El acuerdo alcanzado entre Junts y el PSOE tras el estrepitoso fracaso de la ley ómnibus la semana pasada en el Congreso ha dado lugar a un nuevo decreto ley, aprobado este martes en el Consejo de Ministros y publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Su entrada en vigor está prevista para este jueves y deberá ser ratificado en el Congreso de los Diputados en un plazo máximo de 30 días.

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Este nuevo decreto surge tras el rechazo de los posconvergentes, en un bloque común con la derecha españolista del PP y Vox, al denominado decreto ómnibus, que incluía un total de 80 medidas, entre ellas un ínfimo aumento de las pensiones y ayudas al transporte público. Sin embargo, el partido de Carles Puigdemont no estaba de acuerdo con ciertas disposiciones, como el impuesto a las energéticas, lo que llevó a solicitar la fragmentación del decreto para separar las iniciativas sociales de aquellas con las que discrepaban. A pesar de la negativa inicial del PSOE, tras varios días de negociaciones y acusaciones cruzadas, ambas partes lograron un consenso que dio paso a este nuevo decreto, dejando atrás la propuesta original más amplia.

El texto final incorpora 29 medidas, con algunos ajustes fruto del acuerdo. Por ejemplo, se mantiene la suspensión de los desahucios para familias vulnerables, pero también se han incorporado disposiciones para combatir las supuestas “ocupaciones ilegales” con fines delictivos y la creación de un sistema público de avales y garantías para propietarios e inquilinos. Esto significa que el Estado asumirá el pago del alquiler en caso de que el arrendatario no pueda afrontarlo, a cambio de que las viviendas se alquilen a precios accesibles. Además, se han previsto ayudas para la reforma de inmuebles dañados por ocupaciones.

Como parte del pacto, también se acordó que en la próxima reunión de la Mesa del Congreso se permitirá la tramitación de una cuestión de confianza al presidente Pedro Sánchez, aunque con un nuevo redactado. Esta moción, no obstante, tiene más implicancias en la batalla de relatos que en la práctica, ya que es una prerrogativa del presidente aceptarla o no. Y Sánchez, obviamente, ya adelantó que no la aceptaría.

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A pesar de los acuerdos alcanzados, la clave del debate entre el PSOE y Junts es justamente lo que quedó afuera del pacto: algunas medidas económicas y tributarias con las que Junts busca defender los intereses de la burguesía catalana y que han sido pospuestas. Entre ellas, por ejemplo, un fondo de 700 millones para ayudas a empresas que el ómnibus dejaba en manos su reparto en el gobierno central.

¿Qué medidas contempla el decreto?

El nuevo decreto mantiene la mayoría de las iniciativas sociales que no lograron aprobarse la semana pasada en el Congreso, debido al rechazo de Junts y el PP. Entre las disposiciones incluidas destacan:
• Descuentos en el transporte público, que se extenderán hasta junio.
• Revalorización de las pensiones, con un aumento del 2,8% en términos generales y cerca del 6% para las pensiones mínimas.
• Incremento del 9% en el ingreso mínimo vital y las pensiones no contributivas.
• Ajustes en la cotización extra, aplicables a salarios superiores a 4.900 euros.
• Aumento del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que sube del 0,7% al 0,8% y se destinará a reforzar el sistema de pensiones.
• Extensión de la suspensión de desahucios para familias en situación de vulnerabilidad, además de la introducción de medidas que de protección para propietarios.
• Prohibición de cortes en los suministros básicos de agua, luz y gas para consumidores vulnerables.
• Mejoras en el bono social eléctrico, ampliando el apoyo a consumidores en situación de vulnerabilidad y vulnerabilidad severa.
• Ayudas económicas para los afectados por la DANA en la Comunidad Valenciana y apoyo financiero para quienes sufrieron pérdidas por la erupción del volcán en La Palma.
• Prórroga del conocido como "escudo antiopas", que protege a empresas estratégicas en sectores como seguridad, salud y orden público frente a adquisiciones por parte de inversores extranjeros dentro de la UE.
• Devolución al PNV del palacete de París, confiscado por los nazis y posteriormente entregado a Franco.

¿Qué medidas han quedado fuera del decreto?

Las disposiciones de carácter económico y fiscal no se han incluido en este decreto y serán abordadas en una futura normativa que aún no ha sido negociada con Junts y previsiblemente sea una negociación más áspera que la actual. Pedro Sánchez ha expresado su confianza en que este nuevo paquete de medidas pueda aprobarse "en cuestión de semanas", pero eso está por verse. Entre los aspectos que han quedado pendientes se encuentran:

• Prórroga del salario mínimo interprofesional, actualmente fijado en 1.134 euros brutos mensuales, a la espera de definir su aumento para 2025.
• Plan Moves, destinado a incentivar la compra de vehículos eléctricos.
• Subvenciones para empresas electrointensivas, es decir, aquellas industrias con un alto consumo de energía.
• Entregas a cuenta para mejorar la financiación autonómica, lo que implica la eliminación de una partida de aproximadamente 10 millones de euros que se iba a distribuir entre las comunidades.
• Beneficios fiscales para la UEFA, en relación con la celebración de la final de la Champions League Femenina 2024 y la Europa League 2025.
• Aumento del umbral de ingresos exento de declarar en la renta, que pasaría de los actuales 1.500 euros a 2.500 euros en caso de contar con un segundo pagador, siempre que los ingresos anuales no superen los 22.000 euros.
• Deducciones en el IRPF de entre el 20% y el 60% por reformas destinadas a mejorar la eficiencia energética en viviendas, así como una reducción del 15% en la compra de vehículos eléctricos y puntos de recarga.
• Revisión del impuesto sobre fusiones bancarias, con el objetivo de endurecer su impacto fiscal.
• Modificación de la Ley de la Sociedad de la Información y del Servicio Postal, una reforma que Junts rechaza por considerar que invade competencias de Cataluña.

Este conjunto de medidas sigue pendiente de negociación y será clave en los próximos acuerdos entre el Gobierno y los distintos grupos parlamentarios.