Branko Marinkovic cuando ocupaba el cargo de ministro de Economía en el gobierno de facto de Jeanine Áñez (Foto: El Deber)
En la barricada del empresario-político Branko Marinkovic en Radio Deseo, el exministro del gobierno de facto de Jeanine Áñez negó tener empresas offshore en Panamá. Mientras María Galindo leía los nombres de las empresas en Panamá a nombre de la familia Marinkovic, el ganadero negaba toda relación con las mismas. Los documentos presentados por el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación y el Informe Parlamentario de la Comisión Especial Mixta de Investigación sobre los Papeles de Panamá demuestran que Branko Marinkovic miente.
En la barricada del empresario-político Branko Marinkovic en Radio Deseo, el exministro del gobierno de facto de Jeanine Áñez negó tener empresas offshore en Panamá. Mientras María Galindo leía los nombres de las empresas en Panamá a nombre de la familia Marinkovic, el ganadero negaba toda relación con las mismas. Los documentos presentados por el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación y el Informe Parlamentario de la Comisión Especial Mixta de Investigación sobre los Papeles de Panamá demuestran que Branko Marinkovic y su entorno familiar (Tatiana Marinkovic J., Yasminka Marinkovic, Natasha Pedrotti Marinkovic, Aleksandra Jakubek Marinkovic, Mariana Jakubek Marinkovic, Radmila Jakubek Marinkovic, Robert Jakubek Marinkovic) son accionistas y directivos de al menos 14 empresas offshore panameñas.
Al huir del país después de su fallido intento separatista desde el Comité Pro Santa Cruz, Branko Marinkovic y su familia hacen un traspaso de sus acciones del Banco Económico S.A. a cinco empresas offshore panameñas que mantuvieron propiedad del banco hasta el año 2015, cuando vendieron su participación a Empacar S.A. de la familia Kuljis.
A pesar de figurar en el Informe de la Comisión Especial Mixta de Investigación de los Papeles de Panamá publicado en 2019, los gobiernos de Evo Morales, Jeanine Áñez y Luis Arce Catacora han blindado de impunidad a quienes utilizan mecanismos de fuga de capital para llevarse los dólares a paraísos fiscales.
Esta no es la única ocasión en la que el Estado boliviano ha servido de mecanismo de garantía de las riquezas de la familia Marinkovic. Pues, en 2020, luego del sangriento golpe de Estado de Jeanine Áñez, Branko Marinkovic regresa de su auto-exilio y se incorpora al gabinete de ministros del régimen de facto. Mediante la Resolución Suprema Nº 26916 Jeanine Áñez y la ministra Beatriz Eliane Capobianco Sandoval emiten el Título Ejecutorial del predio “Laguna Corazón”, propiedad de la Empresa Agropecuaria Laguna Corazón S.A. cuyos propietarios son: Milan Marinkovic Dauelsberg (hijo de Branko Marinkovic), Vesna Marinkovic y Yasminka Marinkovic (hermanas de Branko Marinkovic), y Yasminka Jakubek Marinkovic, Robert Jakubek Marinkovic, Vesna Hockman Marinkovic y John Hockman Marinkovic (sobrinos de Branko Marinkovic). Finalmente en junio 2024, a pesar de las impugnaciones de parte del INRA, el Tribunal Constitucional Plurinacional, que validó la entrega anticonstitucional de más de 33 mil hectáreas a la familia Marinkovic.
La familia Marinkovic no solo goza de las tierras entregadas por el Estado sino que, como todos los empresarios agroindustriales, cuenta con autorizaciones de aeródromos privados, es decir, pistas de aterrizaje sin control estatal en sus extensiones de tierra. Esto pone en evidencia que su “antiestatismo” es a conveniencia. Si bien Marinkovic hace campaña desempolvando las clásicas medidas neoliberales para reducir el tamaño del Estado parece olvidar que su propia trayectoria pone en cuestión este discurso. Cabe recordar que, al menos durante los últimos 20 años, sus negocios han crecido gracias a las subvenciones y al apoyo del Estado, situación que no ha cambiado durante los gobiernos del MAS-IPSP.
Mientras Marinkovic, así como los demás candidatos de la derecha buscan recuperar el control directo del Estado, levantando la consigna de privatización como salida a la crisis, es urgente oponer otra salida que no es por derecha. Desde la LOR-CI, planteamos la expropiación del latifundio y la nacionalización de la agroindustria, al servicio de las necesidades sociales, controlada y administrada por lxs trabajadores y trabajadoras agroindustriales y las comunidades campesinas y originarias, que permita la transición hacia una producción agrícola y forestal, en sintonía con la vocación de suelo y no al servicio de los capitalistas que lucran con los incendios. Luchamos por la nacionalización y el monopolio estatal del comercio exterior para terminar con la fuga de capitales y el uso de los paraísos fiscales así como para combatir la escasez de dólares provocada por el mismo empresariado exportador.
