Maximiliano Lucero: una herida que pudo ser fatal
Maximiliano, un joven socio de Godoy Cruz, acudió al estadio como cualquier hincha: con la ilusión de alentar a su equipo. Sin embargo, lo que debía ser una jornada festiva terminó en una pesadilla cuando fue víctima de un violento operativo policial.
“Yo no estaba haciendo nada malo. Fui a ayudar a un niño que estaba en peligro, mientras los adultos con los que estaba siendo golpeados por la policía. En ese momento, recibí un impacto en la cabeza. Todo sucedió tan rápido. Sentí un estallido y, cuando reaccioné, me di cuenta de que estaba ensangrentado y aturdido. Nadie hizo nada por ayudarme", relata Maximiliano, quien sufrió una fractura de cráneo y requirió una sutura de doce puntos.
A pesar de la gravedad de su estado, los servicios de emergencia en el estadio no lo trasladaron a un hospital. “Mi hermano y yo tuvimos que caminar casi un kilómetro para que lo atendieran en la platea techada, y aún así, el vendaje que le hicieron fue provisorio. Tuvimos que salir por nuestros propios medios hacia una clínica, mientras los policías que estaban en las cercanías se reían al vernos”, cuenta Marcos Lucero, hermano de Maximiliano.
Marcos Lucero: el impacto emocional y físico
Marcos, quien también fue agredido durante el operativo, describe la escena como un caos controlado por la violencia. “La policía no tiene criterio. Avanzaron como un ejército, golpeando indiscriminadamente con escudos y caballos, sin importar si era un niño, una mujer o un anciano. A mí me empujaron al zanjón y ahora no puedo trabajar por la lesión en mi rodilla”, afirma.
Pero lo más Impactante para él fue ver a su hermano herido y la indiferencia de las autoridades. “Mi hermano pudo haber perdido la vida. Y los policías, en lugar de preocuparse, lo miraban con satisfacción, como si lo que hicieron fuera un logro. Es inaceptable.”
Tomás Barbaran: otro rostro de la violencia policial
Tomás, otro hincha presente en el lugar, también sufrió la represión de cerca. “Nosotros estábamos en la fila para ingresar a la Platea Descubierta, con el DNI en mano, sin hacer nada. De repente, llegó la policía motorizada y comenzaron las corridas, movieron las vallas y empezaron a pegar sin motivo. Yo estaba con mi abuelo, un señor jubilado, y traté de contener una de las vallas que se nos venía encima, mientras les gritaba que pararan. Pero no les importó nada: tiraron caballos, pegaron balas de goma, había niños, mujeres, jubilados, y seguían avanzando con violencia.
En medio del caos, ayudamos a sacar niños que estaban atrapados, incluso a un hombre que se cayó con su hijo. La policía le tiraba el caballo encima mientras intentaba levantarse. Fue un desastre, sin criterio, sin importarles a quién golpeaban. En un momento lo veo a Maxi que tenía un corte profundo en la cabeza”.
Él también señala la falta de protocolos adecuados. “Nos trataron como delincuentes, cuando lo único que queríamos era entrar tranquilos a la cancha. Esta vez nos tocó a nosotros, pero esto pasa siempre.”
Un problema recurrente y sistemático
Los testimonios de Maximiliano, Marcos y Tomás no son aislados. Denuncian un patrón sistemático de represión en los operativos policiales en espectáculos deportivos. “Esto pasa en todos los partidos. Siempre hay tiros, golpes y represión desmedida”, asegura Marcos.
Los afectados están en proceso de radicar denuncias para que estos abusos no queden impunes. Sin embargo, los tiempos judiciales suelen ser lentos. “Queremos que esto sea visible para que no le pase a nadie más. La cancha debería ser un lugar de fiesta, no de terror”, concluye Marcos.
¿Hasta cuándo la impunidad?
Estos testimonios reflejan el alto costo humano de un sistema represivo que, lejos de garantizar seguridad, pone en peligro la integridad de las personas. La violencia estatal deja marcas no solo físicas, sino también emocionales en quienes la padecen, y evidencia la urgente necesidad de revisar los protocolos de actuación de las fuerzas de seguridad en eventos deportivos.
Mientras las autoridades continúan desestimando estas denuncias, queda claro que estos operativos no son excesos aislados. Lejos de ser simples "medidas de seguridad", forman parte de un modelo estructural que busca perpetuar el control social, proteger a los responsables políticos y judiciales, y consolidar la impunidad como política de Estado. |
