Este reportaje se propone aportar a la discusión que se abre en la coordinación de organizaciones por la aparición con vida de Julia Chuñil. Partiendo de situar la desaparición forzada, no como un caso aislado sino la expresión más grave de los atentados a las libertades democráticas.
Denunciamos que esta desaparición forzada es parte de las políticas históricas -desde la conformación del Estado y los distintos gobiernos- de ataque a los mapuche que resisten al saqueo y expropiación capitalista de las tierras ancestrales.
El Estado chileno impuso un modelo de desarrollo que generó violencia y conflicto. Mientras el pueblo mapuche se manifestaba reivindicando tierra y territorio, fueron sometidos a una dura represión por parte del Estado, y muchos fueron detenidos y juzgados en procesos cuestionados incluso por las Naciones Unidas y sus abogados. La ley antiterrorista, ha dado un marco judicial para que opere el monopolio de las fuerzas represivas y armadas, en el desalojo, represión y prisión política por medio de montajes, con la excusa de perseguir el crimen organizado. En ese marco represivo, se han producido asesinatos como el caso de Pablo Marchant, Matias Catrileo, Nicolasa Quitramán y el impune feminicidio empresarial de Macarena Valdes. Por otro lado, la criminalización a organizaciones autonomistas mapuche en la cual se ha traducido con la prisión de dirigentes de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM).
La militarización del Wallmapu, ha propiciado “la vía liberada” para que grupos parapoliciales y sicarios atentan contra las rucas, por medio de incendios y todo tipo de provocaciones a los y las comuneras. Esta arremetida corresponde a garantizar el saqueo de los grandes grupos económicos de la agricultura, la generación de energía, ganadería, silvicultura, pesca y turismo que se refleja en la acumulación de la riqueza en manos de un puñado de familias a costa de la depredación ambiental atentando con las condiciones de vida de las comunidades indígenas y de la biodiversidad.
El convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo establece que es obligación del Estado “consultar las medidas legislativas y administrativas susceptibles de afectar directamente a los pueblos originarios”. Sin embargo, este proceso está sujeto bajo procesos de consultas indígenas arbitrarias y poco participativas, con el objetivo de llegar a acuerdos sobre las premisas tratadas estableciendo la conservación de aspectos culturales y la regulación del derecho de las tierras.
Julia Chuñil Catricura líder Mapuche y defensora ambiental
Julia Chuñil Catricura, presidenta de la Comunidad Indígena Putreguel, lidera un grupo de 17 familias en el sector Los Ciruelos, comuna de Máfil, en la región de Los Ríos. En 2015, esta comunidad decidió recuperar un predio conocido como "Reserva Cora Número Uno-A", previamente asignado a la comunidad Blanco Lepin. Este terreno había sido abandonado debido a que no cumplía con las condiciones necesarias para actividades ganaderas y agrícolas. Desde entonces, la Comunidad Putreguel, encabezada por Julia Chuñil, ha enfocado sus esfuerzos en la conservación del predio, priorizando la preservación de la biodiversidad local y desarrollando actividades de cría de ganado a pequeña escala.
Julia también ha encabezado la reivindicación de las tierras ancestrales de su comunidad ante CONADI, respaldada por documentos firmados por el entonces director regional Cristián Cayul. En 2013, las tierras reclamadas por la Comunidad Putreguel, -algunas con títulos de merced-, habían sido asignadas a Blanco Lepin, que posteriormente denunció irregularidades en la compra del predio. La propiedad, que pasó del Scotia Bank al empresario Juan Carlos Morstadt, fue adquirida por CONADI por $1.114.250.000, pese a incumplimientos como la exclusión de derechos de agua y la falta de cercado del terreno. Estos conflictos llevaron a Blanco Lepin a desistir de ocupar el predio, lo que permitió a la Comunidad Putreguel asumir su conservación, reafirmando su carácter de tierra ancestral.
¿Y quién es Juan Carlos Morstadt Anwandter?
El empresario forestal Juan Carlos Morstadt Andwanter, descendiente de colonos alemanes del siglo XIX, está en el centro del conflicto por las tierras de la comunidad Putreguel. En 2018, según la querella presentada por la familia de Julia Chuñil, Morstadt habría inscrito el fundo en el Conservador de Bienes Raíces bajo una nueva razón social, a pesar de que la Corte Suprema había ordenado previamente la devolución del dinero que CONADI le había pagado por el terreno.
En agosto de 2024, Juan Carlos Morstadt Anwandter, a través de su empresa Agrícola, Forestal y Ganadera Juan Carlos Morstadt Anwandter E.I.R.L., realizó transacciones significativas al modificar la sociedad Collilelfu Limitada, de la que poseía el 98% de los derechos sociales. Vendió un 23% de estos derechos a José Eleodoro Segundo Silva Jarpa por $41.000.000 y un 50% a María Isabel del Rosario Griffin Barros por $102.000.000, quedando con una participación del 25% en la sociedad. Estas transacciones incluyeron la incorporación de activos inmobiliarios por $490.000.000, lo que refleja una estrategia para diversificar sus intereses en la región. Si bien el predio en disputa con la comunidad Putreguel no es mencionado específicamente, la actividad empresarial de Morstadt ha estado marcada por su vinculación con terrenos en conflicto, como lo evidencian las querellas y acusaciones sobre la utilización del predio ancestral para tala de bosque nativo y comercialización de leña.
El predio Reserva CORA Número Uno
El predio Reserva CORA Número Uno, ubicado en la Parcelación Los Ciruelos, tiene un historial de conflictos que se remonta a la Reforma Agraria en Chile. Durante ese período, fue parte de un asentamiento campesino expropiado por la CORA (Corporación de la Reforma Agraria) entre 1967 y 1973. Sin embargo, tras el golpe militar de 1973, muchos de estos fundos fueron privatizados nuevamente, incluyendo Los Ciruelos.
Según registros del Conservador de Bienes Raíces de Los Lagos, Juan Carlos Morstadt adquirió el predio en 2008 de Esteban Fried Kopp y Susana Reinitz Fried, aunque no existe información oficial sobre cómo llegó a manos de Alfredo Milthaler Reichert, su dueño previo hasta 1979. Este vacío en la documentación destaca la opacidad y las irregularidades que a menudo acompañaron la transición de tierras expropiadas durante la Reforma Agraria a manos privadas tras el golpe militar, marcando el inicio de décadas de conflictos territoriales que afectan hasta hoy a comunidades como Putreguel.
Según escritura de compraventa del 1 de diciembre de 2009, de manos de Juan Carlos Morstadt la Reserva Cora Uno pasa a nombre del Banco Scotiabank Chile, lo que fue inscrito en el CBR de Los Lagos el 17 de diciembre de ese año. Ese mismo día, se dejó constancia de la subdivisión del predio en dos lotes: el Reserva Cora Uno A y el B. Es decir, la venta del lote A al Banco Scotiabank se practicó antes de la inscripción de la subdivisión.
“Si algo me pasa, ya saben quien fué”
La desaparición de Julia Chuñil, ocurrida el pasado 8 de noviembre, debe entenderse dentro de un contexto de años de amenazas e intimidaciones por parte del empresariado local, que busca la tala del bosque nativo en la región. Según los testimonios de familiares y allegados, este ataque se produce en un ambiente de hostigamiento constante. Desde 2018, los familiares de Julia Chuñil denuncian actos de hostigamiento por parte de este empresario.
En ese año, los terrenos ahora cuidados por la comunidad Putraguel volvieron a manos del empresario Morstadt, sin que CONADI informara a la comunidad sobre este cambio. A pesar de que la Corte Suprema había fallado en 2017 a favor de que Morstadt devolviera el dinero que CONADI le había pagado por el terreno, esto nunca ocurrió. En su lugar, Morstadt habría inscrito el fundo bajo una nueva razón social, a nombre de una empresa que él mismo creó.
A pesar de estos antecedentes, la respuesta lenta por parte del gobierno y la falta de transparencia en la información han generado sospechas sobre posibles vínculos entre CONADI y el reconocido empresario forestal Juan Carlos Morstadt Anwandter. La ONG Escazú Ahora ha documentado estos hechos en una querella presentada ante la Fiscalía Regional de Los Ríos, cuyos detalles fueron revelados por los medios La Tercera y Fast Check. Los hechos están documentados en la querella presentada por la ONG Escazú ahora en la Fiscalía Regional de Los Ríos y publicados en La Tercera y Fast Check el 11 de diciembre.
La relación con el Estado
El 10 de diciembre, en un acto, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, Boric planteó “quiero aquí aprovechar la instancia para expresar mi preocupación y la ocupación también del Estado por la desaparición de Julia Chuñil Catricura, defensora ambiental de su comunidad, quien se encuentra desaparecida hace varias semanas”. Boric agregó que la familia de Chuñil “se ha reunido con nuestra subsecretaria de Derechos Humanos, hay diferentes acciones de búsqueda que se han realizado”.
Claudia Troncoso, sobrina de Julia Chuñil, indicó en la instancia que su tía es defensora del medio ambiente y presidenta de una comunidad indígena, y que “hace 2 años que vive atormentada por personas que la han amenazado de muerte”. Tras escuchar el relato de los familiares de la mujer, la Comisión de Medio Ambiente acordó oficiar al Ministerio del Interior y a la Delegación Presidencial de Los Ríos para inyectar más recursos en la búsqueda; y al Ministerio de Defensa para que también se puedan sumar a los trabajos de rastreo.
En la comisión también estuvo la organización Escazú Ahora Chile, dando cuenta que el caso de Julia no es aislado, ya que solo en 2023 se habían documentado más de 20 casos de amenazas y ataques a defensores ambientales. “Nosotros hace prácticamente un año estuvimos en esta misma comisión, justamente denunciando el poco avance del gobierno en la implementación del Acuerdo de Escazú y un año después nos encontramos nuevamente acá en la misma situación, con un caso extremadamente grave donde todavía no hay ningún protocolo para accionar ni para poder proteger a las y los defensores ambientales”.
La campaña por la aparición con vida de Julia Chuñil resulta indispensable para visibilizar la responsabilidad del estado y del gobierno de Boric ante la demanda por la restitución de tierras ancestrales de los pueblos originarios en miras por su derecho a la autodeterminación. La gran mayoría de dirigentes ambientales y de las comunidades de pueblos originarios son mujeres, quienes se organizan por la defensa del territorio y por un nuevo modelo de sociedad, es por ello que es necesaria desarrollar una instancia la invitación a levantar un gran encuentro plurinacional de mujeres y disidencias, para enfrentar los intereses empresariales y extractivistas que atentan con el bienestar de las comunidades, territorios y de la clase trabajadora. |
