Concluye una semana crítica para el gobierno de coalición. La derrota del decreto “omnibus”, el pasado miércoles en el Congreso, ha encendido todas las alertas en Moncloa. Una cosa es gobernar en prórroga presupuestaria - ayudados en los buenos índices macroeconómicos, con las empresas contentas - y otra muy distinta es mantenerse como un ejecutivo zombi, incapaz de aprobar ninguna de las principales medidas que salgan del consejo de Ministros y Ministras.

El bloque de las derechas españolistas de PP-Vox y Junts unieron sus votos, otra vez, para tumbar algunas de las tibias medidas sociales que han sido bandera del gobierno PSOE-Sumar y sus socios de investidura.

La pírrica subida de las pensiones del 2,8%, el incremento del 9% para las no contributivas y el ingreso mínimo vital, la bonificación del 30% para el transporte público - el otro 20% corresponde a las comunidades -, algunas ayudas a sectores económicos afectados por la DANA o el volcán de la Palma, el bono social eléctrico, un fondo extraordinario para la atención de menores migrantes en Ceuta o la limitación de los desahucios de familias vulnerables - ya que nunca hubo ninguna prohibición -, decayeron este miércoles.

El partido de Puigdemont sigue su avance en su curso a reencontrarse con su nunca perdida alma pujolista. El partido de Foment del Treball y las grandes familias del Principado sabe bien en qué cesta tiene que poner sus huevos, en este caso sus votos.

La derecha vasca, el partido de la Confebask, votó, esta vez, con el PSOE. Este había incluido en el decreto una reivindicación democrática pospuesta desde 1978, la devolución de la sede del PNV en París expropiada por los nazis durante la ocupación alemana de la II Guerra Mundial. El enfrentamiento con el PP por su crítica a esta medida lo aleja, al menos de momento, de un mayor entendimiento entre derechistas.

Tanto en Génova como en Ferraz parece que han puesto en marcha la cuenta atrás de un posible adelanto electoral. La derecha pretende ahondar la imagen de desgobierno y, de paso, el malestar social que espera capitalizar. La posibilidad de un gobierno de coalición de la derecha no es segura, sobre todo si depende de los votos de Junts o el PNV. Una cosa es coincidir en votaciones, otra investir un gobierno que incluiría seguramente ministros o el apoyo de la ultraderecha trumpista e hiper-españolista.

PSOE y Sumar, esperan poder capitalizar el varapalo al bolsillo de millones de pensionistas y trabajadores, culpabilizando a la derecha y sembrando la idea de que la solución es mejorar la correlación parlamentaria del bloque “progresista” en unas nuevas Cortes. Sus lamentos por los derechos sociales perdidos son fundamentalmente relato pre-electoral. De hecho no piensan aprobar nuevos decretos ley en lo inmediato para que no decaigan las medidas y dejar así que se vivan las consecuencias.

El cabreo que genera la caída de estas medidas por los noes de la derecha, no puede hacer olvidar tampoco que estas - en la línea de las migajas de estos 6 años de gobiernos “progresistas”- no han puesto freno a la caída del poder de compra de los salarios, la crisis de la vivienda o la atención de las necesidades más urgentes de los sectores populares afectados por catástrofes o condenados a la no ciudadanía por la racista Ley de Extranjería.

Las direcciones sindicales de CCOO y UGT llaman a movilizaciones simbólicas en contra de la caída del decreto “omnibus”. Además del tono de apoyo incondicional al gobierno de las convocatorias, lo hacen sólo días después de acordar con este y la patronal el aumento voluntario y la incentivación de la jubilación a los 72 años. Una burocracia que entrega derechos en la mesa del diálogo social ¿Qué derechos se propone defender?

Otras organizaciones sociales, como diferentes plataformas y sindicatos del movimiento de vivienda, han llamado a acciones de repudio contra PP, Vox y Junts. Acciones que no pueden perder de vista que, además de oponernos a todo retroceso - incluso cuando las medidas sean mínimas - la clave pasa porque esa defensa sea punto de apoyo para imponer con la movilización demandas que den realmente solución a la crisis que padecen millones de familias trabajadoras.

PSOE, Sumar, Podemos… junto a la burocracia sindical, nos quieren como base de maniobra para su precampaña electoral. Aspiran a movilizaciones meramente contra la derecha y de apoyo pasivo a un gobierno que ha aplicado gran parte de su agenda económica, ha consolidado los ajustes y contrarreformas de los gobiernos de Zapatero y Rajoy y se ha sumado, como los gobiernos más reaccionarios del continente, a la carrera armamentística del imperialismo europeo y de endurecimiento de las políticas de frontera.

La crisis del gobierno “progresista” plantea una oportunidad para terminar con la ilusión impuesta en 2019, tras la entrada de Podemos en el gobierno con Iglesias de vicepresidente, y después de Sumar con Yolanda Díaz en la misma posición. Esa ilusión que nos vendieron de que la conquista de mejoras, incluso de transformaciones sociales, pasaba por “esperar” a las elecciones, votar proyectos políticos de reformas cada vez más limitadas, para cogobernar con el social-liberalismo y conseguir migajas aún más limitadas incluso que lo prometido en campaña.

Nos hemos cansado de escuchar a Iglesias decir que hacían todo lo que podían con los pocos diputados que tenían. O ahora lamentarse en Canal Red de que la bajada de su representación estaría detrás de la política más conservadora del ejecutivo PSOE-Sumar.

Pero en estos 6 años, con correlaciones de fuerza parlamentarias más favorables y menos, hemos visto como la masa salarial pasaba de 200 a 250 mil millones, mientras los beneficios empresariales lo hacían de 200 a 320 mil millones. Mientras el salario, medido en poder de compra, en 2014 estaba por encima de los 1900 euros de media, hoy este índice se queda en los 1.654 euros. Los alquileres en este tiempo se han disparado por encima del 50% en las grandes ciudades, y los desahucios por alquiler no han dejado de crecer. O el gasto militar alcanzaba cifras récord en los llamados "Presupuesto más sociales de la historia" de 2023, aprobados por el gobierno PSOE-Unidas Podemos y todavía hoy en vigor tras dos prórrogas

El problema es que la historia de nuestra clase demuestra que la conquista de derechos o el avance de las rentas del salario sobre las del capital tiene poco que ver con el peso parlamentario de la izquierda reformista. La jornada de 8 horas se conquistó en 1919 ¿Cuántos diputados obreros había en las Cortes de la Restauración? Solamente seis del PSOE. En el primer lustro de los 70, con la crisis del petróleo golpeando a la economía española, los salarios siguieron avanzando sobre los beneficios capitalistas en plena dictadura. El elemento determinante en ambos casos fue la enorme movilización independiente de la clase trabajadora, con hitos como la huelga de la Canadiense o las enormes batallas obreras del tardofranquismo y la Transición.

A la derecha a la ofensiva - a la espera de la caída del gobierno “progresista” para tomarle el relevo y redoblar la ofensiva contra la clase trabajadora y los derechos democráticos - hay que oponerle una movilización social independiente de este mismo gobierno, con la fuerza de la clase trabajadora al frente, junto al resto de movimientos sociales.

Es urgente responder con manifestaciones, paros, asambleas en los centros de trabajo, para pelear por un paquete de medidas de urgencia que rompan los marcos del “No se Puede” en el que nos instalaron Iglesias y Díaz desde los ministerios, y que además enfrente las políticas imperialistas de aumento del gasto militar y endurecimiento de las leyes de extranjería.

Por un SMI y pensiones suficientes, que llegue al menos a los 1.800 euros y se actualice mensualmente con la subida real de los precios. Por derogar todos los restos de las contrarreformas laborales y de pensiones. Por una jubilación completa a partir de los 60 años y los 55 para las profesiones con riesgos. Por la rebaja inmediata del 50% de los precios de los alquileres, la creación de un parque público que parta de la expropiación sin indemnización a los grandes tenedores y comités de inquilinos que controlen precios y usos de los inmuebles. Por impuestos a las grandes fortunas y los beneficios empresariales que permitan una financiación suficiente de todos los servicios públicos y el fin de las privatizaciones y externalizaciones.

Hay que denunciar a las direcciones de los grandes sindicatos, exigirles el fin de su política de subordinación al gobierno y que convoquen asambleas en los centros de trabajo y movilizaciones por un programa de emergencia de este calado. No se trata de ser la muleta del gobierno en apuros, sino de solucionar realmente los grandes problemas sociales avanzando sobre los intereses y beneficios de los grandes capitalistas.

La izquierda sindical y los movimientos sociales, como el de la vivienda, deberían ponerse a la cabeza de esta exigencia, promover asambleas en aquellos sectores donde tienen peso y organizar un plan de lucha que sirva para dar los primeros pasos. Va siendo hora de trabajar para imponer a los burócratas de CCOO y UGT la convocatoria de una huelga general como pistoletazo de salida de una contraofensiva de clase por un programa que haga pagar la crisis a los capitalistas.

Esta es la vía, la del desarrollo de la movilización y la autoorganización. No apuntalar a un gobierno que mientras profundiza en la desmovilización, aplica una agenda cada vez más social-liberal. Ni esperar a que la izquierda reformista, que hoy se ubica crítica con él con aspiraciones a volver al consejo de Ministros y Ministras, mejore sus resultados en las siguientes elecciones.

Como en 1919 o en los 70, la única garantía para conquistar derechos o enfrentar a la derecha y las políticas de derecha, es la lucha de clases. Como demuestra toda la historia de nuestra clase, este es el único camino para desarrollar las fuerzas sociales capaces de terminar con la sociedad capitalista y sentar las bases para una sociedad socialista. Construir una fuerza política, un partido revolucionario, que pelee por esta perspectiva y enfrente los cantos de sirena del reformismo, del viejo y del nuevo, es una tarea cada vez más urgente.