Se trata de cuatro proyectos de ley que serán presentados por el bloque de La Libertad Avanza en la Comisión Permanente de Energía y Combustibles de la Cámara de Diputados: un Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) exclusivo para el hidrógeno, una regulación que certifique emisiones de GEI, una nueva ley de biocombustibles y una ley deenergías renovables con más incentivos para las empresas.
Por otra parte, hace pocos días en el Boletín Oficial del Ministerio de Economía fue publicada la aprobación del primer proyecto RIGI. Se trata del parque fotovoltaico “El Quemado” en la provincia de Mendoza, cuyos capitales responden a YPF Luz, proyecto conformado por YPF y Luz del Campo SA. En esa provincia ya hubo un rechazo popular al proyecto Minero Malargüe Occidental.
Recordemos que el RIGI fue parte del paquete de ajuste y saqueo aprobado en la Ley Bases a mediados de 2024. Llegó a profundizar el régimen de privilegio que ya tenía el sector minero y petrolero responsable de las consecuencias del fracking, al abolir toda mínima regulación y reducirles muchos impuestos.
Con la excusa de atraer grandes inversiones, mayores a 200 millones de dólares, este mecanismo les otorga enormes beneficios a las grandes inversiones. Esas inversiones son extractivas y destruyen todo a su paso, dejando en el país un tendal de territorios transformados en zonas de sacrificio, lo cual pueden hacer hasta por treinta años. Sí, por treinta años tienen garantizado saquear los bienes comunes nacionales, para llevar las ganancias a sus casas matrices.
Hidrógeno verde
Detrás del discurso "verde" del hidrógeno de los mismos sectores gobernantes del oficialismo y del peronismo que fomentan esta entrega, se encuentra la búsqueda de nuevas commodities para mantener la matriz extractivista y dependiente del país, al servicio de “conseguir” los dólares para pagar la deuda externa, como socios de esta entrega. Según su discurso, el hidrógeno verde es una búsqueda de una "transición energética". Pero en verdad les sirven en bandeja un nuevo negocio muy rentable a las corporaciones más rapaces con la naturaleza.
En el caso de Chubut, incluso se encuentra detrás la empresa israelí Mekorot cómplice del genocidio en Palestina, ampliamente repudiada por las comunidades originarias y organizaciones ambientales del país.
Mercado de carbono
Por el lado del proyecto de regulación de emisiones de carbono que pretendería presentar este año en Diputados el oficialismo, la bandera negacionista del cambio climático que levanta LLA no es incongruente con el "capitalismo verde" o la "transición energética" en clave corporativa. Necesitan cumplir con los requerimientos que les piden las corporaciones para invertir.
En su cínico discurso verde o greenwashing las mismas empresas responsables de la crisis climática plantean que para ingresar a los mercados de sus países de origen las exportaciones deben cumplir con un mínimo de “cuidado” ambiental. A través de los mercados de carbono, las empresas podrían comprar y vender sus cupos de emisión de gases con bonos o "derechos" a emitir carbono. Ya en la Ley Ómnibus, el oficialismo planteaba en el Artículo 323, facultar al Poder Ejecutivo a establecer un mercado de derechos de emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y para fijar el criterio.
El 2025 será un año donde deberemos redoblar las fuerzas para enfrentar el extractivismo y a los gobiernos (nacional y provinciales) que lo promueven.
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