Los últimos datos sobre qué cantidad de vivienda en manos de grandes propietarios (según la Ley de Vivienda aquellas entidades o particulares con más de cinco viviendas) desvelan que más de un 4% del parque de vivienda está en manos de grandes propietarios y un 9% de las que están a la venta o en alquiler. El total del parque de vivienda en el Estado español cuenta con en torno a 24 y 26 millones de inmuebles, más de un millón de estas viviendas se encuentran concentradas en manos de grandes propietarios, lo que les reporta un negocio millonario.
Además, los últimos datos que ha obtenido elDiario.es a través de la Ley de Transparencia y podrían resultar muy conservadores ,ya que en Barcelona, por ejemplo, los datos de las 53.264 viviendas en manos de grandes tenedores con más de 10 viviendas, podría suponer en realidad más de 130.000.
Otro dato importante que da una idea de la dimensión del problema: de entre los 27.000 grandes tenedores de vivienda a cada uno le corresponderían 39 viviendas de media, pero más de 200.000 viviendas se encuentran en manos de tan solo diez propietarios. Mientras que si contabilizamos a aquellos propietarios con más de 1.000 viviendas, el total de inmuebles en sus manos sería de 360.000 viviendas. Más de un tercio de estas viviendas por lo tanto, se encuentran acaparadas por los grandes especuladores de vivienda.
Los datos extraídos a partir de las fianzas depositadas en los organismos públicos autonómicos, apuntaban a CaixaBank como uno de los grandes especuladores, con unos 22.000 inmuebles arrendados, seguido del fondo buitre Blackstone, con 19.600. Es decir que solo estas dos entidades tendrían más de 40.000 viviendas en sus manos puestas al servicio de sus beneficios millonarios.
Entre los propietarios, el 27% que de este millón de viviendas estaría en manos de entidades públicas, mientras que el 60% están en manos de entidades privadas (bancos, fondos…) y el 13% restante en manos de personas físicas. Y por personas físicas no hablamos ni mucho menos de un vecino del barrio, sino de propietarios de hasta 700 viviendas. Además, dentro de las viviendas controladas por entidades públicas, la gestión mixta del capital también hace que el sector privado posea una parte importante de este sector. Así, este control sobre una parte tan grande del parque de vivienda es lo que permite a las grandes entidades privadas poder aumentar artificialmente los precios de las viviendas o realizar prácticas como la división de viviendas en pisos minúsculos en los que acinar a trabajadores precarios.
A todo esto hay que añadir la desastrosa gestión de los gobiernos capitalistas con la SAREB (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria), creada en 2012 y conocida como el "banco malo" y que ha sido toda una política desde el gobierno del PP de Rajoy, pasando por los gobiernos del PSOE de Sánchez, con Unidas Podemos primero y ahora con Sumar, dedicada a la gestión del desastre especulativo inmobiliario tras la crisis del 2008-2012. Junto con el rescate bancario de más de 65.000 millones de euros, la SAREB ya acumula una deuda de 35.000 millones más tratando de vender los activos tóxicos que tuvo que absorber, mientras ejecuta desahucios y deja a familias en la calle. Un derroche de dinero público para lavar la cuenta de bancos y fondos de inversión, que bien podría haber sido utilizado en aumentar el parque público de vivienda que no alcanza ni el 3% del total.
Las consecuencias del dominio oligopólico de la vivienda
Si bien “solo” un 9% del parque activo de vivienda, es decir, aquellas en las que el propietario no reside, pertenece a grandes propietarios esta tendencia general al control concentrado en menos manos de la vivienda ha supuesto que en la última década se ha aumentado un 78% el precio del metro cuadrado, haciendo que el alquiler medio en el Estado Español se dispare de 553€ a 984€, un aumento del 77%. Aunque los precios medios de las grandes ciudades se acercan ya más a los 2000€ que a los 1000€.
Los datos revelan que aunque el 76% de las personas habita en una vivienda de su propiedad el porcentaje de personas alquiladas va en aumento tendencial. Pero no hay que olvidar que en realidad propietarios particulares de vivienda en la que se reside son únicamente el 60% siendo que el 16% restante disfrutan usufructuariamente de dicha propiedad. Los datos además son engañosos puesto que los principales propietarios de la vivienda en la que residen son aquellos mayores de 45 años, mientras que entre los jóvenes entre 18 y 24 años solo un 8% son propietarios de la casa donde viven y la situación mejora muy poco para las personas treintañeras.
Por otro lado, si bien parece que una buena parte del parque inmobiliario sigue en manos de pequeños caseros (aunque no se indica cuantos de ellos hipotecados o con solamente dos viviendas), el control que ejercen las grandes entidades sobre una parte importante del mercado, que además marca la diferencia en el negocio del alquiler, y que esta tendencia vaya en aumento permite, como diría Marx, que se pueda “mantener, de modo honesto, el precio de mercado por encima del precio natural” [1] . Este secreto a voces no hace más que confirmarse en los datos que podemos llegar a conocer del mercado inmobiliario y que ocultan o distorsionan buena parte de la realidad, como mencionábamos más arriba.
La tendencia hacia el oligopolio de la vivienda debido a la dificultad de compra de la clase trabajadora, la actividad predatoria de los fondos de inversión, bancos e, incluso el Estado que no tiene problemas en vender sectores de bienes que deberían ser públicos, como las energéticas, a fondos buitre… Somete en especial a las grandes ciudades como Madrid y Barcelona, pero también a Canarias como centro turístico que supera a las primeras en el número de viviendas en manos de grandes propietarios.
Estos datos junto con la realidad mostrada en las anteriores manifestaciones por el derecho a la vivienda o el crimen social de la DANA que ha dejado sin hogar a una buena parte de la población valenciana (aunque hubiera más de 60.000 viviendas vacías antes del desastre), demuestran la necesidad cada vez mayor de expropiar a los grandes especuladores de viviendas que solo viven de chupar la sangre a los trabajadores y a los sectores populares. Expropiar para poner sus viviendas en manos de quienes las necesitan para vivir creando un gran parque público de vivienda bajo el control de los inquilinos que aseguren que no más de un 30% de su sueldo sea destinado al alquiler.
Pero estos datos también ponen de manifiesto que la Ley de Vivienda de Podemos y PSOE, aun cambiando la denominación jurídica de los grandes propietarios, no pone solución al creciente problema de vivienda y que es necesario no solo la regulación del aumento de los alquileres sino la cancelación de las hipotecas a quienes posean una única vivienda, la reducción de los alquileres, la construcción de vivienda pública expropiando a las grandes constructoras y que todo ello también sirva para reconstruir las zonas afectadas por la DANA. | 
