El 10 de enero se presentó de manera formal la adaptación de Informe de Impacto Ambiental (IIA) del proyecto de megaminería de cobre llamado San Jorge, bajo un nuevo nombre, Proyecto PSJ Cobre Mendocino, ubicado en Uspallata, Las Heras. El rechazo a la instalación de la mina no solo se fundamenta en las evidentes consecuencias sobre el agua, la biodiversidad, la fuente de trabajo de las comunidades locales y los antecedentes de las empresas involucradas sino también por representar el puntapié del saqueo que pretenden llevar adelante el gobierno provincial y nacional ligado al extractivismo y el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). San Jorge sería el primer proyecto minero de Mendoza en ingresar al RIGI.
El agua, un recurso vital amenazado
El proyecto San Jorge contempla el uso de sustancias químicas para la extracción de cobre mediante minería a cielo abierto, un proceso que se conoce por su gran impacto ambiental sobre la tierra, el aire, las aguas superficiales y acuíferas, la flora y la fauna, el paisaje, así como en la población. Además, en su nuevo Informe de Impacto Ambiental, la minera San Jorge se niega a impermeabilizar la base del depósito de colas y de las escombreras de óxidos y de baja ley. Es importante aclarar que Uspallata se encuentra dentro de la cuenca del río Mendoza el cual abastece el oasis norte, donde habitan dos millones de personas, afectando el consumo humano, el riego agrícola, la industria y el turismo.
Recordemos que a solo algunos kilómetros, en la provincia vecina de San Juan, en la capital nacional de la megaminería, la multinacional Barrick Gold ha ocasionado desastres ecológicos de consecuencias irreparables por motivos de fracturas de sus diques de cola en más de una ocasión. Desde entonces muchos barrios de Jáchal dependen del uso de cisternas para su consumo de agua. Cabe aclarar que, gracias al RIGI, cualquier litigio y conflicto con el Estado y sus partes, la empresa puede ir a la justicia federal o internacional donde manda el CIADI -tribunal del Banco Mundial- que ya sabemos para qué lado falla.
Empresas cuestionadas y falta de transparencia
En 2015 el grupo Aterra de capitales rusos y Solway Investment Group le compró la totalidad del paquete accionario a Coro Mining. Para este proyecto que pretenden instalar en Mendoza, la posesión de la titularidad concesionaria de las propiedades mineras fue adquirida por Zonda Metals GmBH de Suiza y el grupo Alberdi, una firma argentina vinculada a proyectos energéticos y al proyecto Cerro Amarillo, aunque su rol específico no está del todo claro.
Según las investigaciones de Federico Soria -licenciado en turismo, especializado en administración de Áreas Protegidas e integrante de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata- detrás de la empresa Zonda Metals seguiría operando Solway, una multinacional con sede en paraísos fiscales y un historial de denuncias graves en otros países coloniales como Filipinas, Indonesia y Macedonia. La misma compañía en su página oficial alardea de ser experta en instalación de proyectos en zonas conflictivas. Lo que no dice es que lo hace a fuerza de violencia y represión.
En Guatemala, el proyecto minero Fénix, operado por Solway Investment Group, ha sido escenario de denuncias graves que incluyen contaminación ambiental, represión violenta y corrupción. Documentos filtrados indican que la empresa ocultó episodios de contaminación, como la descarga de sedimentos que tiñeron de rojo el lago Izabal, afectando la vida de los pescadores mayas q’eqchi’, quienes dependen de sus aguas para subsistir. Las protestas lideradas por esta comunidad indígena en 2017 fueron brutalmente reprimidas, dejando como saldo el asesinato de un manifestante y numerosas denuncias de abusos por parte de las fuerzas de seguridad. Además, la empresa habría utilizado sobornos y coacción para manipular a los consejos comunitarios y garantizar la continuidad del proyecto. Pese a la oposición y las demandas de consulta previa, el gobierno restableció la licencia de extracción, profundizando la tensión en una región marcada por décadas de violencia estructural y desplazamiento forzado [1] .
Zonda Metals GmBH fue registrada en diciembre de 2023, por lo que ha sido señalada por diversos sectores como una posible estrategia para ocultar la participación de Solway en el proyecto San Jorge y así eludir su reputación negativa.
Promesas de empleo: un espejismo
Uno de los principales argumentos de la minera para obtener el apoyo local es la generación de empleo. Sin embargo, las cifras presentadas son engañosas. Marcelo Giraud -profesor de Geografía, miembro de la Asamblea Popular por el Agua y referente de las luchas socioambientales- señaló que “existe una inconsistencia entre lo anunciado por la minera San Jorge en su comunicado de prensa del 10 de enero de 2025, y lo que declara en su Informe de Impacto Ambiental presentado el mismo día ante la Dirección de Minería”. El comunicado de prensa dice que el proyecto generará “3900 durante la etapa de construcción y 2400 en la fase de operación (800 en forma directa y 1600 indirectos)”. Sin embargo, como explica Giraud, según el Informe en la etapa de construcción solo se mencionan 1.000 empleos con un pico máximo de 1.200 contratados directamente por Minera San Jorge. Podría deducirse que los 2900 que faltan sean indirectos, pero en todo el Informe de Impacto Ambiental no se habla de ellos, y menos aún se indica si serían en Mendoza, en Argentina o qué países del mundo desde los que se requerirían servicios e importarían bienes de capital e insumos. Cabe aclarar que el RIGI le permite a sus beneficiarios contratar servicios de cualquier parte del mundo. En cuanto a la fase de operación, los 2.400 empleos mencionados en el comunicado de prensa se reducen a 380 directos con un pico máximo de 700 en el Informe de Impacto Ambiental, el cual no menciona en absoluto esos supuestos 1.600 indirectos, ni en qué provincia o país se generarían dichos empleos indirectos.
La megaminería no tiene licencia social
Desde 2009, la comunidad uspallatina ha manifestado su oposición al proyecto San Jorge. Fue en 2011, cuando la escalada de movilizaciones se trasladó al centro político de Mendoza e incluyó la toma de la legislatura (que debía aprobar o rechazar la DIA del proyecto) cuando se logró frenar la iniciativa de la empresa canadiense Coro Mining. Ahora, con la reactivación del proyecto, las movilizaciones han vuelto a tomar fuerza.
El 24 de enero el Intendente del departamento Las Heras, Fransisco Lo Presti, junto a una comitiva de empresarios locales intentaron inaugurar una oficina de la Minera San Jorge desde donde quisieran que funcione su núcleo de propaganda y prevendas para revertir la falta de licencia social que tiene el proyecto. Allí mismo se expresó el rechazo de la comunidad, con la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata a la cabeza, que fueron agredidos por una patota de la UOCRA. Ante la violencia perpetrada, los vecinos lograron hacer retroceder a la patota y evitaron la inauguración.
Al día siguiente, el 25 de enero, más de 3.000 personas marcharon por las calles de Uspallata bajo el lema "¡El agua es del pueblo, no de las corporaciones!". Sus protagonistas la llamaron pueblada. Vale la pena aclarar que la población total de Uspallata es de 3.900 personas, es decir estamos hablando del pueblo entero. La movilización fue respaldada por vecinos y organizaciones sociales, quienes denunciaron el abandono del municipio de Las Heras y la complicidad de las autoridades con los intereses extractivistas.
Una de las demandas históricas de la comunidad es la creación del área natural protegida Uspallata-Polvaredas, propuesta desde 2009, la cual busca preservar una vasta extensión de aproximadamente 400.000 hectáreas con presencia de numerosas fuentes de agua (humedales, glaciares, vegas altoandinas y nacientes de ríos y arroyos), que abastecen al oasis de Uspallata y contribuyen a abastecer al oasis norte. Esta reserva es fundamental para la conservación de la biodiversidad, ya que alberga especies endémicas, algunas en peligro de extinción, y protege un patrimonio arqueológico de distintas etapas de la historia continental y local, como ser el poblamiento prehistórico americano, los huarpes, la ocupación incaica, la conquista y colonización española, la campaña libertadora de San Martín, la presencia de las instituciones militares, el apogeo y decadencia del FFCC Transandino, etc. Desde el punto de vista económico, la creación de esta área protegida impulsaría el turismo aventura o ecoturismo, generando puestos de trabajo y emprendimientos productivos. Asimismo, garantizaría la disponibilidad de agua para el Valle de Uspallata y el Gran Mendoza, beneficiando a la agricultura y otras actividades productivas que dependen del recurso hídrico, en contraste con el impacto negativo que tendría la megaminería en la zona [2] . Sin embargo, esta iniciativa choca con los intereses de los gobiernos nacional y provincial, que priorizan la reprimarización de la economía mediante la exportación de recursos naturales.
Una transición energética, pero ¿para quién?
El cobre que se extraería de San Jorge estaría destinado a la supuesta transición energética y a la industria de la electromovilidad. Sin embargo, esta transición no beneficia a las comunidades locales, que pagan el precio de la contaminación y el saqueo de sus bienes comunes. Mientras las multinacionales y las potencias del primer mundo capitalizan esta industria, en Mendoza se destruyen ecosistemas y se perpetúa un modelo económico extractivista que deja poco o nada para el desarrollo regional.
El proyecto San Jorge no solo amenaza el agua y el medio ambiente de Uspallata, sino también la soberanía de sus habitantes y el futuro de toda Mendoza. La lucha contra este emprendimiento es una causa que trasciende fronteras y que interpela a toda la sociedad a repensar cómo se gestionan los bienes comunes. Frente a un modelo de desarrollo que privilegia los intereses de las corporaciones por sobre los derechos de los trabajadores y trabajadoras de la comunidad, Uspallata se erige como un ejemplo de resistencia y defensa del territorio.
¿Cómo se sigue?
La Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata fue parte de la Asamblea por Necesidad y Urgencia donde participaron organizaciones sociales y partidos de izquierda que se reunió el lunes para debatir cómo seguir. Allí se definió unir los reclamos contra Minera San Jorge a los de los sectores en lucha que vienen siendo atacados por el gobierno de Milei y confluir en las calles. En la Asamblea que convocó la Comisión Organizadora la de la Marcha del Orgullo donde concluyeron decenas de organizaciones se definió también incorporar la expresión antiextractivista a la convocatoria de la marcha del 1F. También se convoca a una movilización para el viernes 7 de febrero a las 19hs en el kilómetro 0 contra el proyecto San Jorge y a favor de la creación del área protegida Uspallata Polvaredas.
Desde el PTS proponemos que esta confluencia y unidad sean el inicio de un plan hasta terminar con el plan de ajuste, saqueo y contaminación del gobierno de Milei que tiene al extractivismo como uno de sus ejes centrales. En este sentido debemos exigirle a las centrales sindicales que se pongan a la cabeza para convocar a un paro general. |
