Las convocatorias de movilización del jueves 12 de diciembre, contra los despidos en el sector privado y la austeridad en la función pública, se producen en un contexto sin precedentes marcado tanto por la profundización de la crisis política como por la agudización de la crisis social. Por un lado, la caída del Gobierno Barnier ha vuelto a poner en primer plano el riesgo de desgaste acelerado del régimen. Por otro, prosigue la oleada de despidos y cierres de fábricas en las grandes empresas, en un contexto de presiones de austeridad que continuarán a pesar del entierro temporal del presupuesto de 2025.
Golpear juntos: crear vínculos entre el sector público y el privado
Ante esta situación, el 5 de diciembre los trabajadores de los servicios públicos dieron una primera respuesta del movimiento obrero a la ofensiva del gobierno para ajustar. Los profesores fueron el principal baluarte de la movilización, representando casi el 90% de los huelguistas. Comparada por el diario Le Monde con la histórica jornada de huelga del 13 de enero de 2022, en la época de la variante Omicron durante la primera fase de Covid-19, la movilización expresó la profunda cólera acumulada por los trabajadores de la enseñanza. En este sector, el aumento del número de días de baja por enfermedad desató una tormenta, provocando una fuerte movilización en un momento en el que el gobierno Barnier estaba cayendo y el tratamiento del presupuesto de 2025 se aplazaba de facto.
Aunque incipientes, las Asambleas Generales de profesores del 5 de diciembre mostraron que sectores de las bases estaban dispuestos a la lucha, con aspiraciones a una huelga progresiva. En la región de Île-de-France, aprobaron mociones en las que se pedía claramente a las direcciones sindicales que convocaran una huelga el 12 de diciembre. Pero esta vuelta de los servicios públicos a las calles no alteró la orientación rutinaria y desordenada de las direcciones sindicales. A pesar del éxito de la huelga del 5 de diciembre, mantuvieron el movimiento obrero en la dispersión y evitaron la cuestión estratégica de vincular los sectores público y privado. Entre el 3 y el 12 de diciembre, Sophie Binet (la Secretaria General de la CGT. N. de T.) enumera no menos de seis días de movilización en distintos sectores. Sobre todo, a pesar del éxito del 5 de diciembre, que debería haber sido un punto de encuentro para construir el consenso, la intersindical nacional se negó, en un comunicado de prensa escandaloso, a convocar una movilización intersectorial el 12 de diciembre, prefiriendo en su lugar solo cuestionar a Macron y llamar al diálogo social.
En este contexto, no es el vago llamamiento de la intersindical CGT-FSU-Servicios Civiles Solidarios a "un punto álgido que podría llegar hasta la huelga del jueves 12 de diciembre" lo que ayudará a construir el vínculo público-privado. Desgraciadamente, estas opciones estratégicas no permiten ampliar el contenido de la jornada de acción contra los despidos convocada por la CGT y Sud. Aunque la jornada pretende tener un alcance nacional, se ha hecho hincapié en las iniciativas locales. Se están llevando a cabo varias movilizaciones en diversos departamentos, con 42 iniciativas en los centros de trabajo y 38 concentraciones o manifestaciones, sobre todo ante las prefecturas, los ministerios y las cámaras patronales, según se indica en el comunicado de prensa de la CGT. Las principales acciones tendrán lugar en la planta de Vencorex, en Pont-de-Claix, en Michelin, en Cholet, y en Fonderies de Bretagne, en Lorient, donde estará presente Sophie Binet. La lógica de las manifestaciones locales, planta por planta, tiende a diluir desde el principio la dimensión nacional de la próxima movilización. Tanto más cuanto que las direcciones sindicales de varios sectores han retirado finalmente sus preavisos de huelga, lo que contribuye a la desorganización.
Ni compromiso ni diálogo social: necesitamos una estrategia para preparar la lucha
Sin embargo, la situación es urgente. Mientras continúan los planes de despidos masivos y los cierres de fábricas, Décathlon no ha dudado en desembolsar mil millones de euros a los accionistas. Mientras tanto, Auchan, del mismo grupo Mulliez, suprime cerca de 2.400 empleos. Una de las familias empresariales más emblemáticas de Francia demuestra a su manera que se prepara para tiempos de vacas flacas en los próximos años. En un contexto de desaceleración económica, la gran patronal intenta salvar lo que puede para pagar a sus ejecutivos y accionistas. Cuanto más avance la crisis, menos margen de maniobra habrá y más brutal será la ofensiva social.
Ante los crecientes ataques, es imprescindible dar una respuesta a la altura de la crisis que atraviesa el país. En tal situación, la respuesta social es indisociable de la perspectiva que ofrece el movimiento obrero frente a la crisis política. En este sentido, las declaraciones de Sophie Binet en France Inter el lunes son especialmente problemáticas. Preguntada por la propuesta del Partido Socialista de organizar una "conferencia de financiación" con los interlocutores sociales sobre la reforma de las pensiones, la dirigente de la CGT explicó que "los sindicatos llevan casi dos años proponiendo una conferencia de financiación sobre las pensiones [...]. Así que obviamente estamos disponibles para ello". Aunque reiteró que "el objetivo de todas las organizaciones sindicales es derogar esta reforma", sus declaraciones no restaron valor a las propuestas de Olivier Faure (dirigente del Partido Socialista) sobre esta cuestión, que pretenden acercarse a Macron en materia de pensiones.
Esta posición coincide con los llamamientos a Macron para que ponga en marcha un "gobierno [que] dure" y aplique "otra política social". Lejos de prepararse para una confrontación seria con Macron y la patronal, las direcciones sindicales alimentan una vez más las ilusiones sobre un hipotético gobierno capaz de responder a las reivindicaciones de los trabajadores, al tiempo que rehabilitan a Macron como legítimo interlocutor.
Esta lógica se refleja en las propuestas presentadas para hacer frente a los despidos. Preguntada por "Les Echos" sobre su posición en el "grupo de trabajo" del gobierno sobre los despidos, Sophie Binet se declaró "encantada de que el gobierno salga por fin de la negación y se inspire en la coordinación de las luchas de la CGT". Una respuesta cuando menos sorprendente, ya que la dirigente explicó a continuación que "trabajamos mucho mejor con diputados LR (Los Republicanos. Partido de derecha. N.deT.) o Modem" (Movimiento Demócrata. Partido liberal (N.deT.) En cuanto a su programa, propuso como medida urgente "un refuerzo de la ley Florange"(que multa a las empresas con hasta 20 salarios mínimos por cada trabajador despedido sin causa. N.deT.), introducida en 2014 por el Gobierno Hollande y que no ha frenado en absoluto los despidos, imponiendo algunas limitaciones que han sido burladas por patronos y accionistas que han seguido adelante con sus planes de despidos. Con el mismo espíritu de conciliación con la patronal, la CGT pide también "una moratoria de los despidos para evitar que las empresas despidan mientras buscan una solución para hacerse cargo de la obra". Y si el empresario no tiene liquidez para pagar los salarios, el Estado intervendría.
Para unificar el mundo del trabajo, hay que romper con la conciliación de clases
A pesar de esta política, las perspectivas sobre el terreno de la lucha de clases siguen abiertas, particularmente debido a la extrema fragilidad del poder y la ira dentro de nuestra clase. En este sentido, tras el llamamiento renovador mantenido por la CGT y Solidaires en la SNCF -empresa ferroviaria estatal-, se puede esperar en algunos sectores ferroviarios una cierta movilización este jueves, en un contexto de desprecio por las reivindicaciones salariales con un aumento de sólo el 0,5% concedido por la SNCF y liquidación de la SNCF FRET (el primer transportista ferroviario de mercancías. N.deT.). Ante los desafíos de la situación, tenemos que movilizarnos este 12 de diciembre, buscando convertirnos en un punto de apoyo para organizarnos y luchar en los lugares de trabajo, y exigir a la dirección sindical un plan de batalla serio para unificar la ira.
En un momento en que la jefatura del Estado está debilitada, sólo la confrontación con el régimen para quitar del medio a Macron y recuperar nuestras reivindicaciones puede esbozar una salida favorable a los intereses de la clase trabajadora y los sectores populares. Pero para alcanzar tales objetivos es más urgente que nunca un plan de batalla de dimensión nacional. En este sentido, una manifestación centralizada en París con la presencia de procesiones combativas y autoorganizadas de todas las fábricas que cierran y despiden trabajadores, puede desempeñar un papel a la hora de devolver la cuestión de la carnicería social al primer plano de la escena política. Del mismo modo, necesitamos una perspectiva después del día 12 para evitar repetir la estrategia de jornadas aisladas sin final a la vista, espaciadas varias semanas o incluso meses, que ya condujo a la derrota de la batalla por las pensiones.
En cuanto a las reivindicaciones, hay que dejar de apelar a las autoridades y de pedir leyes que legitimen los planes de despido sin conseguir impedirlos. Combatir seriamente la ofensiva patronal y unir a las trabajadoras y trabajadores, tanto privados como estatales, significa dejar de intentar complacer los intereses de la patronal y su sacrosanta propiedad privada, y defender sin concesiones la preservación de todos los empleos exigiendo la prohibición de los despidos, así como pasar a la planta permanente a los trabajadores precarios -que hoy solo obtienen contratos temporales- y exigiendo "la expropiación, bajo control obrero, de las empresas que cierran y despiden trabajadores, así como el control obrero de la producción.
Como señalábamos en otro artículo, "en lugar de dejar el desarrollo de la crisis en manos de las clases dominantes, que lo arreglarán a la medida de sus intereses, lo urgente es construir una respuesta desde abajo. La clase obrera, los trabajadores y los jóvenes, que se manifestaron por millones contra la reforma de las pensiones en 2023, tienen la fuerza para dar una respuesta a la crisis política, en torno a un programa contra la austeridad y los despidos, pero también contra las instituciones podridas de la V República". Esto implica imponer a los líderes sindicales una estrategia radicalmente opuesta a la conciliación con Macron y las clases dominantes, como millones de trabajadores, frontalmente opuestos a Macron y su reforma durante la batalla de las pensiones, habían impuesto durante muchos meses. |
