Del 4 al 19 de enero del año 2020 se realizó un plantón pacífico por parte de las comunidades de San Antonio Suchitepéquez, manifestando su rechazo a la construcción de la hidroeléctrica en el río Nahualate, el plantón se ubicó en el lugar conocido como “Segunda cuchilla”, mismo que duro aproximadamente 16 días, en ese transcurso las personas que eran parte del plantón recibieron amenazas de parte del dueño de la maquinaria que trabajaba para la empresa de la hidroeléctrica.
El día 19 de enero del año 2020, se sucitó un intento de provocación por parte de sujetos aliados del alcalde Edgar Mauricio Ovalle Siguan [1], estas personas bloquearon el camino, ubicándose por el puente Chucul, cerraron la carretera con alambres, cadenas y piedras, al cuestionar sus exigencias, manifestaron que deseaban comunicarse con el alcalde municipal para que se desalojara a las personas que se encontraban en la resistencia pacífica.
El alcalde llego al lugar donde se encontraba la resistencia pacífica acompañado de antimotines, policía nacional civil, los señores Epifanio Muyuc, Maynor Lapolleu miembros de la corporación municipal, así como miembros del COCODE de la comunidad del sector “La Toma” del municipio de San Antonio Suchitepéquez la señora Dora Xum, Ofelia Damián.
Las personas que formaron parte de la resistencia en contra de la hidroeléctrica le solicitaron al alcalde que los acompañara a una reunión que se estaba llevando a cabo en la comunidad San Carlos Nahualate en esos momentos, el edil se negó al inicio, pero posteriormente accedió. De la reunión emanó un acta donde se mencionaba compromiso de que el alcalde y la empresa se abstendrían de continuar con la construcción de la hidroeléctrica en el río Nahualate, en este documento aparecerían las firmas de los defensores Eliseo Nephtalí Sapón Jeteyá como abogado de las comunidades y Nicolas Díaz Pacach como dirigente de la comunidad antes mencionada, más adelante este documento sería utilizado por la empresa hidroeléctrica para criminalizarlos.
Posteriormente los dos grupos de personas en conjunto con el alcalde municipal ingresaron a la finca El Edén, finca donde actualmente se está construyendo la hidroeléctrica y donde sucedieron los hechos, de los cuales surge la acusación del robo de material de construcción y destrucción de cámaras de video.
Durante las audiencias en las que se llevó a cabo el Juicio oral y público, tanto el Ministerio Público como el abogado de la empresa Energía Renovable Santa Teresa, S.A, dentro de la acusación presentada, no lograron determinar el nivel de participación de los tres defensores dentro del hecho que se le imputa, haciendo evidente el montaje para justificar su criminalización y posterior condena.
El 28 de agosto del año 2023, el juez del Tribunal de Sentencia Penal de Mazatenango, emitió sentencia condenatoria en contra de los defensores de derechos humanos Misael Eleazar Sen Soc, Eliseo Nephtalí Sapón Jeteyá y Nicolas Díaz Pacach, por el delito de robo agravado.
El juez, al emitir sentencia se refirió a los tres defensores como “dirigentes” del movimiento de la resistencia en contra de la hidroeléctrica, haciéndolos responsables de los hechos del 19 de enero y dictando una condena de seis años inconmutables y que deberán pagar por defender el río Nahualate de empresas extractivas. Un claro ejemplo que el sistema de justicia sirve a los intereses de las grandes empresas y criminaliza a quienes luchan por defender el territorio.
Al ser condenados por su labor como defensores de derechos humanos y de la madre tierra, así como por su identificación étnica al pueblo maya Kaqchiquel, refleja la necesidad de seguir articulando la organización de los diversos sectores del país que luchan en defensa del territorio, de forma independiente del Estado y sin ninguna confianza en sus instituciones, creando un frente amplio con sus aliados de clase las y los trabajadores, que le haga frente al Estado capitalista, colonialista y patriarcal de Guatemala.
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