régimen político. La reforma electoral de 1996 que introdujo la segunda vuelta presidencial también ayudó a moldear un nuevo régimen político basado en dos bloques o familias ideológicas: del centro hacia la derecha los partidos tradicionales, y del centro hacia la izquierda el FA como fuerza hegemónica. Desde 2019, y con la desaparición de los principales referentes del wilsonismo, así como la lógica de la formación de coaliciones blanqui-coloradas para los balotajes, asistimos en el Partido Nacional a la hegemonía total del partido por una sola ala, que tampoco es “herrerista” pura. La actual conducción del partido se podría caracterizar como el intento de una síntesis (neo) liberal entre lo que quedó de wilsonismo en el partido (una parte se fue al FA en una sangría de más de tres décadas) y un “herrerismo sui generis” bajo el liderazgo de Lacalle Pou, bisnieto de Luis Alberto de Herrera. Es en esta clave que hay que entender la candidatura de Álvaro Delgado, que actuó más como lugarteniente de Lacalle Pou que como un candidato con vuelo propio. El objetivo de su candidatura fue “cuidar” el espacio del presidente en el partido, obturando la posibilidad del surgimiento de competidores a su interna. La resultante es un Partido Nacional más chico (con un techo electoral en el 30%) y sin alas alternativas. El espacio de la derecha conservadora en la coalición en esta elección lo desempeñó el Partido Colorado, con las candidaturas de Ojeda, Bordaberry y Zubía.
Por todo lo que hemos comentado, es posible, como sostienen algunos analistas políticos, que la estrategia de campaña de la fórmula Delgado-Ripoll estuviera pensada a la medida del proyecto de poder del actual presidente, quien seguramente aspire a la reelección en 2029. Lo que resta saber es si la coalición de la derecha concurrirá por primera vez junta, como partido, a las elecciones, o si seguirán siendo lemas y partidos separados.
Una hipótesis económica de la derrota del gobierno
En las horas inmediatamente posteriores a la elección comenzaron a resonar los primeros ecos de la derrota en filas del actual oficialismo y algunos actores intentaron ensayar o esbozar algún tipo de balance acerca de lo sucedido. Es en este sentido que Martín Aguirre, director del diario El País, le imputó la derrota a un supuesto renunciamiento a llevar a cabo una “batalla cultural”.
En la misma línea, los politólogos Adolfo Garcé y Fernanda Boidi esgrimieron un argumento parecido: "la coalición perdió por no ser lo suficientemente liberal". Es decir, para ganar tendría que haberse radicalizado en su propuesta desregulatoria de la economía, etc.
Sin embargo, una explicación poco cultivada por el análisis político uruguayo a propósito del resultado de la elección es la del peso de la economía. A pesar de que en distintos sondeos de opinión la economía y el empleo aparecían como temas prioritarios, los partidos del régimen decidieron centrar sus campañas en temas como seguridad, mostrando quien reprimió mejor, con más presupuesto y más tecnología. Es cierto también que no estamos ante escenarios catastróficos en lo que respecta a la economía. Sin embargo, el país lleva prácticamente una década con un crecimiento promedio levemente por encima del 1%, y esto genera frustración en sectores de la población. Allá por enero de 2018 surgía el movimiento Un Solo Uruguay (USU), que nucleaba a sectores pequeños y medianos de la producción rural. El movimiento esbozó un programa de baja de impuestos, recortes de gastos sociales en el Estado, eliminación de subsidios (siempre que no fuera para ellos), y demás cuestiones. Era un momento en que flaqueaba el modelo económico del FA y de Danilo Astori, y USU venía a marcar (por derecha) los límites del “pacto distributivo” entre las clases sociales inaugurado por el FA en 2005 y que se sostuvo por el alto precio de los commodities. En ese mismo año 2018 se publicaron interesantes trabajos de opinión pública donde se consultaba a los habitantes de las ciudades del interior su percepción acerca del movimiento USU y sus demandas. Alrededor de un 60% de los encuestados contestó que las demandas del movimiento eran por el bien común del mundo rural y sus ciudades. Esto configuró un momento importante de hegemonía de las demandas agrarias, y que penetró en el casco urbano de muchas ciudades del interior (casualmente donde el FA perdió votos en 2019), que estaban viviendo hace años diversos problemas de alto desempleo y baja actividad económica. El discurso de campaña del FA en 2019 no permeó en el interior como antes porque el FA hablaba de una realidad sobre todo montevideana y de la zona metropolitana, que no era la realidad en distintas regiones del interior.
En 2019 el Partido Nacional ganó a caballo de las reivindicaciones de USU y le fue otorgado el mandato de reactivar la economía y hacerla más “competitiva”. El empresariado y los bancos también pidieron reforma laboral, reforma previsional, y ajuste fiscal. Si bien es cierto que el gobierno tuvo una pandemia al comienzo del periodo, donde se negó a subir los impuestos al campo, llamando “Malla Oro” a los empresarios del campo, la política de tasas de interés alta y tipo de cambio atrasado lo enfrentó con esos sectores, que en distintos foros y reuniones pidieron insistentemente un tipo de cambio más competitivo.
En lo que respecta a sectores medios y sobre todo al mundo del trabajo, los asalariados estuvieron 40 meses perdiendo poder de compra del salario. Con el “acuerdo puente” firmado en 2021 el gobierno y la dirección sindical pactaron las rebajas salariales. La promesa de campaña de no perder salario real se cumplió a medias. Si bien se ha superado levemente el nivel salarial de 2019, la economía creció más de lo que se repartió proporcionalmente, generando una apropiación de 2 mil millones de dólares de plusvalor extra por parte de los capitalistas entre 2021 y 2023, según el Instituto Cuesta Duarte. Aunque en el último año el gobierno apostó a mantener el consumo de los sectores medios y de los sectores altos de la clase trabajadora mediante la inflación baja y el peso fortalecido, económicamente no conformó del todo a los sectores que formaron su coalición social, y se ganó el rechazo aún mayor de los que ya eran opositores. En este sentido, el crecimiento mediocre se extendió también estos cinco años, llevando ya una década. Como decimos en una nota anterior, las elecciones se desarrollaron en un escenario de estabilidad económica, pero con bajo crecimiento y redistribución regresiva de la riqueza que ha redundado en un aumento de la desigualdad social. Es probable, entonces, que una porción de los desencantados con el FA en 2019, sobre todo en el interior, haya vuelto producto de un nuevo desencanto, esta vez con la política económica del actual gobierno.
El analista argentino Patricio Talavera lo grafica en X con un dato demoledor: “95% de los hogares uruguayos percibe ingresos menores que en 2019. Cayeron el peso en el PBI, tanto de la Masa Salarial, como de la Masa de Remuneraciones Laborales (MRL): entre 2019 y 2023 la reducción total de la MRL fue de aproximadamente 7.440 millones de dólares”.
Perspectivas
En el próximo parlamento el FA tendrá 17 en 31 senadores y 48 en 99 diputados. En la previa a la elección Orsi declaró en distintas entrevistas que buscaría la mayoría en diputados “ley por ley”. Cuando le nombraron temas de seguridad y posibles personas para buscar acuerdos nombró coincidencias con legisladores de Cabildo Abierto, el partido conservador dirigido por Guido Manini Ríos. El propio Manini, una vez conocidos los datos de la elección, dijo que “ya no tiene sentido una coalición en la oposición” (el frente de toda la derecha que fue base de sustento del gobierno de Lacalle Pou). El desgajamiento, aunque sea de algunos componentes de la coalición, crea la posibilidad de que el FA llegue a los acuerdos que le permitan la mayoría parlamentaria. En este sentido, debemos esperar un FA buscando acuerdos con partidos de la derecha o con fracciones de la misma, como las del Partido Colorado.
En áreas como la política exterior, el próximo gobierno estará navegando las aguas de la policrisis mundial. Frente al actual gobierno liberal que continuó con el dogma de la apertura comercial y el mundo multilateral, aún las voces que pueden ser catalogadas como más neoliberales en el FA, como el futuro ministro de economía, Gabriel Oddone, ya ha anticipado que Uruguay se moverá con pragmatismo, abandonando la intención de firmar un TLC con China, manteniendo su posición en el MerCoSur, y cuidando “que la potencia hemisférica hará cosas para que nosotros no comerciemos con sus competidores”. La tensión entre una mayor subordinación a un Brasil que actúa en el marco de los BRIC’s, pero no sin problemas con EEUU, o la subordinación directa con la potencia del hemisferio, son debates y contradicciones que atravesará el próximo gobierno.
La moderación de la que hizo gala el FA en la primera vuelta, y sobre todo en el balotaje, así como los posibles acuerdos con la centro-derecha, crea una contradicción entre la ilusión de muchos sectores de base social que más ampliamente lo votó para sacar a la derecha, pero que esperará medidas económicas distintas a la de este gobierno, y el rumbo que tomará el gobierno, que promete moderación extrema y “cambio seguro”. Ese es el problema que quedará planteado en el próximo periodo de discusiones presupuestales, que, junto a una dinámica internacional convulsiva, auguran posibles tensiones y enfrentamientos entre las clases sociales. |
