Este jueves, a las 8 de la mañana, la Ruta 71 se pobló con una caravana de vehículos federales. Camionetas identificadas con la Policía Federal y la Gendarmería, vehículos blindados, camionetas sin identificación y con vidrios polarizados, camioneros de bomberos. Adentro iban tres centenares de miembros de las fuerzas de seguridad.
El circo fue filmado por el ministerio y policías para luego difundir en los medios. Se quedaron con las ganas de golpear o disparar contra mujeres o jóvenes mapuches. Los integrantes de la comunidad Lof Pailako evitaron las provocaciones.
La ministra llegó en helicóptero, acompañada por el patroncito chubutense y ahora gobernador, Ignacio Torres. Después se encargó de hacer sus declaraciones a la prensa, con el tono belicoso, racista y antiderechos que acostumbra.
“El que usurpa pierde su derecho a tener tierras, así como dijimos el que corta una calle no cobra” arrancó diciendo, mostrando que los pueblos originarios forman parte de sus enemigos, junto a las organizaciones sociales, los jubilados y los sectores combativos. Ya entonada (con su relato), aclaró que “una cosa es negociar un principio que está en nuestra Constitución Nacional, y otra es esta situación en la que avanzaban con violencia, usurpando, incendiando, cerrando caminos, cobrando peajes”.
Uno no puede evitar imaginarse una “negociación” entre un grupo de mujeres mapuches con sus pibes en brazos y la ministra flanqueada por la infantería.
Pero además el relato es una falacia total, como le gusta decir a su jefe. Quienes han incendiado y cerrado caminos en el Sur son sus amigos terratenientes. Los Lewis, los Benetton y toda la oligarquía que desde hace 200 años usurpa tierras.
Por eso causa odio, hay que decirlo, el verso de que es “una recuperación para toda la sociedad argentina de un territorio tomado”.
Los verdaderos usurpadores
Seamos claros. Lo que está haciendo el pueblo mapuche, a través de distintas comunidades, es reclamar tierras ancestrales. Territorios donde han vivido desde mucho antes de la creación del Estado argentino. De muchos de esos territorios los desalojaron a sable y pólvora más de una vez, con la huella imborrable del genocidio de Roca.
Esa es la única usurpación histórica, a los pueblos que preexistían a la creación del Estado. Una apropiación que continuó luego contra colonos, campesinos y la naciente clase trabajadora.
Lo vamos a resumir en 5 datos que destruyen el discurso de Bullrich.
Chubut fue una de las tierras repartidas por la “ley de premios militares” de 1885 que repartió 5 millones de hectáreas entre 400 personas.
Las masacres del ejército fueron siendo reemplazadas por otros métodos un poco menos escandalosos. La venta a precio vil de tierras públicas por parte de funcionarios municipales, provinciales y nacionales está profundamente documentada. Violan las propias leyes del Estado impiden que la propiedad extranjera supere el 5% del total. Hoy en Chubut está sobre ese límite, pero es una formalidad. En muchas localidades estratégicas se supera ese porcentaje y sino aparecen los “testaferros”.
Esa primera apropiación continuó, durante décadas, con la concentración de tierras en un grupo de oligarcas que financiaron esa campaña y los siguientes gobiernos. Los Menéndez (750 mil has en Chubut-Santa Cruz), los Ocha Paz (180 mil has en Chubut), los ingleses Halliday-Mc Call (120 mil has), Schajman (50 mil has), Bunge (50 mil), Soriano (80 mil), por nombrar solo algunos. En los últimos años se sumaron Cristóbal López y otros “nuevos millonarios”.
Chubut es el centro de operaciones del Grupo Benetton, que tiene 900 mil hectáreas entre Santa Cruz y Chubut. Un reclamo comunal en sus tierras en Cushamen fueron las que desataron la represión y la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado.
Además de la oligarquía con olor a bosta, como la definió Sarmiento, la entrega de las tierras y bienes naturales se extiende a otros negocios capitalistas. El Grupo Bulgheroni (Pan American Energy) tiene miles de hectáreas dedicadas al petróleo (PAE), la minería (Cerro Dragón), la vitivinicultura (Sarmiento) y otros negocios.
Esos grupos empresarios, que consiguieron la mayoría de sus tierras a fuerza de genocidios y masacres, incluida las de la “Patagonia rebelde”, son los verdaderos usurpadores.
Una política de Estado cargada de amenazas
No estamos ante un hecho aislado. Es una política de Estado. El gobierno de Milei fue el único que votó contra los derechos de los pueblos originarios en la ONU, en un hecho que tuvo repercusión internacional. Pero además, hace pocos días anuló por decreto la Ley 26.160 que impedía los desalojos a las comunidades originarias. Se trata de una ley que declara la emergencia territorial de las comunidades indígenas y suspende la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos cuyo objeto sea el desalojo o desocupación. El tema es que se convirtió en una ley sujeta a las prórrogas y negociaciones entre los distintos gobiernos de turno, no un reconocimiento definitivo al reclamo histórico de las comunidades.
Por eso Bullrich hoy se mostró envalentonada. Advirtió que “estos grupos deben entender que de ahora en más el que usurpa pierde derechos”, como si ella fuera una comandante del ejército oligárquico que decide sobre los territorios. Es cierto, en un sentido lo es. Si antes eran las vaquitas o el trigo, ahora también entra el petróleo o el litio.
Pero la amenaza fue más allá. Dijo que “este tipo de situaciones no son exclusivas del sur”, sino que “hay casos en el norte” y entonces hablará con los jueces que entienden en las “causas abiertas para desalojar tierras” para efectivizar los desalojos que correspondan.
La política está clara: mostrarle al “Comando Sur” de Estados Unidos, a los Elon Musk y quienes quieren saquear el país, que habrá “zona liberada” para sus negocios.
La izquierda rechaza la política roquista de La Libertad Avanza y llamar a apoyar los reclamos de las comunidades originarias en su reclamo de tierra, territorio y derechos.
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